AZUCAR: PRIVATIZACION Y TLC
La situación por la que atraviesan los ingenios del país es representativa de los saldos de catástrofe que, en diversos ámbitos de la economía nacional, han dejado el Tratado de Libre Comercio (TLC) y las privatizaciones de empresas públicas.
Por principio de cuentas, el traspaso a manos privadas de la planta industrial azucarera se traduce, a ocho años de distancia, en un grave hueco financiero en el erario público: los ingenios deben al Estado 2 mil millones de dólares, casi cuatro veces más de los 532 millones de dólares que en 1992 ingresaron al erario público por las privatizaciones referidas.
El fracaso de la industria azucarera en manos privadas podría explicarse por factores imprevisibles y ajenos al sector, como el desplazamiento del azúcar por la fructosa en los mercados de edulcorantes, o como el incumplimiento estadunidense a los términos del TLC que, en materia de exportaciones azucareras, resultaban ventajosos para México. Sin embargo, al margen de tales factores, debe constatarse que el desempeño empresarial de los ingenios del país no es muy distinto a los otros rubros privatizados por el salinismo, como la banca, las carreteras y las líneas aéreas, valga decir, desastroso.
Respecto al papel del TLC en la crisis de la industria azucarera, es claro que los descuidos y errores del equipo que negoció el instrumento comercial en nombre de México han dado pie para su incumplimiento por parte del país vecino. Si en el rubro del azúcar el tratado resultaba ventajoso para nuestro país -y era, este punto, una excepción al resto de la producción agrícola nacional, para la cual el TLC era claramente pernicioso--, la ventaja inicial resultó anulada por una modificación ulterior al texto del tratado, acordada entre el entonces secretario de Comercio de México, Jaime Serra Puche, y su homólogo estadunidense, Michael Kantor.
En suma, la conjunción de dos de los dogmas centrales de la política económica vigente -apertura comercial indiscriminada y privatización de todo lo privatizable- expresa, en el sector de la industria azucarera, la inviabilidad general de dicha política y su nefasta capacidad de desarticulación de las cadenas productivas y del tejido social.
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