VIERNES 7 DE ABRIL DE 2000
* Existen 67 indicios que señalan al ex regente
Denuncia Del Villar "infamia concertada" contra la PGJDF
* "Alguna autoridad" organiza la actual conspiración, asegura
La ofensiva contra la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y su titular es una "infamia concertada", una campaña orquestada en un momento clave de la aplicación de la ley, que demuestra la connivencia de los más oscuros intereses para desvirtuar el camino de la legalidad.
Así se refiere Samuel del Villar a las acusaciones que pesan sobre su persona y la institución que encabeza, a partir de la retractación de Luis Gabriel Valencia como testigo del caso Stanley, y la solicitud de desafuero para el ex regente Oscar Espinosa, con el fin de proceder penalmente en su contra por el delito de peculado.
En entrevista radiofónica dada a conocer por la PGJDF, Del Villar aseguró que existen contra el actual secretario de Turismo 67 indicios que prueban su presunta responsabilidad en la autorización para el uso discrecional de 420 millones de pesos.
Asegura, además, que las circunstancias que actualmente enfrenta tienen todas las características de una conspiración, pues hay un fin específico de desvirtuar el proceso legal debido y desinformar sobre el mismo, al querer otorgar impunidad a probables criminales.
La retractación de Valencia se llevó a cabo, asegura Del Villar, al margen de todo proceso legal debido y hay fuertes indicios de una concertación organizada por alguna autoridad. "Es el jefe del reclusorio de Puebla, de los carceleros, quien instrumenta esta organización, pues él paga al notario público, es su gente la que convoca a las televisoras y fija las reglas bajo las cuales debe declarar el testigo ante las cámaras".
Además, luego que El Flama se niega a declarar ante el MP, "la Secretaría de Gobernación de Puebla le organiza una conferencia de prensa, lo cual demuestra una manifiesta voluntad de seguir un camino contrario a la ley".
Advierte también que en la acusación fincada a Espinosa no prevalece un ánimo de venganza política, pues la PGJDF fue muy estricta con la Contraloría en la presentación de elementos para comprobar el delito. Y se tuvo que demostrar con las pruebas suficientes que se habían violentado cuatro artículos del Código Financiero.
Ya acreditadas las pruebas por la Contraloría, se citó a Espinosa ante el Ministerio Público, como probable responsable del delito de peculado, pues la primera demostró ante el MP que la disposición de recursos públicos de la partida 3605 no se comprobó y, en cambio, quedaron a disposición de Manuel Merino, para fines personales.
Del Villar explicó que no es necesario comprobar el uso que Merino dio al dinero, pues el delito es desviar fondos públicos de sus fines legales, y ni Merino ni Espinosa han ofrecido pruebas que demuestren que ese dinero se utilizó para fines legales de los fondos públicos.
El procurador capitalino advirtió sobre la gran cantidad de intereses a favor de la impunidad que se enfrentan al hacer prevalecer las leyes. Y cuestionó una vez más las actuaciones de Tv Azteca, "que desde el mismo día en que atentaron contra Stanley montó la más formidable campaña de desinformación, para desvirtuar la naturaleza de los hechos".
Ante las acusaciones sobre sus presuntos encuentros con Luis Gabriel Valencia, Del Villar negó rotundamente que éstos se hayan llevado a cabo. "Es un elemento más de difamación y confusión que puede comprobarse como tal en cualquier momento".
Agregó: "Jamás he estado en las áreas de acceso de los testigos de algún reclusorio, nunca he presenciado alguna de las audiencias del caso Stanley y mucho menos he intercambiado palabra con esta persona".
Todo lo anterior lo consideró el procurador como calumnias, pues "siempre que se afectan intereses hay reacciones y surgen este tipo de infamias concertadas". (Elia Baltazar)