JUEVES 13 DE ABRIL DE 2000

* Dentro y fuera de la institución combatirá impunidad y corrupción, dice


La PGJDF hará prevalecer la ley, afirma Del Villar

Elia Baltazar * La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal enfrenta momentos muy difíciles, en los que se "conjugan los intereses creados en la impunidad, de una criminalidad rica, violenta y perniciosa, con una capacidad de corrupción que en ocasiones se antoja que no tiene límites", advirtió ayer el titular de la dependencia, Samuel del Villar.

Pero más que los embates que enfrento, insistió, los momentos más difíciles son aquellos en que tenemos noticia de que algún servidor público de la institución ha sido corrompido, ha peculado, extorsionado, abusado de su autoridad y violentado los derechos humanos.

No obstante, aseguró que en cualquiera de los casos la institución hará prevalecer la ley y continuará el combate a la corrupción dentro y fuera de la PGJDF. "Son momentos difíciles, pero la confianza en salir adelante y la integración institucional de nuestros servidores permitirá dar los pasos consecuentes en la consolidación de un estado de derecho", agregó.

Estas fueron las palabras que ofreció el procurador capitalino durante el acto en que entregó 614 estímulos y 50 reconocimientos por excelencia a funcionarios de la dependencia, entre ellos Fernando Castro, fiscal adscrito al caso Stanley, quien recientemente fue acusado por Luis Gabriel Valencia de presionarlo y amenazarlo para declarar en contra de los principales implicados, así como a Mauricio Tornero, subprocurador A de Averiguaciones Previas Centrales.

Del Villar destacó que la PGJDF no sólo reconoce la eficacia del Ministerio Público, la Policía Judicial y Servicios Periciales, sino también aquellas acciones que ofrecen certidumbre jurídica a la población de que no se "perseguirá ni se ejercerá acción penal cuando no hay bases para ello, cuando de la investigación resulte que una persona no es responsable de algún delito".

De modo que nuestra obligación, dijo el procurador capitalino, no es exclusivamente perseguir a los delincuentes, "sino también dar la certeza a quien ha sido indebida e injustamente acusado de que sus derechos no serán atropellados por el ejercicio de nuestras funciones".

En el Instituto de Formación Profesional Del Villar aseguró que los estímulos y reconocimientos entregados a agentes del MP, policías judiciales, oficiales secretarios y peritos de todas las especialidades "no se deben a ningún favor gracioso, a ninguna influencia, relación o valoración arbitraria".

Así, la PGJDF otorgó reconocimientos por excelencia a 50 funcionarios que tuvieron bajo su responsabilidad los casos más significativos de 1998, en los cuales hubo, dijo Del Villar, decisión y un razonamiento correcto. Y entregó estímulos económicos a 614 servidores públicos que demostraron altos índices de productividad en su labor.

A ellos dirigió el procurador su mensaje final: "Enfrentamos momentos muy difíciles, pues se conjugan intereses creados en la impunidad, los de una criminalidad rica, violenta y perniciosa, con una capacidad de corrupción que a veces se antoja que no tiene límites y que la institución tiene que enfrentar haciendo prevalecer la ley".

Hoy se daría a conocer la resolución a la solicitud de amparo de los implicado en el caso Stanley, pues trascendió que el juzgado segundo de distrito en materia penal citó a abogados y familiares a las 9 de la mañana en su sede, ubicada en el Reclusorio Preventivo Oriente.

Según fuentes cercanas al caso podría tratarse de un amparo para efectos; es decir, que recomienda la revisión del proceso por algunas posibles irregularidades, pero no significaría la libertad para los seis acusados.

Por su parte, el juez 55 penal, Rafael Guerra, admitió ayer las pruebas ofrecidas por la Fiscalía de Procesos Oriente, a través del Ministerio Público, luego de la retractación de Luis Gabriel Valencia, a quien hoy intentarían nuevamente interrogar las autoridades ministeriales de México en el penal de Puebla.

El juez Guerra recibió ocho pruebas supervenientes, entre las que destacan las declaraciones hechas el 3 de abril pasado de los testigos Jesús Tejada Ortega y Víctor Manuel López Alvarez, quienes fueron amenazados luego que testificaron en contra de Paola Durante. El MP solicitó que su testimonio más reciente se ratifique ante el juez en fecha próxima.