Emilio Zebadúa *
Perú: elecciones cuestionadas

Este domingo está a prueba en las elecciones presidenciales y legislativas de Perú, no sólo la legitimidad del proceso electoral, sino un proyecto más amplio de construcción de la democracia en América Latina. Por ello es particularmente ominoso que, en vísperas de la jornada electoral, la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) haya expresado que ha habido un cuadro reiterado de insuficiencias, obstáculos, irregularidades y abusos en el proceso prelectoral. En opinión de la misión que encabeza el embajador Eduardo Stein esto "ha impedido a la ciudadanía contar con las condiciones suficientes para una competencia electoral acorde a los fundamentos y prácticas de un ejercicio efectivo de la democracia".

A las críticas de la OEA se han sumado las principales instancias de observación internacional, incluyendo el Carter Center y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sólo el día de ayer el Senado estadunidense aprobó por unanimidad la Resolución 43 en donde anuncia que si las elecciones peruanas no se llevan a cabo de manera justa, democrática y transparente se "revisarán y modificarán donde sea apropiado (las) relaciones políticas, económicas y militares con Perú". La Unión Europea difundió que continúa "profundamente preocupada por ciertos aspectos del desarrollo de las elecciones".

En esta jornada los ciudadanos de Perú (alrededor de 13 millones en el padrón electoral) elegirán entre nueve candidatos al próximo presidente de la República para el periodo 2000-2005, y a los 120 integrantes del Congreso unicameral. La competencia está organizada por varios organismos, presididos por el Jurado Nacional de Elecciones, un organismo de carácter jurisdiccional, autónomo, con personalidad jurídica, integrado por cinco magistrados provenientes de distintas instancias, incluyendo la Corte Suprema, en las que el gobierno tiene influencia. La organización administrativa propiamente está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y el censo de votantes en manos del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil.

El sistema formal cumple con los requisitos básicos de una democracia electoral, y con sólo algunos elementos distintos como el régimen de financiamiento público a los partidos, no se diferencia demasiado del sistema consagrado en el código electoral mexicano (Cofipe). En estas elecciones se instalarán alrededor de 87 mil mesas de casillas en todo Perú y en el extranjero, donde el voto de los peruanos es permitido. Los ciudadanos cuentan con un Documento Nacional de Identidad, la lista nominal de electores tiene, como en México, la fotografía de los votantes, y las boletas y materiales electorales cuentan incluso con algunas medidas de seguridad adicionales a las mexicanas.

ƑPor qué entonces está en cuestión la legitimidad del proceso? ƑPor qué después de celebrar desde la década de los 90 el éxito de la transición democrática en América Latina, los observadores internacionales y nacionales (como Transparencia y la Defensoría del Pueblo) han expresado grandes reservas sobre la calidad del proceso y sus consecuencias ulteriores para la democracia?

El presidente Alberto Fujimori aventaja en las encuestas a los demás competidores, y durante las últimas semanas ha realizado una intensa campaña personal en busca de su tercer triunfo electoral. En 1990 derrotó al novelista Mario Vargas Llosa, desde entonces naturalizado español, y en 1995 venció al ex secretario general de Naciones Unidas Javier Pérez de Cuéllar. Actualmente su principal contendiente es Alejandro Toledo, un economista con estudios de posgrado en Estados Unidos, ex funcionario del Banco Mundial, y ya antes candidato presidencial en 1995. Si ningún candidato obtiene más de 50 por ciento del voto habrá, según la ley electoral, una segunda vuelta en unas cuantas semanas.

Las ventajas que implica el ejercicio del poder, que la legislación electoral (la Ley Orgánica de Elecciones, Ley no. 26859) no sanciona o es capaz de limitar estrictamente, afectan inevitablemente la equidad e, incluso, la transparencia del proceso. Y es por ello que en Perú la tercera elección de Fujimori está siendo cuestionada y la legitimidad del próximo gobierno puesta en duda por diversos organismos independientes nacionales y extranjeros.

Los juicios de los observadores se fundan en una preocupación más profunda sobre la violación de principios básicos del proceso electoral democrático. Según WOLA (Washington Office on Latin America), una importante organización cívica con alrededor de un cuarto de siglo de trabajo en América Latina, "existen preocupaciones extendidas sobre la influencia del gobierno sobre el aparato electoral... y el uso de recursos del Estado para fines electorales (más allá de las prácticas comunes) y las dificultades de acceso de los candidatos de oposición a la televisión".

De hecho, diversos grupos civiles e independientes peruanos argumentan que las irregularidades han sido tan graves y extendidas que -con base en encuestas y en las expectativas generadas- si Fujimori gana en la primera vuelta (obteniendo este domingo más de 50 por ciento de los votos) no sería creíble: habría habido fraude en su opinión. Un margen de menos de 5 por ciento de diferencia con respecto al segundo lugar tampoco sería considerado un resultado limpio.

La posible deslegitimación de una victoria de Fujimori se debe al papel intervencionista del Estado a favor de su campaña, a los ataques de la televisión y los tabloides oficialistas en contra de los candidatos opositores, y a programas "asistenciales" de gasto público orientados a los sectores más marginales. En opinión del Defensor del Pueblo, Jorge Santiestivan, el proceso electoral ha padecido de "defectos graves". En particular, ha apuntado a "la falta de equidad porque la oposición se enfrenta a un Estado muy fuerte".

Las propias autoridades electorales, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones han sufrido cuestionamientos sobre su presunta parcialidad. Según periodistas y analistas de la revista independiente Caretas, "hay confusión de su rol entre el gobierno y las instituciones del Estado que tienen que organizar el proceso electoral". Después de que Fujimori anunció en diciembre de 1999 que participaría en su tercera elección presidencial, se presentaron una docena o más de recursos legales en contra de la constitucionalidad de su candidatura. El artículo 112 de la Constitución Política de Perú establece que "el mandato presidencial es de cinco años. El presidente puede ser relegido de inmediato para un periodo adicional. Transcurrido otro periodo constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones". El jurado Nacional de Elecciones rechazó unos 18 recursos, y abrió la puerta legal para un tercer periodo consecutivo de Fujimori.

Lo que está en juego en las elecciones de este domingo en Perú es la legitimidad del próximo gobierno. Un resultado cuestionado al cierre de las urnas a eso de las 4 de la tarde y durante los próximos días, junto con las descalificaciones previas de la OEA, el gobierno de Estados Unidos, observadores internacionales y la Unión Europea, entre otros, traerá grandes consecuencias para la gobernabilidad en Perú.

Para el resto de América Latina las lecciones que deja una elección en donde el aparato del Estado ha sido utilizado abiertamente para beneficiar la candidatura del presidente de la República -a través de los medios de comunicación o la compra del voto- amenazan con socavar la credibilidad de los procesos electorales que, hoy en día, son un elemento fundamental de la democracia en la región.

* Invitado por Transparencia, una de las organizaciones cívicas de mayor prestigio en América Latina, y la Defensoría del Pueblo, el ombudsman peruano, a observar las elecciones del domingo 9 de abril en Perú, el consejero electoral del IFE Emilio Zebadúa presenta un análisis prelectoral del proceso en que compite, por tercera ocasión, el presidente Alberto Fujimori.