SABADO 8 DE ABRIL DE 2000
* Autoridades del penal de Puebla y la Procuraduría de la entidad lo impidieron
Falla cuarto intento de tomar declaración a Valencia
Elia Baltazar, Andrea Becerril y José Galán * Por cuarta ocasión, las autoridades del penal de Puebla y la Procuraduría de esa entidad impidieron el acceso del Ministerio Público de la PGJDF que debía tomar declaración al interno Luis Gabriel Valencia sobre las presuntas presiones y amenazas de que fue objeto y por las cuales decidió retractarse de su acusación contra los implicados en el caso Stanley.
Esta vez, las autoridades penitenciarias de Puebla argumentaron que requerían un oficio de la Procuraduría General del Estado para permitir el ingreso de María del Rocío García, titular de la agencia de la Fiscalía Centralizada para Servidores Públicos, adscrita a la investigación de las circunstancias en que Valencia decidió retractarse ante las cámaras de Televisa y Tv Azteca, no así ante la autoridad correspondiente, que a la fecha espera la ocasión para entrevistarse con él.
Luego de que se les requirió el oficio correspondiente, las autoridades ministeriales capitalinas se trasladaron a la sede de la Procuraduría de Puebla, donde esperaron durante más de cinco horas que los funcionarios competentes los recibieran para solicitar el oficio que exigieron en el penal y aclarar las razones que han obligado a posponer ya en tres ocasiones su entrevista con Valencia.
La MP María del Rocío García denunció que la Procuraduría del estado ha "obstaculizado" las diligencias que deben llevarse a cabo con Valencia para investigar los hechos sobre la denuncia de presuntas presiones contra el interno, asentadas en la averiguación previa FSP/546/00-04, la cual se inició de oficio.
En contestación, Joel Baltazar Cruz, director general de Averiguaciones Previas de la Zona Metropolitana Sur, aseguró que los representantes de la Procuraduría capitalina deberán formular una nueva solicitud para entrevistarse con el principal testigo del caso Stanley. Aseguró que no hay en las autoridades del estado el ánimo de obstaculizar la indagatoria de los agentes del MP capitalinos.
Trasladar al testigo no es competencia
de Gobernación: Yunes
En tanto, el director de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, Miguel Angel Yunes, manifestó ayer que esa dependencia no puede decidir el eventual traslado de Valencia a un penal de alta seguridad.
En breve entrevista, aseveró que el delincuente conocido como "el cocinero de los Amezcua" no está a disposición de Gobernación, sino de las autoridades capitalinas.
Dijo desconocer la declaración del gobernador de Puebla, Melquiades Morales, en la que advierte sobre la necesidad de que Valencia sea trasladado del penal de esa entidad a uno de alta seguridad.
Por otra parte, Gobernación informó que el secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mayolo Medina, encabezará la delegación mexicana que asistirá al décimo Congreso de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, que se realizará en Viena, Austria, a partir del próximo día 10.
A ese encuentro acude también el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Francisco Molina Ruiz, quien en tribuna denunció en días pasados la renuencia de las autoridades de Gobernación para proporcionar la información requerida por los legisladores en torno a los avances en el combate a la delincuencia y la inseguridad.
La próxima semana, resolución a
solicitud de amparo de acusados
Mientras, la juez segunda de distrito en materia penal, María del Carmen Pérez Cervantes, analiza la solicitud de amparo para Mario Rodríguez Bezares, Paola Durante Ochoa, Erasmo Pérez Garnica (El Cholo), Jorge García Escandón y José Luis Rosendo Martínez, y será hasta la semana entrante ųentre martes y viernesų cuando dé a conocer su resolución.
En el contexto de las investigaciones sobre el asesinato de Stanley, los cinco indiciados solicitaron el amparo de la justicia federal en contra de actos de la Procuraduría capitalina, que aún no ha resuelto si les concede la libertad provisional, por lo que deberán permanecer en prisión en tanto el juzgado no resuelva su petición de amparo.
Pérez Cervantes es la misma juez que encarceló a miembros del Consejo General de Huelga bajo el cargo de "peligrosidad social" y que ha insistido en mantener dentro del Reclusorio Norte a presuntos líderes del movimiento estudiantil.