JUEVES 13 DE ABRIL DE 2000

* La Cámara de Diputados reportó, pero no se hizo nada: García Villa

Irregularidades en el DDF con Camacho y Aguilera

Andrea Becerril * Dar capetazo al caso del ex regente Oscar Espinosa Villarreal significaría continuar con la impunidad de los regímenes priístas, lo que "por salud de la propia República" no puede aceptarse, advirtió el senador del PAN Juan Antonio García Villa.

Reveló que en la anterior legislatura, durante su gestión como presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en la Cámara de Diputados, encontró "numerosísimas irregularidades" en las administraciones del Distrito Federal que le tocó auditar, correspondientes a 1993 y 1994.

Sobre esos años, cuando Manuel Camacho Solís y Manuel Aguilera estuvieron al frente del gobierno capitalino, el órgano fiscalizador de la Cámara formuló "cientos de observaciones" que quedaron en los informes finales de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Los tres años de Espinosa Villarreal, agregó, fueron auditados por la Asamblea de Representantes, luego de la reforma legal de 1995 en la materia.

A pregunta expresa, respondió que las muchas irregularidades que encontró en las cuentas públicas del DDF de 1993 y 1994 se refieren a desviaciones y manejo indiscriminado de los recursos públicos. El caso más escandaloso que recuerda, precisó, fue el de Ruta 100.

Nunca se investigó, dijo, a los funcionarios involucrados, ni se fincaron responsabilidades de ningún tipo, pese a las observaciones que formuló la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, las que constan en el informe final de resultados de las cuentas públicas del Distrito Federal, correspondientes a 1993 y 1994.

"También detectamos fallas en las nóminas del personal al servicio del entonces Departamento del Distrito Federal, los llamados supernumerarios. Hicimos cientos de observaciones y ahí quedaron, porque el órgano de fiscalización no tiene facultades para más".

Sólo enviaba los comentarios a las autoridades, el informe final se daba a la Procuraduría General de la República (PGR) o a la Contraloría capitalina, y era todo.

Debido a ello, en la actual Legislatura el PAN insistió en una reforma a fondo del órgano fiscalizador. "Nuestra propuesta era ambiciosa, planteamos la posibilidad de que pudiera fincar responsabilidades penales y administrativas, que fuera coadyuvante del Ministerio Público, para que este no pudiera desistirse en caso de irregularidades, pero el PRI se opuso".

Al final, precisó el senador blanquiazul, se lograron algunos avances, entre ellos que la nueva contraloría, denominada en adelante Auditoría Superior de la Federación, tenga facultades para fincar responsabilidades de tipo civil, a fin de que se reintegre el valor de los recursos desviados.

García Villa resaltó que aún no se concreta la reforma, ya que falta la ley secundaria, y no se ha dado trámite a la minuta enviada al Senado en diciembre.

Incluso, hay riesgo de que no se apruebe en este periodo al que sólo le faltan 18 días por concluir, insistió.