VIERNES 14 DE ABRIL DE 2000
Niños, mercado sexual y ley
* Jaime Martínez Veloz *
El más reciente informe del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas señala que cada año 2 millones de niñas y niños, cuyas edades fluctúan entre cinco y 15 años, son introducidos al mercado del sexo. Se trata de un fenómeno global en el que la revolución del Internet (existen 8 mil sitios con información sobre prostitución infantil y turismo sexual) está propiciando un comercio con lo más sensible y delicado de la humanidad.
Algunas organizaciones civiles de México junto con la Comisión de Derechos Humanos han alertado de la grave situación que vulnera lo más preciado de nuestras familias. Simultáneamente, seguimos pugnando por una legislación más severa que castigue a quienes abusan sexualmente de menores.
Un estudio de Casa Alianza, organismo altruista, destaca que leyes blandas y omisivas han propiciado la instalación de proxenetas asiáticos en los países de América, lo cual obliga a los gobiernos a tomar cartas en el asunto.
La investigadora Rocío Rodríguez García dijo que la "impunidad e indiferencia están ganando terreno ante el enorme flagelo que no sólo nos está despojando de nuestras niñas y niños, sino también nos está robando el orgullo y la dignidad de nuestro país".
Tenemos una tarea urgente en el ejercicio legislativo: la revisión profunda de los códigos en esta materia y una reformulación de las instituciones especializadas, como el DIF con su Procuraduría para la Defensa del Menor. Quizá ya no sea suficiente la disposición de quien espera y atiende la denuncia, sino que se requiere una participación activa en la investigación y consignación de delitos.
ƑCómo vivir esta situación en una época en que está desapareciendo la normatividad para niños, adolescentes y adultos? Los jóvenes entienden mejor que los mayores la red y potencialmente son los primeros enterados de las ofertas en el mercado sexual, que ya es planetario. No por ello debemos declararnos impotentes; sería tanto como negarnos a defender a los nuestros.
Se trata de un fenómeno masivo; tan sólo en una zona de la ciudad de México, La Merced, hay más de 800 niños ejerciendo el comercio sexual. La investigación de Casa Alianza reveló que 80 por ciento de las víctimas fueron abusadas sexualmente por algunos de sus familiares o amigos cercanos.
Activistas de los derechos humanos de los niños se quejan de la benevolencia de las leyes respectivas (diez años de prisión para alguien que violó a una niña menor de ocho años), así como de una aplicación muy endeble; es el caso de un padre que hizo justicia por su propia mano matando al violador de su hijo, luego de que éste salió libre a los pocos días de su detención judicial. Es lamentable, pero las planas rojas de los periódicos son prolíficas en la documentación de estas situaciones.
El mercado sexual de infantes es una realidad que determina en gran parte, como en el caso de la droga, el dinero de ciudadanos de los países industrializados. (La Fundación de Niños Robados y Desaparecidos denunció ante la Procuraduría General de la República el robo de 20 niños procedentes de varias regiones de México que fueron llevados a España. El Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país aseguró que está investigando.)
En lo que se refiere a sitios turísticos sexuales, Centroamérica ya es reconocida, y para evitar que en México suceda lo mismo, la Federación Internacional de Asociaciones de Ejecutivas de Empresas Turísticas pidió la colaboración de guías de turistas y taxistas para que no den información relativa a lugares en los que existen problemas sociales con menores ni de los sitios donde trabajan infantes en el sexo servicio.
Indiferencia e indulgencia no deben ser adjetivos que caractericen el problema. Afrontarlo nos obliga a hablar de él por doloroso que sea, y a emprender una revisión legislativa que establezca un precedente para que los proxenetas internacionales no encuentren aquí su paraíso. Se deben impulsar acciones inmediatas en la difusión nacional de este problema en el sentido de crear conciencia en los padres de la nueva vulnerabilidad a la que están sujetos sus hijos, así como en la escuela, donde, lamentablemente, también encontramos agresiones perpetradas por los adultos. La difusión debe incluir a los medios de comunicación (el caso de Gloria Trevi debería ser leído como parte de una situación donde la excepción marca la regla) y a los responsables de las instituciones de asistencia y de procuración e impartición de la justicia, que deberán pasar de una actitud pasiva a una más participativa y comprometida, acorde a la dimensión social y moral del comercio sexual con los infantes. *