SABADO 15 DE ABRIL DE 2000
* La PGJDF integra elementos para determinar si Yunes incurrió en delito
Vigentes, las pruebas del caso Stanley: Del Villar
* El amparo otorgado a los implicados no modifica el procesamiento en su contra, señala
Elia Baltazar * En torno del proceso del caso Stanley todo el mundo ha querido asumir las funciones de juez, para ejercer presiones "inauditas" sobre quienes tienen la responsabilidad de juzgar los hechos, dijo el procurador capitalino, Samuel del Villar.
Precisó que así han actuado "funcionarios de reclusorios, algunas instancias y medios de comunicación, que se montan queriendo tomar las resoluciones que sólo corresponden a los jueces".
Al precisar que el amparo otorgado a los implicados en la muerte del conductor de televisión "no produce el efecto de dejarlos en libertad" ni "modifica el procesamiento penal en su contra", según consta en la misma resolución de la juez segunda de distrito, Del Villar advirtió que en torno de este homicidio ha habido una "campaña inaudita por violentar y distraer el proceso legal, que se acompaña de aquella destinada a desinformar y desvincular el hecho de la criminalidad que lo produjo".
No obstante, advirtió que la PGJDF no desvirtuará su función por las presiones a que ha sido sometida, pues se sabe que "al hacer valer la ley se confronta a personas o reacciones de quienes no están acostumbradas a cumplirla".
Mal haría la procuraduría, planteó Del Villar, si fuera garante de la impunidad o medio o conducto para que todos los intereses criminales de la mayor peligrosidad la obtuvieran. "La PGJDF seguirá cumpliendo con su obligación, por más poderosos y enriquecidos que sean los intereses que enfrenta, o por más influencia que puedan tener para pervertir el proceso legal debido", expresó.
En conferencia de prensa ofrecida en compañía de sus principales colaboradores, el procurador general de Justicia del Distrito Federal dio a conocer los puntos más relevantes de la resolución de amparo que otorgó la juez segundo de distrito a Mario Rodríguez Bezares y coacusados. "En el amparo ųpuntualizó Del Villarų, en ningún momento se cuestiona la consignación ni se dice que hayan sido insuficientes las pruebas aportadas por el Ministerio Público para que el juez de la causa dictara el auto de formal prisión".
Agregó que la juez federal tampoco hace pronunciamiento algunos sobre las declaraciones de Valencia emitidas ante el MP y el juez 55 penal, Rafael Guerra, durante las cuales reafirma sus imputaciones contra los principales implicados. "Nunca se refiere a que las mismas sean falsas, que no sean dignas de fe, que sean inducidas, ni mucho menos que sean inverosímiles y carezcan de valor probatorio", indicó.
Cada una de las declaraciones de Valencia están sustentadas por las averiguaciones correspondientes que confirman su dicho. "Son hechos objetivos y no producto de una manipulación o de un show montado. No fueron leídas en voz baja y tapándose la cara, ni fueron promovidas en una conferencia de prensa convocada por autoridad alguna".
Así, con las resoluciones del juez local y ahora de un juzgador federal se confirma que la averiguación previa consignada el 26 de agosto de 1999 integró los elementos suficientes, afirmó el procurador y citó: "Bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad de los indiciados".
Explicó Del Villar que el amparo sólo alude a la ausencia de requisitos formales consistentes en la debida motivación y fundamentación de algunos elementos, pero las pruebas en que se fundó el auto de formal prisión permanecen con plena vigencia.
Sobre la retractación de Valencia y las acusaciones que hizo en contra de funcionarios de la PGJDF, Del Villar señaló que esas imputaciones deberá ratificarlas el interno ante el MP para que puedan comparecer los servidores públicos señalados, incluso yo mismo, y se proceda con la averiguación.
Lo mismo aplica para Miguel Angel Yunes, director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación. "Tanto el señor Yunes como yo, y lo mismo que todos los servidores públicos, debemos estar sujetos a la ley y por eso la PGJDF tiene la obligación de investigar".
Por otra parte, la procuraduría informó que ya integra los elementos para determinar si Yunes incurrió en el delito de ejercicio indebido del servicio público y de este modo dar vista a la Procuraduría General de la República para que se inicie la averiguación previa correspondiente.
La institución precisó que los comunicados difundidos el miércoles y jueves pasados por Yunes se enviaron inmediatamente al Ministerio Público de la Fiscalía para Servidores Públicos, con el fin de determinar "los efectos legales que correspondan".
Precisó que también se turnó la respuesta de esta institución a Yunes, en la cual se le advierte de la posible comisión del acto ilícito antes mencionado, al revelar información de carácter confidencial relacionada con el interno Luis Gabriel Valencia, testigo de cargo en el caso Stanley.
Al respecto, Mauricio Tornero, subprocurador A de Averiguaciones Previas Centrales, comentó que sólo corresponde al MP determinar la posible comisión del delito por parte de Yunes.
No obstante, mencionó que su actuación podría ser tipificada por el Código Penal Federal, debido a que él es una autoridad y un servidor público. "Por eso el procurador turnó esta documentación al MP correspondiente, quien valorará los comunicados para saber si dará vista en su momento a la Procuraduría General de la República, que es la instancia que en su caso deberá iniciar, integrar y determinar la averiguación previa", explicó.
El procurador Del Villar aseguró que la colaboración entre su institución y la Secretaría de Gobernación no ha sido afectada por estas circunstancias. "No hemos vinculado la actuación individual de algunos de sus funcionarios con la institución", concluyó.