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Alerta sucia. Todo el aparato del régimen está en alerta: Los Pinos, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la cúpula del PRI, las grandes cadenas de radio y televisión, los periódicos más venales, todo se ha puesto en marcha y a todo tren para salvar al ex regente Oscar Espinosa Villarreal de los graves cargos que ha formulado en su contra la Procuraduría capitalina, al denunciarlo penalmente como presunto ladrón de 420 millones de pesos pertenecientes al pueblo y al gobierno de la ciudad de México.

Espinosa Villarreal está en el vértice de todas las complicidades: como tesorero de la campaña electoral de Ernesto Zedillo procesó el "donativo" de 25 millones de dólares que Carlos Cabal Peniche tomó de Banco Unión para "ayudar" al PRI en los comicios de 1994. Por lo tanto, Espinosa comparte con Zedillo, Cabal, Carlos Salinas de Gortari, José Angel Gurría, Francisco Labastida y Roberto Madrazo los secretos más inquietantes del sexenio: a) Ƒde dónde provenían esos fondos?; b) Ƒdónde fueron a parar?; c) Ƒcómo fueron registrados en los archivos de ese banco?; d) Ƒquién se beneficiará de ellos por medio del IPAB?

Como último regente del Distrito Federal, Espinosa atracó a manos llenas, no sólo concediéndose aguinaldos de 750 mil pesos y sembrando millares de bolitas amarillas en los ejes viales de la capital, sino de muchas otras formas que están saliendo a la luz. Hoy en día, como secretario de Turismo, participa en la campaña de Labastida a través de Vicente Gutiérrez Camposeco, ex coordinador de Servicios Turísticos de aquella dependencia y ex delegado político del DDF en Azcapotzalco y Coyoacán, cargos que obtuvo gracias a Espinosa.

Si Espinosa Villarreal es encarcelado, toda la red de complicidades que protege a los hombres más importantes del régimen se vería en peligro. Zedillo es desde luego el primero en saberlo. La noche del 6 de diciembre de 1997, horas antes que Cuauhtémoc Cárdenas asumiera el Gobierno de la ciudad, el Ejecutivo destituyó apresuradamente a Silvia Hernández, que dormía tranquila como secretaria de Turismo, y colocó a Espinosa en esa cartera, para revestirlo de la inmunidad que todavía lo protege.

El valor estratégico del ex regente no es discutible. Si cae en manos de la ley, el mismo régimen podría tambalearse. Por eso no descansará hasta demoler a Del Villar. A menos que la sociedad se movilice.

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De la Barreda, al ataque. Para desactivar el escándalo, provocado por la acusación penal de la Procuraduría General de Justicia del DF en contra de Espinosa, el régimen actúa en tres frentes: a) en la opinión pública, "reventando" las investigaciones sobre el asesinato de Paco Stanley para desacreditar a Del Villar; b) en la Cámara de Diputados maniobrando para impedir que las oposiciones despojen a Espinosa de la inmunidad que le da el hecho de ser secretario de Turismo; c) en la esfera judicial, entablando un alegato para que la PGR "atraiga" el asunto a sus dominios, de modo que el "procurador" Jorge Madrazo pueda sepultarlo cómodamente igual que muchas otras indagatorias cruciales para el país.

Al mismo tiempo, la Presidencia estudia las leyes que pactaron la "transición democrática" del DF, en particular aquella según la cual el Ejecutivo federal se reserva el derecho de destituir al procurador capitalino, de acuerdo con los "supremos intereses" que, hoy por hoy, Zedillo representa.

En la primera fase del plan, el régimen ha pedido y obtenido el auxilio de un salinista de bajo perfil, que ha logrado construirse un prestigio en la vida pública explotando una peculiar situación familiar que, según esto, lo marcó para siempre. Hijo del capitán Luis de la Barreda, un torturador militar al servicio de las peores causas del poder en los años 60 y 70, Luis de la Barreda Solórzano juró consagrar su vida a la defensa de los derechos humanos para borrar así la huella del padre.

