SABADO 15 DE ABRIL DE 2000
* Reinstalar como presidente municipal a Higareda Adam, demandó el ombudsman
El gobierno tamaulipeco no acatará
una recomendación de la CNDH
* Los abogados del ex edil promoverán la desaparición de poderes en la entidad
Martín Sánchez y David Carrizales, corresponsales * El gobierno de Tamaulipas declaró que no cumplirá la recomendación 1/2000 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de reinstalar al ex alcalde de Reynosa Luis Gerardo Higareda Adam, pues la demanda penal y el juicio político en su contra están muy avanzados.
Homero Díaz Rodríguez, secretario general de Gobierno, dijo que los criterios aplicados por la CNDH son incompatibles con las leyes vigentes en Tamaulipas, mismos que se utilizaron para sustituir y suspender los derechos del ex edil.
Los señalamientos de la comisión, abundó, no atienden aspectos formales del proceso penal y del juicio político establecido en contra del ex edil y no es posible cumplir con la recomendación hasta en tanto la CNDH no haga una reconsideración de la versión aportada.
Higareda fue acusado ante la Procuraduría por un fraude cercano a los 10 millones de pesos, en agravio de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa. Por ello, fue sustituido en el cargo y se le abrió juicio político.
En Monterrey, Nuevo León, en tanto, los defensores de Higareda informaron que este viernes solicitaron ante la Cámara de Diputados la desaparición de poderes en Tamaulipas, porque el gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba ha incurrido en violaciones graves a la Constitución General de la República y en traición al voto popular de los ciudadanos de Reynosa.
Los abogados Enrique Ocañas Méndez y Rafael Luengas informaron que el pasado 13 de marzo el presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, emitió la recomendación 1/2000, en la que resolvió la procedencia de la queja que presentó el ex edil.
El ombudsman consideró responsables de violaciones a los derechos humanos de Higareda al gobernador Yarrington; a la presidenta del Congreso local, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, y a Humberto Valdés Richaud, encargado de la presidencia municipal de Reynosa.
La recomendación es también contra los integrantes de la diputación permanente, que recibió y admitió el decreto del gobernador Yarrington para suspender de sus funciones a Higareda.
Las responsabilidades y sanciones abarcarían también a dos Ministerios Públicos; al coordinador de asuntos especiales de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, Gabriel Artolozaga, y el juez de lo penal de Reynosa, José Ricardo Silva Santos, quien dictó la orden de aprehensión en contra del ex presidente municipal.
Transcurridos los 15 días de plazo que dio la comisión para que los implicados manifiesten si aceptan o no la recomendación y, en su caso, envíen las pruebas en las que conste que la cumplieron, y debido a que éstos se niegan a acatarla, los litigantes promovieron la desaparición de poderes en Tamaulipas.