DOMINGO 9 DE ABRIL DE 2000
Ť Corrupción, ineficiencia y negligencia, entre las causas: Manuel Fuentes
Separan de sus cargos a servidores públicos
Ť Entre ellos, los directores de los registros Público de la Propiedad y Civil Ť Persisten vicios, dice
Laura Gómez Flores Ť La lucha contra la corrupción, ineficiencia y negligencia llevó en días pasados a la Consejería Jurídica del Distrito Federal a separar de sus cargos a 30 funcionarios del Registro Público de la Propiedad, y a colaborar con las autoridades judiciales para desmantelar dos bandas de falsificadores de documentos oficiales que operaban en la Plaza de Santo Domingo.
El consejero jurídico del gobierno de la ciudad, Manuel Fuentes, explicó que la "compresión de recursos" a la administración actual ha generado situaciones de corrupción en dependencias capitalinas, por los bajos salarios que perciben los servidores, por lo que dentro de las posibilidades del gobierno se ha buscado mejorar sus condiciones laborales.
En este momento se requieren 140 millones de pesos para resolver el problema que tienen el Registro Civil y el Público de la Propiedad, situación que no tomó en cuenta la Asamblea Legislativa y que lleva a la consejería a dialogar con la Secretaría de Finanzas para ver de dónde salen esos recursos, afirmó en entrevista.
Fuentes destacó que el problema reside en el pago de salarios, que representa para el Gobierno del Distrito Federal la erogación de 50 por ciento de su presupuesto, por lo cual aumentar dicho porcentaje representaría cancelar la realización de obras y servicios que demanda la sociedad.
De ahí que el combate a la corrupción se haya convertido en una prioridad para este gobierno. "Hace cuatro semanas tuve que separar a 30 funcionarios del Registro Público de la Propiedad, incluido su director, Raúl Castellanos, a quien le quitamos a sus coordinadores administrativo y de recursos materiales, tres directores y seis subdirectores; en su lugar se quedó como encargado Adulfo Jiménez Peña", mencionó.
Agregó que una situación similar se vive en el Registro Civil, donde salió Leticia Romero, quedando en su lugar Isabel Hernández, y en el que muchos de los 12 mil usuarios diarios acusan de corrupción a los prestadores del servicio o se quejan de la atención que reciben. Todas sus quejas son atendidas, de acuerdo con nuestras posibilidades, para mejorar su funcionamiento, indicó.
El funcionario reconoció que la tarea es difícil, sobre todo cuando existen vicios de hace muchos años, pero confió en que la entrada de funcionarios con otra idea de llevar a cabo la administración y la continua vigilancia del personal permitirá ofrecer un mejor servicio a la población.
Precisó que los problemas que se presentan en la administración pública no son de leyes, sino de funcionamiento y recursos, por lo que se desaparecieron partidas, como apoyos para viajes internacionales o cerrado algunas oficinas, así como una coordinación administrativa y se asignó a ese personal al Registro Civil.
Con esta medida no sólo se logró mejorar el servicio, sino alcanzar un ahorro de un millón de pesos y contratar a 15 personas más. Sin embargo, los retos que se presentan a diario, para combatir la corrupción y hacer más eficientes estas dependencias, entre otras, es grande, pero vamos avanzando, con base en los recursos económicos y humanos con que disponemos, concluyó.