Sin embargo, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) debe su ascenso -y por ende su gratitud- a Carlos Salinas de Gortari, quien el 30 de septiembre de 1993 lo elevó al cargo que ostenta hasta la fecha. Si hoy se bate ferozmente en contra de Del Villar es por sus compromisos con el mismo grupo político que defiende a Espinosa.

El 24 de octubre de 1994, en un solemne discurso leído en Los Pinos para halagar a Salinas, De la Barreda sostuvo: "Al crear en 1990 la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al presentar más adelante la iniciativa de adición constitucional que dota de organismos públicos defensores de derechos humanos a todas las entidades federativas, el presidente Salinas estaba respondiendo, con sensibilidad y buen oído, ante los clamores del momento histórico".

Mayor lambisconería era difícil concebir, pues el 1o. de septiembre del 94, esto es, 54 días antes de tal declaración, Salinas mismo se había confesado ciego y sordo, no "ante los clamores del momento histórico", sino ante los gritos y las rechiflas de los diputados que habían abucheado su último Informe de principio a fin.

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El ayudante del cocinero. En 1994, la CDHDF dirigió la recomendación 4/94 a Manuel Aguilera Gómez, entonces regente interino. La queja era porque la Junta de Asistencia Privada (JAP) del Nacional Monte de Piedad -dependiente del DDF- cobraba tasas de interés anual que iban de 33 a 66 por ciento, más un 24 por ciento adicional por almacenaje.

A raíz de aquel exhorto, jamás cumplido, De la Barreda inició estrechas relaciones con Víctor García Lizama, presidente de la JAP. Gracias a esta sospechosa amistad, García Lizama financió la construcción de la Casa del Arbol -un recinto de la CDHDF donde se inculca a los niños el amor a los derechos humanos-, así como la compra de un autobús escolar y la edición de un libro de lujo Derechos Humanos para los Niños.

En 1995, Francisco Javier Ruiz, que entonces era primer visitador de la CDHDF, fue acusado de hostigamiento sexual por una abogada que trabajaba para él. De la Barreda lo destituyó, protegiéndolo sin embargo al nombrarlo su asesor personal y encomendarle asuntos especiales. En la actualidad, Ruiz se ocupa precisamente del caso de Luis Gabriel Valencia López, El cocinero, uno de los testigos claves en la investigación sobre el asesinato de Paco Stanley, que se ha retractado ante las cámaras de Televisa y Tv Azteca, en una declaración sin valor judidicial, que De la Barreda ha exaltado ante la opinión pública con el fin, eminentemente político, de poner en ridículo a Samuel del Villar.

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Se mezclaron solitos. Diódoro Carrasco, secretario de Gobernación y coordinador de la campaña contra Samuel del Villar, negó el jueves que el contraescándalo provocado por la retractación de El cocinero y el escándalo de Espinosa Villarreal hayan sido ligados artificiosamente para influir a la opinión pública. De tal suerte, el ex gobernador de Oaxaca sale no sólo en defensa del ex regente, sino del propio De la Barreda, quien por lo menos una vez, en 1995, se plegó a las instrucciones del actual secretario de Turismo.

En aquel tiempo, cuando Espinosa Villarreal inició la desaparición de la célebre Ruta 100, los choferes sindicalizados presentaron a la CDHDF un expediente de 20 mil fojas, solicitando la protección del ombudsman capitalino. Pese a la extraordinaria voluminosidad del legajo, De la Barreda contestó en menos de 24 horas que la institución a su cargo no era competente para opinar sobre el caso. ƑCómo leyó tantos papeles en tan escaso tiempo? Lo peor del asunto, dicen quienes saben de esto, es que De la Barreda guardó el expediente bajo siete llaves, impidiendo que los trabajadores de Ruta 100 se sirvieran de él para defenderse por otras vías.

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Espinosa y Labastida: nexos. Si en Los Pinos ha cundido la alarma, en el equipo de campaña de Labastida la zozobra no es menor, pues el ex regente colabora con el sinaloense a través de Vicente Gutiérrez Camposeco.

