VIERNES 14 DE ABRIL DE 2000
* Lluvia de ofertas de ayuda de grupos derechistas: GIRE
Paulina parirá hoy por cesárea el producto de una violación
* La intervención de la joven se llevará a cabo en Mexicali
Angeles Cruz y Jorge Alberto Cornejo, corresponsal * A partir de la publicación del caso de Paulina en The New York Times, el lunes pasado, "han llovido" ofrecimientos de apoyo económico de organizaciones de Estados Unidos para la niña de 14 años que hoy dará a luz un bebé producto de una violación en Mexicali, Baja California.
Isabel Vericat, asesora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explicó sin embargo que las ofertas económicas y de becas para Paulina provienen de organismos de derecha, cuyo principal objetivo es "destacar el valor de la niña para tener a su hijo", pero no dicen nada respecto al bloqueo de que fue víctima para ejercer su derecho legal al aborto.
Recordó que ante la negativa del gobernador de Baja California, Alejandro González, para aceptar la recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos del estado de reparar el daño causado a Paulina y deslindar responsabilidades de los funcionarios involucrados, el caso fue presentado desde la semana pasada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una vez agotadas las instancias legales internas, será planteado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Para la directora general del ISSSTE, Socorro Díaz, lo ocurrido a Paulina es una doble violación: la física que le ocasionó el embarazo y la de sus derechos humanos, que le impidió abortar.
Paulina fue violada el pasado mes de julio por un individuo actualmente preso. La madre de la menor obtuvo una orden judicial para que se interrumpiera el embarazo; sin embargo, el director del Hospital General de Mexicali, Ismael Avila, se negó a brindarle la atención requerida. Interpuso sus creencias morales y personales a su obligación social como médico, explicó Vericat.
Además, el director del nosocomio permitió que miembros de Provida intervinieran para persuadir a Paulina y su madre de que no realizaran el aborto. No sólo eso: el procurador de justicia del estado, Juan Manuel Salazar llevó a la menor con un sacerdote, quien la amenazó con la excomunión.
A pesar de estas intervenciones, Paulina y su familia estaban dispuestas a interrumpir el embarazo, pero se retractaron cuando Ismael Avila les dijo que la niña podría sufrir una hemorragia masiva y perder la vida o por lo menos quedar estéril, "lo cual es absolutamente falso", afirmó Vericat.
Por el contrario, dijo, un embarazo a los 14 años es más peligroso que un aborto a esa edad. Para el día de hoy está programada la cesárea de Paulina, mientras los organismos no gubernamentales como GIRE y la Asociación Alaide Foppa de Mexicali insisten en que la recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos del estado sea acatada y se inicie acción penal y administrativa contra los funcionarios involucrados en el desacato de la orden judicial.
Asimismo, demandan que por medio de un fideicomiso se garanticen a Paulina y a su bebé los recursos económicos necesarios para su sobrevivencia hasta que puedan valerse por sí mismos.
Al respecto, Socorro Díaz Palacios, directora general del ISSSTE, opinó ayer que en este caso hubo un claro desacato de las autoridades de Baja California a un mandato judicial, que "sin duda provoca indignación entre miles de mujeres y madres mexicanas, porque se han violentado dos veces los derechos humanos de una jovencita: primero fue víctima de una violación y ahora ha sido víctima de un desacato judicial por parte de las autoridades del estado".
Añadió: "a veces se olvida una regla fundamental: que la moral es personal y a cada uno obliga, y que la ley es general y a todos obliga. Y eso lo dice un padre de la Iglesia que se llama Santo Tomás de Aquino".
En tanto, el gobernador Alejandro González dijo que la información del caso Paulina está siendo manipulada con fines relacionados con campañas políticas. "Yo no puedo ponerle una pistola a un médico para que practique un aborto", apuntó.
"Una cosa es que médicos hayan actuado bajo una cuestión ética y profesional y otra muy diferente es que, como dicen, haya intervenido la autoridad para evitar el aborto que había sido ordenado por el Ministerio Público", subrayó.
Por su parte, Isabel Vericat informó que GIRE y la Asociación Alaide Foppa están a la espera de la resolución de la CNDH, así como de la autoridad judicial de Baja California. Agotadas las instancias legales internas se presentará la queja ante la CIDH, porque de nada sirve que la ley permita la interrupción del embarazo cuando es producto de una violación, si no existen mecanismos para llevarla a cabo, dijo.