Miguel Concha
Motivaciones jurídicas y éticas
Porque resultaba "legal, lógica y éticamente procedente", hace siete semanas -la noche del 15 de febrero del año en curso-, y después de una ardua y exhaustiva investigación que duró más de tres meses, e incluyó el análisis riguroso de los aproximadamente 50 tomos (decenas de miles de fojas) del expediente del proceso 184/99, instruido ante el juez 55 penal, la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) dirigió al procurador general de justicia capitalino la recomendación 2/2000, relativa al "caso de ejercicio indebido de la acción penal contra Paola Durante Ochoa, como presunta autora intelectual del homicidio de Paco Stanley".
A la mañana siguiente, la CDHDF recibió como respuesta el rechazo tajante de la PGJDF a su recomendación, "por notoria improcedencia", y porque "se refiere a un asunto jurisdiccional". Era evidente, por lo apresurado de la respuesta y la carencia de argumentos, que la recomendación no había sido leída. La CDHDF inmediatamente pidió por escrito al procurador con la mejor buena fe que reconsiderara su respuesta. Inmediatamente la procuraduría contestó ratificando su rechazo. No se sabía para nada en aquel tiempo que mes y medio después (el 29 de marzo pasado), la PGJDF haría público que tenía evidencias de que Oscar Espinosa Villarreal había malversado cuantiosos fondos durante su gestión como regente de esta ciudad. Por eso a nadie se le ocurrió decir entonces en serio que la recomendación podría tener otras motivaciones, que las puramente legales y éticas. Sólo cuando ha sido oportuno, y siempre en respuesta a manifestaciones que han sido juzgadas como improcedentes de parte de la procuraduría, la CDHDF, en cumplimiento de su deber legal, ha defendido con argumentos su recomendación, basados asimismo y solamente en el derecho, la lógica y la ética. Es un despropósito entonces que se pretenda atribuir a las acciones del ombudsman en defensa de su recomendación motivos vinculados con ese otro asunto, y peor aun con la áspera contienda político electoral que está desarrollándose en nuestra ciudad y en el país.
Quien se atreva a afirmar lo contrario, no tiene para nada en cuenta el itinerario cronológico y circunstancial que ha seguido la recomendación 2/2000 con la procuraduría y en amplios sectores de la opinión pública.
Como en una ocasión lo expresé en estas páginas, los miembros del Consejo de la CDHDF estuvimos enterados puntualmente del trámite de la queja de los familiares de Paola Durante desde octubre del año pasado, así como del contenido de la recomendación con que culminó en un documento legal, lógico y éticamente irrebatible, que demostró la invalidez de las pruebas que usó el Ministerio Público para acusar presuntamente a la joven.
La declaración pública que frente a las cámaras de televisión hizo el testigo de cargo Luis Gabriel Valencia López, retractándose de sus imputaciones contra Paola, y denunciando que había sido forzado por servidores públicos de la PGJDF para inculparla, no viene sino a confirmar lo que con toda claridad demostró la CDHDF con su recomendación desde el 15 de febrero: que en el mismo proceso había evidencias concluyentes de que las declaraciones de Luis Gabriel Valencia contra Paola Durante Ochoa muy probablemente habían sido inducidas, y que él desde luego no era una persona digna de fe. Es imperativo, pues, que se investigue de manera pronta, eficaz y honesta la grave imputación que el testigo hace a servidores públicos de la procuraduría, y que, si se comprueban las conductas imputadas, se finquen a sus autores las responsabilidades correspondientes. Todo lo demás no hace más que enturbiar sospechosamente un asunto que desde el principio estuvo claro y diáfano en sus auténticas motivaciones, incrementando aún más, como se ha dicho, la falta de credibilidad de nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia.
Es también del mayor interés social preservar la autoridad moral de la CDHDF y de los organismos no gubernamentales de defensa y promoción de los derechos humanos que se han manifestado en su favor, no atribuyéndole calumniosamente a la primera las interpretaciones y los perversos manejos que los actores de la política o de algunos de los medios den al lamentable caso de Paola.