DOMINGO 9 DE ABRIL DE 2000
Ť Ramírez Cuéllar solicita que se revelen los nombres de los beneficiarios
Pide diputado a la CNBV datos sobre tarjetas Serfin-PRI
Mireya Cuéllar Ť El diputado y dirigente barzonista Alfonso Ramírez Cuéllar solicitó al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Eduardo Fernández, que informe a la Cámara de Diputados el número de créditos que fueron quebrantados vía las tarjetas Serfin-PRI, el monto en pesos del quebranto, el número total de tarjetas emitidas, los nombres de los beneficiarios y una copia del convenio celebrado entre el PRI y Banca Serfin.
En una carta enviada al funcionario de la CNBV -con fecha 7 de abril-, Ramírez Cuéllar plantea que dichas tarjetas de crédito fueron distribuidas entre funcionarios del PRI y del gobierno federal y diversos líderes sociales sin la investigación de crédito correspondiente, "situación que dio origen a que la mayoría de estas cuentas no fueran liquidadas y debieran ser quebrantadas por la institución bancaria en su momento y después cargadas a los recursos públicos".
El requerimiento del legislador parte de que dicho convenio tuvo que hacerse bajo el conocimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De acuerdo con el informe del auditor Michael Mackey -recordó el diputado en entrevista-, Banca Serfin es una de las instituciones que más le han costado al país; durante el programa de capitalización, por cada peso que inyectaban los socios de los bancos, el gobierno federal aportaba dos, pero en el caso de Serfin por cada peso que pusieron los socios el gobierno dio cuatro.
Banca Serfin fue vendida en 1992 en 2 mil 800 millones de pesos, para 1999 se decretó la quiebra de la institución después de que el gobierno federal aportó casi 80 mil millones de pesos para su rescate y saneamiento.
Durante diciembre de 1999 y bajo el argumento de la necesidad de sanear el banco para poder venderlo -apuntó Ramírez Cuéllar- , el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) -antes Fobaproa- realizó un canje de pagarés de capitalización de Serfin, por pagarés de saneamiento financiero que por su naturaleza pagan un rendimiento mayor, por un monto aproximado de 96 mil millones de pesos.
Apun,,tó que cuando se conozca toda la verdad sobre lo que fue el Fobaproa, el gobierno deberá dar muchas explicaciones respecto al manejo de banca Serfin porque hasta el momento, el IPAB no ha decidido iniciar una investigación legal y contable de los créditos denominados "Aa", que fueron producto del Programa de Compra y Capitalización de Cartera, y que el Fobaproa "adquirió violando sus propias disposiciones".
Por ello, expresó, es necesario que los mexicanos conozcan y juzguen cómo operó el gobierno sus programas de saneamiento bancario.