Antonio Gershenson
El peculado y los hechos

La polémica en torno a los cargos penales formulados contra el que fue último regente del Distrito Federal, Oscar Espinosa Villarreal, ha girado, en muchos casos, en torno a sus cualidades personales, en torno a si el proceso tiene tintes político electorales y otras cosas así. Poca atención se ha prestado a los hechos, que deberían ser lo fundamental. En varias ocasiones se ha preferido no referirse a las pruebas presentadas e incluso no está suficientemente claro cuál es el cargo que se ha formulado.

No se acusa, en este caso, al citado funcionario, hoy secretario de Turismo, de haberse enriquecido aprovechando su puesto. A diferencia de otros casos que en su momento tuvieron mucha difusión -como el haberse autoasignado aguinaldos o bonos hasta de tres cuartos de millón de pesos, o como el haberse auto jubilado generosamente a los 40 años de edad-, hoy no se le acusa de haberse enriquecido. Por esa razón, salen sobrando sus profesiones de humildad y de no haberse enriquecido nunca a costa de los fondos públicos.

Se le acusa de haber desviado de su destino presupuestal 420 millones de pesos. Entre las pruebas, están el oficio en el que instruye al entonces oficial mayor y hoy prófugo de la justicia, Manuel Merino, para llevar a cabo el retiro de los fondos de la partida de Comunicación Social. Están las confirmaciones de este hecho, firmadas por parte del entonces secretario de Finanzas y otros funcionarios de su gobierno. Está el proceso iniciado contra Merino por esos hechos, y en relación con el mismo la devolución de una parte del botín, 135 millones de pesos, por este ex funcionario.

Esta devolución es la comprobación más categórica de los hechos, de por sí muy ampliamente documentados. Pero también están los 40 recibos informales firmados por Merino por la recepción del dinero, cuyo destino nunca se comprobó.

Se puede inferir, sin que esto último esté documentado porque estas operaciones nunca se documentaron, que el dinero fue empleado para sobornar, dar "chayote", dar "embutes", dar mordidas, cohechar, untarles la mano, corromper, dar dádivas, darles propina o como se le quiera decir, a periodistas y otros comunicadores.

El delito del que se acusa a Espinosa Villarreal es el de peculado, sobre la base de haber desviado en contravención de las leyes estos 420 millones de pesos, de su destino presupuestal.

Esto es lo primero que se debería discutir y, curiosamente, nadie se ha preocupado por refutar estas pruebas.

Se prefirió montar un espectáculo en una cárcel poblana, convocando a las dos grandes cadenas de televisión, armando toda una campaña en torno a esto, y luego diciendo que era un preso, ex cocinero de los Amezcua, acusados de encabezar el tráfico ilegal de anfetaminas, el que tuvo semejante poder de convocatoria y el que, espontáneamente y sin que nadie lo haya inducido, de repente se retractó de por lo menos 10 declaraciones firmadas ante el juez y ante el Ministerio Público, precisamente en el momento en que esto era necesario para una campaña contra la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para castigar la osadía de haber iniciado el procedimiento penal contra un funcionario federal.