SABADO 8 DE ABRIL DE 2000
Ť Da curso a una recomendación del ombudsman para subsanar carencias
Promueve el GDF reformas a la Ley de la Defensoría de Oficio
Ť Rosario Robles turnará a la Asamblea Legislativa una iniciativa sobre el proyecto de cambios
Laura Gómez Flores Ť La jefa de Gobierno del Distrito Federal, Rosario Robles Berlanga, informó que se dio curso a la recomendación enviada por el ombudsman capitalino para subsanar las carencias que presenta el personal adscrito a la defensoría de oficio local, aunque consideró que "se tardó un poco" en enviarla porque se trabaja en la materia desde hace dos años.
Por su parte, el consejero jurídico capitalino Manuel Fuentes Muñiz precisó que el señalamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no es infundado y se refleja en una mala prestación del servicio y en algunos casos conlleva incluso actos de corrupción. Sin embargo, el problema no es de las autoridades o leyes, consideró, sino de recursos, lo cual compete a la Asamblea Legislativa.
La mandataria local turnará los próximos días a ese órgano una iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría de Oficio del Distrito Federal, dado que la actual no incorpora los cambios operados en la Ley Orgánica de la Administración Pública, del 29 de diciembre de 1998, de crear la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, así como sus funciones y atribuciones.
Al término de la inauguración del seminario Costos y Financiamientos de las ciudades dijo que la recomendación del presidente de la CDHDF, Luis de la Barreda, es "totalmente aceptable. Se tardó un poco el ombudsman, porque nosotros estamos trabajando en eso hace dos años. Yo he dado la instrucción de que la aceptemos, pues es parte de la preocupación que nosotros tenemos".
Aun con las restricciones presupuestales se logró incrementar el salario de los defensores de oficio de 2 mil a 9 mil pesos mensuales, aunque falta mucho por hacer. Más tarde, se enviará al ombudsman un cuadro comparativo de cómo estaban las defensorías de oficio cuando llegamos y los avances obtenidos a la fecha, indicó.
El consejero jurídico, por su lado, explicó que los rezagos que se presenten en la materia son resultado del poco personal con que se cuenta (222 abogados), así como de la carencia de recursos financieros y materiales suficientes, lo cual ha roto con el equilibrio procesal entre las partes que intervienen en los tribunales, agencias investigadoras del Ministerio Público y juzgados cívicos.
Precisó que actualmente existe un defensor de oficio por cada diez ministerios públicos, lo cual los lleva a atender, en promedio, 160 casos en materia civil, familiar o penal. Esta situación, aclaró, "no es culpa del gobierno capitalino, que dentro de sus facultades ha logrado mejorar los salarios del personal de la defensoría de oficio en 450 por ciento, al pasar de 2 mil a 9 mil pesos mensuales y a 11 mil en el caso de los agentes del Ministerio Público".
El funcionario comentó que la iniciativa que se enviará a la Asamblea establece la necesidad de formalizar los convenios necesarios entre la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Procuraduría capitalina y el Tribunal Superior de Justicia, a fin de que sean otorgados espacios dignos e indispensables a los defensores de oficio adscritos a las diversas áreas.
Por otra parte, la mandataria local informó que en la ciudad de México más de un millón de personas viven en condiciones de extrema pobreza y se tiene una población flotante diaria de cuatro millones.
Al participar en el seminario internacional -donde intervinieron alcaldes de Costa Rica y Uruguay-, pidió a la Federación reconocer las carecencias de la ciudad de México, las cuales podrían atenderse con la canalización de recursos adicionales y con una visión de Estado.
En los últimos diez años, precisó la jefa de Gobierno, la participación de la ciudad en las aportaciones federales ha disminuido de 22 a 11.5 por ciento, mientras contribuye con casi 25 por ciento del producto interno bruto. Por ello planteó la necesidad de que los gobiernos locales cuenten con un margen de autonomía que les permita atender de manera efectiva los desafíos de la concentración demográfica y la consecuente demanda de servicios.
Por la tarde, Rosario Robles firmó un convenio de hermanamiento y cooperación técnica con el alcalde de Montevideo, Uruguay, Johnny Araya, que permitirá la creación de un marco jurídico para fortalecer la relación en rubros como agua, drenaje, seguridad y comercio ambulante, que en la ciudad de México es enorme, con un número similar a la población de Costa Rica, según se planteo en la reunión.