SABADO 1o. DE ABRIL DE 2000
Ť El represor Ríos Montt asegura que no teme viajar al extranjero
Critica la Fundación Menchú al fiscal Fungairiño
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 31 de marzo Ť Gustavo Meoño, presidente de la Fundación Rigoberta Menchú, criticó hoy la postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España, cuyo titular es el magistrado conservador Eduardo Fungairiño, por haber interpuesto un recurso de apelación en el caso Guatemala, arguyendo la falta de competencia de los tribunales españoles.
Para Meoño, la postura de la alta judicatura española es "lamentable", aunque explicó que según la defensa este recurso "no afectará" el desarrollo del proceso.
Indicó que continúan trabajando en la recopilación de pruebas y en la estrategia judicial en el proceso que pretende juzgar a ocho militares guatemaltecos, entre ellos los generales Efraín Ríos Montt, Fernando Romeo Lucas y Humberto Mejía Víctores, que entre 1962 y 1996 cometieron los presuntos delitos de genocidio, terrorismo de Estado y secuestro, con un saldo de 200 mil víctimas --60 mil todavía desaparecidas--, en su mayoría de la etnia maya.
Al respecto, Ríos Montt rechazó hoy en Guatemala que durante su régimen se cometiera genocidio, y declaró el ahora legislador que "no hubo matanzas entre etnias, no existió una política de Estado, lo que hubo fue un conflicto armado".
Ríos Montt se mostró desafiante y declaró que piensa viajar a Francia, y sostuvo que "no hay razón para que me capturen", al negar la posibilidad de que se gire en su contra una orden internacional de captura, como sucedió con Augusto Pinochet.
En el caso Guatemala, abierto el lunes por el juez Guillermo Ruiz Polanco, las vicisitudes jurídicas son idénticas a las que enfrentaron los abogados chilenos y argentinos en los procesos contra el ex dictador chileno y las juntas militares.
De idéntica forma, aunque con distintos argumentos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a la apertura de los sumarios, postura que fue rechazada por el pleno de la institución judicial, que argumentó que la defensa de los derechos humanos es una cuestión universal, contemplada en las propias leyes españolas.
El pronunciamiento de la sala se hará presumiblemente la próxima semana, debido a que la acusación particular y popular (formada por 45 mil víctimas de la represión militar, organizaciones humanitarias, la central española Comisiones Obreras y el ex embajador español Máximo Cajal) tiene hasta el próximo 7 de abril para presentar las pruebas pertinentes.
Meoño dijo que la preparación de las pruebas es la principal labor, y se declaró "muy optimista" por el cauce que tomará el proceso judicial.
La Fundación Rigoberta Menchú anuncio que las pruebas recopiladas pormenorizan al menos 600 matanzas, relatadas en 12 tomos que contienen informes periciales y forenses, declaraciones juradas y el mismo informe que elaboró la Comisión de Esclarecimiento Histórico.
Además, se pretende llamar a declarar a forenses de Naciones Unidas y a Máximo Cajal, que salvó la vida tras la quema de la embajada española en 1980.
Meoño criticó de nuevo a la justicia guatemalteca, que además de no haber juzgado a ninguno de los militares que participaron y diseñaron el genocidio, tiene abierta una demanda de "traición a la patria" contra Menchú, premio Nobel de la Paz 1992, por haber denunciado estos hechos ante tribunales españoles, "delito" por el que podría ser condenada a 20 años de cárcel.