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México, D.F. lunes 17 de abril de 2000
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Editorial

EL DRAMA DE PAULINA

SOL El doloroso caso de manipulación que padeció Paulina -la joven de 14 años que tras sufrir el acoso de servidores públicos y fanáticos antiabortistas dio a luz a un niño producto de una agresión sexual- tiene una doble dimensión. Por un lado, revela la intolerable propensión de algunos funcionarios panistas de Baja California -entidad donde tuvieron lugar los terribles sucesos- a imponer sus creencias personales por encima de la legalidad y de los derechos de la menor y, por el otro, es un trágico testimonio de los estragos que puede producir -tanto a escala individual como social- los despropósitos de grupos retrógrados como Pro Vida.

Junto al dolor producido por la violación, por el embarazo resultante y por la difícil -aunque legítima- determinación de abortar, la joven ha sufrido el castigo de quienes no dudaron en someterla a presiones sicológicas y morales inadmisibles, sin importar que ello se tradujera en la vulneración de sus derechos y en el incumplimiento de la ley. Paulina, así, ha sido violada dos veces, ambas intolerables y oprobiosas. Una, por el agresor sexual y otra por quienes, estando obligados a defender sus derechos y a hacer cumplir las normas legales, recurrieron a medios moral y jurídicamente reprobables para truncar las determinaciones libres y conscientes de la menor y de su familia.

En este contexto, cabe señalar que el aborto en caso de violación es una prerrogativa de la víctima reconocida en el Código Penal y, por ende, la decisión de Paulina y de su familia de interrumpir el embarazo -avalada, además, por un mandato judicial- debió ser acatada tanto por los médicos que atendieron la solicitud de la joven como por las autoridades estatales. El incumplimiento de la ley por parte de instancias oficiales, ha de reiterarse, constituye un peligroso factor de inestabilidad social que no debe ser tolerado. Por añadidura, el gobierno de Baja California se ha mostrado renuente a cumplir a cabalidad las recomendaciones que sobre el particular emitió la Procuraduría de Derechos Humanos de esa entidad, circunstancia que muestra el desdén que hacia esos valores fundamentales tienen los funcionarios panistas implicados en estos hechos.

Ahora, Ƒquién velará por el futuro de Paulina, todavía una niña, y de su hijo? ƑQuién se encargará de reparar el terrible daño moral que le causaron a la joven funcionarios desorientados coludidos con activistas fanáticos? ƑLo hará Pro Vida o el gobierno de Baja California? Así, cabe esperar que la solidaridad social, aquella que actúa sin prejuicios y es ajena a moralinas y propagandismos perversos, brinde su apoyo y su generosidad a Paulina.


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