MIERCOLES 5 DE ABRIL DE 2000
Ť Habría ocurrido en 96
Se investiga presunto fraude en contratos y licitaciones del Metro
Elia Baltazar Ť La Procuraduría capitalina investiga irregularidades y adeudos en contratos y licitaciones en el Sistema de Transporte Colectivo-Metro, durante la regencia de Oscar Espinosa Villarreal, que involucran a funcionarios de primer nivel de la administración priísta.
Se trata de licitaciones irregulares en la compra e instalación de 50 escaleras electromecánicas, en 1996, y el arrendamiento de espacios publicitarios en el Metro, la ex Ruta 100 y el Sistema de Transportes Eléctricos, otorgadas de manera exclusiva a la empresa Impactos Exteriores y Espectaculares, SA de CV (Vista), entre 1995 y 1997, y que significaría la comisión de un fraude por cerca de 147 millones 126 mil pesos, como lo documentó La Jornada en su momento.
Esto último involucra, incluso, al actual director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Hacienda, Guillermo Wilkins, quien se desempeñó como como director administrativo del STC-Metro durante la regencia de Espinosa.
Según informes de la auditoría que llevó a cabo la Contraloría del Gobierno capitalino, el daño patrimonial ocasionado por Vista, sólo en el caso del Metro, ascendería a 118 millones de pesos, dados los beneficios obtenidos por el arrendamiento exclusivo de mil 453 espacios publicitarios en andenes y aproximadamente 50 mil cartulinas laterales superiores en vagones.
El Gobierno de la ciudad logró recuperar estos espacios publicitarios el 2 de junio de 1999, sólo después de una batalla jurídica que emprendió a partir del 12 de octubre de 1998, pero la denuncia penal por la posible comisión de los delitos de fraude por simulación de hechos, administración fraudulenta y los que resulten ''en contra de quien resulte responsable, sigue su curso en la unidad investigadora 33 de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas de la PGJDF.
Más involucrados
Las investigaciones involucran, por parte del Metro, no sólo al ex director administrativo Guillermo Wilkins, sino a Aurelia Catalán Quito, ex secretaria técnica de la Dirección Administrativa; Jorge Blas Corral y Alejandro Rébora González, ex gerentes jurídicos en diferentes periodos, así como a Jorge Moreno de la Torre, Marco Hernández Ramírez y Ricardo Figueroa, cada uno en su momento gerente de recursos financieros. Y por parte de la empresa Vista están David Pons Carrasco, presidente y director general de la empresa, y Roberto Salmerón Peña, accionista y miembro del consejo de administración de esta empresa.
Entre unos y otros existió una relación que coincidió en sus intereses en las empresas Vista y PCM Comunicaciones. Aurelia Catalán, por ejemplo, luego de desempeñarse como secretaria técnica administrativa del Metro, bajo las órdenes de Wilkins, apareció como apoderada general de Vista, según consta en los registros públicos de la propiedad. Pero Catalán Quito aparece también como comisaria de PCM Comunicaciones, cuyo director es Federico Wilkins, hermano de Guillermo, y que tiene como accionistas a David Pons Carrasco y Roberto Salmerón Peña, quienes negociaron con la entonces dirección del Metro la firma del primer contrato para el arrendamiento de espacios publicitarios.
Vista no sólo tuvo el control absoluto de los espacios publicitarios del Metro, sino gozó de subsidio en el uso de la energía eléctrica para los anuncios luminosos de los andenes, pues el pago del servicio salió de las arcas del STC. La Contraloría capitalina calcula que el daño patrimonial por esta acción suma 13 millones de pesos. Entre mayo de 1995 y diciembre de 1997, las autoridades de la última regencia ampliaron los beneficios para Vista, al otorgarle los espacios publicitarios del Sistema de Transportes Eléctricos y de los autobuses del Consejo de Incautación de la ex Ruta 100.