Néstor de Buen
Cincuenta años mal aprovechados

La semana pasada, el viernes exactamente, me convocaron a una especie de aquelarre sindical en el que se festejarían, es un decir, los cincuenta años transcurridos desde que México ratificó el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical. Fui, entusiasmado.

Mis registros indican que la fecha es otra, al menos la de su publicación en el Diario Oficial, que fue el 16 de octubre de 1950. Es claro que la diferencia está entre la fecha de promulgación y la de publicación.

Fue notable la presencia de elegantes aviadores, todos de uniforme, que se identificaron como miembros de ASPA de México pero al servicio de AVIACSA, una empresa de moda porque hay un lío notable. Precisamente los aviadores se han inscrito en ASPA y exigen la titularidad del contrato colectivo de trabajo que hoy detenta un Sindicato de Trabajadores de la Industria Aeronáutica, Similares y Conexos de la República Mexicana (STIAS) que tiene una historia interesante en aviación. Un tema parecido al que se produjo en TAESA con motivo de la exigencia de los sobrecargos de que se reconociera su afiliación al sindicato que dirige Alejandra Barrales.

El tema de los contratos colectivos de protección, es decir, de los celebrados sin que se enteren los trabajadores, fue ampliamente discutido.

Unos días antes la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) había convocado a una reunión de los seis candidatos a la Presidencia de la República para que se produjera, si no un debate al menos la exposición de puntos de vista sobre los temas laborales. Faltó el de Sinaloa, lo que me parece un pecado, y en general los demás coincidieron en que uno de los problemas más serios deriva de la práctica viciosa de que se celebren esos contratos de protección. Mañana viernes por la noche (antier para ustedes) se exhibirá el video de esa reunión y he sido convocado para dar mis puntos de vista sobre lo que dijeron los participantes. Y por supuesto que coincidiré con ellos en el repudio a esos llamados contratos que son posibles gracias a la vergonzante LFT que los prohíja.

Pero me he encontrado con una novedad. Citando una ejecutoria vetusta, de más de cincuenta años, dictada en un asunto civil por la Suprema Corte, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) exige que ASPA compruebe en tres días que los pilotos de AVIACSA han solicitado su ingreso al sindicato para acreditar el interés jurídico en esa titularidad. Y para apoyar el acuerdo respectivo se invoca también por la JFCA una regla incluida en el proyecto de código procesal de trabajo nacida al calor de la nueva cultura laboral (léase corporativismo intenso con asistencia oficial), que por supuesto no está en vigor.

Desde luego que la decisión de la JFCA no se ajusta a derecho ni por casualidad. La LFT autoriza al presidente de una junta a rechazar un emplazamiento a huelga (artículo 923, mal nacido) si no cumple, a su juicio, los requisitos de ley. Pero en ninguna parte se dice que el sindicato promovente tenga que acreditar desde antes la incorporación de los trabajadores.

Se trata de una verdadera trampa, nacida de un pretexto mal diseñado que consiste en que son los trabajadores los que tienen que ejercer el derecho de huelga y que deben acreditar su decisión antes del emplazamiento.

Debo decir que yo he propuesto precisamente (proyecto PAN) que no se firme un convenio colectivo ni se tramite un emplazamiento a huelga sin la comprobación de que el sindicato representa a los verdaderos trabajadores. Pero ahora se utiliza esa idea para proteger a los sindicatos corporativos y corruptos que firman sin que los trabajadores se enteren. No se quiere que enfrenten demandas de titularidad.

La ley es clara. Ante una solicitud de titularidad, lo que corresponde, sin más trámites, es un recuento exclusivamente de los pilotos, por ser un problema gremial. La JFCA, si quiere cumplir la ley, debe ordenarlo, por supuesto que secreto y con todas las garantías de que se manifieste la verdadera voluntad de los trabajadores. Y lo que resulte, a favor de quien sea, tendrá que servir de base para resolver, en dos minutos, un asunto que puede ser muy enfadoso. Hay quien afirma que el desastre de TAESA encuentra su origen en un problema semejante.

Afortunadamente al frente de la JFCA está un hombre capaz, honesto y de una rectitud ejemplar. No creo que le cueste mucho convencerse de que la solución, el recuento con garantías, es la única salida del problema. Al fin y al cabo se trata de que decidan los propios trabajadores. No es mucho pedir.