VIERNES 14 DE ABRIL DE 2000

* Ejercicio indebido del servicio público, la causa


La Procuraduría podría presentar una denuncia penal contra Yunes

Elia Baltazar González * La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal podría presentar una denuncia penal y administrativa en contra del director general de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Yunes Linares, por la posible comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público.

Además, solicitó a Yunes su presencia ante el Ministerio Público para asentar en la averiguación previa correspondientes sus declaraciones del pasado miércoles o, en caso contrario, presentar una denuncia. La PGJDF acusa al funcionario federal de hacer públicos documentos oficiales de carácter confidencial relacionados con el registro criminológico y la historia laboral, social y psicológica del interno Luis Gabriel Valencia, como ocurrió el pasado miércoles durante la lectura de un comunicado en el que Yunes pone en tela de juicio la actuación de la dependencia capitalina frente a la retractación del principal testigo del caso Stanley.

De este modo, según la PGJDF, Miguel Angel Yunes infringió el artículo 32 del Reglamento de Reclusorios y Centros de Readaptación Social, y con ello habría incurrido en una posible conducta ilícita, tipificada y sancionada en el artículo 214, fracción cuarta, del Código Penal Federal.

Así lo explicó ayer la vocera de la procuraduría capitalina, Susana Manterola, en un comunicado de prensa en el que se informa que la dependencia "dará vista" a la PGR y a la Secodam, para que se investiguen estos hechos, probablemente "constitutivos de delito y/o falta administrativa".

Manterola aclaró que en caso de que se iniciara una averiguación previa contra las autoridades federales de reclusorios, y en particular contra Yunes, ésta se iniciaría de oficio. No obstante, el subprocurador Mauricio Tornero aceptó que el funcionario está siendo investigado, lo mismo que los directores del penal de Puebla y de los Ceresos de aquel estado.

La PGJDF responde de esta manera a los comentarios expresados por Yunes en un comunicado dirigido al titular de esa dependencia, Samuel del Villar, quien lo recibió aproximadamente una hora después de que se hiciera público frente a los medios de comunicación.

Se aclara, en principio, que el funcionario federal no tiene facultades para emitir opiniones respecto de la retractación de Valencia, como lo hizo en su momento al expresar: "... entiendo la importancia y gravedad del interno Valencia López, pues en buena medida de su veracidad depende la libertad y la vida futura de cuando menos una joven madre que actualmente se encuentra en prisión sometida a proceso".

Frente a sus palabras, la PGJDF aclara que Yunes no conoce la averiguación previa ni el proceso, y que sólo el juez es la autoridad facultada para valorar las pruebas y emitir una resolución.

También refuta la mención de los supuestos compromisos del procurador capitalino con Valencia para que El Flama gozara de beneficios en el penal de Perote. Y apunta la procuraduría capitalina: "En ningún momento y bajo ninguna circunstancia el procurador general de Justicia del DF, Samuel del Villar, estableció o ha establecido por sí o por interpósita persona, compromiso alguno con el sentenciado".

Acerca de la precisión que hace Yunes respecto de la ausencia de la figura de testigo protegido en las leyes penales vigentes, la PGJDF responde que así sucede, debido a que el Código Penal es una legislación que sólo tipifica y sanciona delitos. No obstante, le precisa que en la normatividad interna de la institución capitalina se ordena otorgar protección a los testigos que de manera fehaciente demuestren que la requieren, como se destaca en el acuerdo A/002/90, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de enero de 1990.

Por último, la PGJDF agradece a Yunes "su disposición" para proporcionar información, pero aclara que será el Ministerio Público correspondiente el que "solicitará en su momento la información o comparecencia del funcionario federal para la debida integración de la indagatoria".