Magdalena Gómez
Los invisibles: pueblos indígenas y proceso electoral

Los pueblos indígenas son prácticamente invisibles en el actual proceso electoral. No están presentes a plenitud en los programas de los partidos políticos ni en las campañas, aunque asistan a los mítines, ni en los consejos consultivos o comités de ésas ni en las listas de candidatos a diputados y senadores. Su causa y la del EZLN están guardadas en el clóset de los medios de comunicación, cuya postura ha teñido toda noticia de color electoral contribuyendo así a que el resto de la realidad policroma acentúe la sensación de distancia respecto a un espectáculo electoral excluyente.

Esto es particularmente grave si consideramos que por primera vez en nuestra historia el asunto indígena ocupó un espacio. En efecto, durante los últimos cinco años el derecho de los pueblos indígenas fue materia del más amplio debate en el que se involucraron los más variados sectores, incluidos partidos políticos: el PRI siempre avalando la posición oficial; el PAN caminó un buen trecho al lado de la postura que representaba el EZLN, sobre todo a través de sus más destacados representantes en la Cocopa, pero al final presentó ante el Congreso la propia tomando distancia de los acuerdos de San Andrés; y el PRD, que ha sido muy congruente en la defensa de los acuerdos de San Andrés y la propuesta de Cocopa.

Si revisamos las plataformas electorales de los partidos políticos encontraremos que en todas está ausente el esfuerzo por pensar al país en todo lo que implica su naturaleza pluricultural. Recuperan la postura clásica: una plataforma para la sociedad no indígena con uno o varios apartados para definir alguna postura en materia indígena.

La Alianza por el Cambio no menciona el tema, seguramente por la velocidad con que Fox resolverá el conflicto en Chiapas y su convicción de que los indígenas lo que quieren es un "vocho, una tele y un changarro". El PARM refiere de manera discursiva la importancia de armonizar las distintas culturas y habla de autonomía y de cumplimiento de acuerdos. El Partido de Centro Democrático también incluye el "reconocimiento a la pluralidad étnica y cultural de las comunidades indígenas", pero sorprende que no mencione San Andrés cuando su candidato Camacho se ha pronunciado por su cumplimiento. El PRI, congruente con la postura que mantuvo su candidato como secretario de Gobernación, no refiere a Chiapas ni a San Andrés; afirma que "es urgente la discusión y aprobación legislativa de las reformas constitucionales para que se reconozca, en el marco de los principios constitucionales básicos, la autonomía como expresión de la libre determinación de los pueblos indígenas a través de sus comunidades...", texto similar al de la iniciativa presidencial elaborada en sus oficinas de Bucareli para hacer como que cumplía los acuerdos de San Andrés; lo demás, es retórica que avergonzaría a quienes en su momento fueron dignos y honestos indigenistas, como Manuel Gamio y Alfonso Caso.

En la Alianza por México hay un esfuerzo, que no está en los otros partidos, por dedicar un apartado especial a la cuestión indígena y la paz, a la paz en Chiapas y en todo México, a los acuerdos de San Andrés y a la propuesta de Cocopa. Sin embargo, cuando se enuncian los ejes del proyecto de nación no incorpora la pluralidad cultural y respeto a la diversidad; pese a las enfáticas declaraciones públicas en este mismo sentido, a que Cárdenas como candidato es el único que se ha pronunciado por la paz el 12 de enero y por los acuerdos en el mismo Acteal y en otras regiones, quedan pendientes precisiones en torno a los cómo, a la reubicación del ejército, a los paramilitares. Sobre todo está ausente el acompañamiento físico del liderazgo indígena. La trayectoria del PRD frente a este proceso y su candidato presidencial demandan una posición más avanzada y completa en los hechos respecto de los pueblos indígenas.

La otra cara de la moneda es la postura de los pueblos indígenas. La historia, la de los hechos y no los discursos, les ha enseñado que a la hora de las elecciones no se piensa en ellos como interlocutores legítimos, partícipes de la definición del poder político que está en juego. Al no contar con pleno reconocimiento constitucional, tampoco tienen opciones de participación política como pueblos y los distritos electorales están diseñados para inhibir su voto.

El PRI ha sentado sus reales en el voto rural e indígena, real o inventado, y lo aprovecha en su beneficio; en el momento en que estos pueblos toman decisiones de manera comunitaria resulta muy evidente que al votar por un partido distinto al PRI lo pagan caro durante todo el periodo de gobierno: "nos malmiran", dijo un indígena de la sierra de Puebla a Cárdenas.

Aún no hay condiciones para que los ciudadanos indígenas ejerzan su libertad de voto y se garantice el secreto del mismo, como a cualquier mexicano o mexicana. Por ello es aún más preocupante que no reciban señales contundentes por parte de la izquierda no sólo partidista. Las organizaciones sociales se han apresurado a afirmar que no se requiere la observación, sin considerar la situación rural. El PRI tiene las manos libres, pero los pueblos indígenas no tienen condiciones para pagar solos, sin suficiente presencia y fuerza, el costo de su voto colectivo a favor de un cambio de régimen.