JUEVES 13 DE ABRIL DE 2000
* Demandan organizaciones modificar el TLC
Exigen al gobierno una revisión integral de la política agraria
* Arbitrario, el criterio para fijar precios de granos, aseguran
Elizabeth Velasco C. * La crisis que vive el campo en México se expresó nuevamente desde diferentes frentes y agrupaciones (sociales y privadas) del país. Los productores agropecuarios coincidieron ayer en demandar al gobierno federal una revisión integral de las políticas internas para el agro y, por su impacto "devastador", exigieron modificaciones al Tratado de Libre Comercio (TLC), así como la aprobación de un marco jurídico que fomente el desarrollo rural nacional.
El Congreso Agrario Permanente (CAP), que aglutina a once organizaciones (las más importantes del país), en voz de su coordinador en turno, Margarito Montes, cuestionó las políticas de importación. En específico, los aranceles y las cuotas negociados en el TLC y que, de 94 a la fecha, han provocado un aumento en la importación de granos de 2.5 millones de toneladas, en perjuicio de los agricultores que, sin más opción, se han visto orillados a embodegar sus cosechas.
A su vez, el Frente Nacional en Defensa de la Agricultura Mexicana (FNDAM) ųque agrupa a más de un millón de agroproductoresų censuró el procedimiento "unilateral y arbitrario" utilizado por las autoridades federales para fijar los precios de los granos básicos (trigo, maíz, sorgo y frijol), cuyo rezago con respecto de la inflación se estima en 60 por ciento en los últimos cuatro años .
Manuel Ortega, de la dirigencia del FNDAM, indicó que es tal la "irritación" de los afiliados que, si este lunes no obtienen del secretario de Agricultura (Sagar), Romárico Arroyo, una respuesta favorable a su demanda de aumentar el precio de los granos y destinar más recursos a la comercialización de los básicos, iniciarán el bloqueo de carreteras y toma de casetas, bodegas, edificios y delegaciones de la dependencia.
"Este lunes arde Troya, pues la irritación entre los agricultores es mayúscula. Por ello, estamos en periodo de emergencia, preparando las acciones en Sinaloa y Zacatecas, en principio".
En tanto, el presidente del Consejo Mexicano de Porcicultura (CMP), Ernesto Becerril, demandó mayores inversiones y recursos para ese sector; "la crisis que padece éste tiende a agudizarse", dijo. Por esa causa, el CMP sólo cubre 70 por ciento de la demanda nacional; el resto, se importa. Destacó que el consumo de carne de cerdo ha sido desplazado por el de embutidos de ave y, por ello, sería pertinente elevar 10 por ciento el precio, sujeto a los ciclos agrícolas y al consumo de gramos, de ese tipo de carne.
Por la mañana, Montes Parra pidió al Congreso de la Unión que proceda a descongelar las iniciativas de Ley de Desarrollo Rural, presentadas por las fracciones parlamentarias de oposición en el Senado. Para hacer frente a la "grave" crisis del agro ųexplicóų se requiere un marco jurídico que fomente políticas a mediano plazo para la integración económica y equidad social, y elimine la "discrecionalidad" en la definición y aplicación de los programas oficiales para el campo.
Al respecto, censuró la actuación "discrecional" de la Secretaría de Comercio (Secofi) que, por "no aplicar aranceles a la importación", ha provocado el almacenamiento de las cosechas. Además, la "Secofi engaña al pueblo de México, pues permite la importación de sueros y lacto-sueros compuestos con altos niveles de grasas y colorantes, que dañan la salud de los infantes".
En materia agraria exigió la revisión del artículo 27 de la Constitución y su ley reglamentaria. "Las reformas del 92 han tenido un impacto negativo en el régimen de la tenencia de la tierra, y es urgente definir el papel del Estado". Asimismo, rechazó que haya concluido el rezago agrario. "Aún existen 6 mil expedientes en la Sagar de campesinos sin tierra; problemática que se agudiza por el vacío jurídico que prevalece en torno al ejido".
Anunció que el CAP se reunirá en breve con las fracciones parlamentarias del Senado para promover la discusión y, en su caso, aprobación de la Ley de Desarrollo Rural.
En ella tendrá que incluirse la regulación del sistema de financiamiento al agro; de los apoyos a productores que enfrentan una "desigual competencia con el extranjero, particularmente con Estados Unidos"; los precios para las cosechas, así como el establecimiento de programas sociales a la mujer y al medio rural, entre otros puntos.