Gutiérrez Camposeco y Espinosa se conocieron en aquel tiempo cuando el segundo se desempeñaba como director de Nacional Financiera. Gutiérrez era miembro del consejo de administración de Unión de Crédito de la Industria de Transformación Comercial y Servicios, SA de CV. Esta empresa se hallaba relacionada con Unión de Crédito Comercial e Industrial de Sonora, SA de CV, de Ricardo Bours Castelo. En 1998, según consta en el expediente judicial AP838-FESPLE/98, radicado en la mesa 16 de la PGR, ambas firmas fueron acusadas por un fraude de 128 millones de pesos, que todavía no se aclara. Ricardo Bours, no debe olvidarse, es hermano de Eduardo Bours, responsable de los donativos del sector privado a favor de Labastida.

Hoy por hoy, Gutiérrez Camposeco "milita" en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, donde mantiene vínculos con Eduardo Bours, y tuvo un papel destacado en la crisis interna del Consejo Coordinador Empresarial que culminó con la renuncia de Jorge Marín Santillán. ƑCómo logró un "modesto" funcionario público escalar en el mundo de los negocios hasta situarse en donde hoy se encuentra?

Aun cuando nunca ha sido acusado penalmente, Gutiérrez Camposeco reunió sus actuales dineros, habidos quién sabe cómo, cuando Espinosa Villarreal lo nombró delegado en Azcapotzalco. Pablo Moctezuma Barragán, que hoy gobierna en esa jurisdicción capitalina, ha declarado que en su época Gutiérrez Camposeco entregó 2 millones 76 mil pesos a la organización Antorcha Popular, y que esos recursos fueron reportados como "fondos perdidos" por el amigo de Espinosa.

El 30 de octubre de 1996, Gutiérrez Camposeco dejó Azcapotzalco y fue trasladado con el mismo rango a la delegación Coyoacán. El 4 de febrero de 1998, la Asamblea Legislativa del DF dio a conocer el resultado de una auditoría y que, de acuerdo con ésta, Gutiérrez Camposeco había llevado una doble nómina, para ocultar el desvío de recursos cuyo monto, hasta la fecha, ha sido imposible precisar.

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Temor al futuro. Samuel del Villar es, con mucho, el mejor procurador de justicia que hemos tenido los capitalinos en largas décadas. Gracias a él, fueron perseguidos, aprehendidos y sentenciados a 40 años los policías violadores de tres jovencitas en Tláhuac. Gracias a él, todo el montaje que las televisoras organizaron tras la muerte de Paco Stanley para derrocar a Cuauhtémoc Cárdenas fue desactivado en menos de 24 horas en forma rotunda; gracias a él, se supo la clase de ficha que era el llorado Paquito y la forma en que Mario Bezares y El Cholo consumaron el homicidio. Pero lo más importante, gracias a Del Villar, está prácticamente esclarecido el asesinato del juez Abraham Polo Uscanga, donde las averiguaciones podrían involucrar de algún modo a Espinosa Villarreal, considerado como uno de los mayores sospechosos en los extraños crímenes que rodearon el caso Ruta 100.

Por lo demás, para el régimen, la necesidad de destruir a Samuel del Villar y atraer las acusaciones de éste al ámbito de la PGR (donde nunca prosperarán), responde sin duda al propósito, aún más urgente, de frenar, pero de tajo, el repentino ascenso de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que en las últimas semanas ha dado un vuelco en las encuestas confiables. Ante las ridículas promesas de Labastida, los fascistas disparates de Fox y el desastre económico en que todos vivimos gracias a la política de Zedillo, Cárdenas vuelve a perfilarse, de verdad, como la única alternativa real de cambio. Si ganara las elecciones del 2 de julio, Samuel del Villar se convertiría en procurador de la República y resolvería los asesinatos de Posadas Ocampo, Colosio y Ruiz Massieu. Y a esto, quiérase o no, es a lo que más le temen los señorones del régimen. Al futuro inminente.

serafin71@hotmail