VIERNES 7 DE ABRIL DE 2000
* Considera que son violadas garantías de representación de ciudadanos
Recomendación de la CDHDF destaca rezagos en la Defensoría de Oficio local
* Pide al GDF subsanar las diversas carencias en la labor que realiza el personal adscrito
Ricardo Olayo * Las garantías de defensa que por ley tienen los ciudadanos son violadas por la irregular atención de la Defensoría de Oficio del gobierno capitalino, instancia que mantiene rezagos y falta de personal, indica la cuarta recomendación emitida este año por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
En casos extremos un defensor debe atender ocho agencias del Ministerio Público o llevar un promedio de 160 asuntos en materia familiar, según revelan los informes entregados por el propio gobierno de la ciudad, integrados a la recomendación.
El exhorto indica que la ausencia de defensores ha sido enfatizada incluso por jueces penales al quejarse que el GDF no asigna defensores de oficio, lo que entorpece los procesos judiciales, además ciudadanos se han inconformado con la escasa atención que reciben.
Por ello, el ombudsman solicitó a la jefa de Gobierno, Rosario Robles, subsane las diferentes carencias en la labor de la defensoría y algunas violaciones que se comenten contra sus integrantes, pues, por ejemplo, en el más alto nivel se les paga 9 mil 180 pesos, 3 mil menos que lo que les corresponde.
En la investigación de la CDHDF se indica que prevalece la desigualdad con el Ministerio Público, toda vez que los defensores no tienen una oficina equipada, "y se ven obligados muchas veces a estar en los pasillos o en el lugar que los jueces les facilitan".
Tampoco hay personal auxiliar suficiente, señala, ni peritos para contrarrestar las pruebas que presente la contraparte en un litigio; en diversas ocasiones la comisión ha establecido que esta situación favorece a quienes tienen mayores recursos para pagar una defensa privada, y perjudica a la gente de menos recursos.
Extractos de un informe del Gobierno del DF, incluido en el texto de la recomendación, establecen que para cubrir 66 juzgados penales hay 54 defensores, que para los 40 juzgados de paz penales hay 36, y por ello cada defensor cubre de dos a tres audiencia diarias. En sus actuaciones ofrece pruebas, solicitudes de libertad, apelaciones, brinda asesoría, visita los reclusorios y cubre los juzgados que no tengan defensor.
Acepta que se requiere la contratación de 204 trabajadores, entre ellos 115 defensores y 50 secretarias, pero que no hay partida presupuestal disponible, y también describe las diferentes carencias de equipo.
Además, se indica que la falta de recursos afecta el seguimiento de los expedientes y que es necesario adquirir equipo de cómputo y de papelería, pues en muchas ocasiones dependen del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
En esta circunstancia, "la Defensoría de Oficio del Distrito Federal no cumple con el mandato constitucional de garantizar los derechos de defensa y acceso a la justicia de todos los gobernados", indicó el ombudsman Luis de la Barreda al presentar la recomendación.
Aseveró que la ubicación de la Defensoría en el organigrama del DF "la coloca en clara desventaja en relación con la Procuraduría de Justicia", y ello se puede interpretar como "falta de respaldo institucional".
La CDHDF recomendó restructurar la Defensoría y darle mayor jerarquía y autonomía para cumplir las funciones que le asigna la Constitución; contratar personal y pagar "de inmediato" el salario que corresponde.
Además, que el personal cuente con el espacio y los recursos materiales necesarios; con peritos en las distintas especialidades, y se le dé capacitación al personal, entre otras acciones que, de acuerdo con la recomendación, tienen diferente grado de dificultad.
El escrito presentado señala que en diversas ocasiones el ombudsman ha sugerido medidas diversas, y que en junio de 1997 se publicó una nueva ley en la materia y se hicieron reformas en 1998, que han ayudado a mejorar las condiciones de defensa de aquellos ciudadanos que requieren el servicio, aunque falta concretar en la práctica todos los avances de la ley escrita.