SABADO 1o. DE ABRIL DE 2000

Ť Piden militares investigar ellos el robo de bebés

Acepta el gobernador de Buenos Aires la renuncia de Aldo Rico

Ť Ruckauff lo remplaza en Seguridad con Ramón Oreste Verón

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 31 de marzo Ť A poco más de tres meses de asumir el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf enfrentó una grave crisis de gabinete al aceptar este día la renuncia de su ministro de Seguridad, Aldo Rico, quien lo colocó entre la espada y la pared cuando la semana anterior entregó una fotografía en la que un antiguo miembro de su propio partido peronista, Carlos Indio Castillo --buscado por la justicia argentina-- aparece como custodio del presidente Fernando de la Rúa.

Al demostrarse la falsedad de esta afirmación, Rico fue obligado por Ruckauf a ofrecer disculpas a De la Rúa, pero pronto continuó con sus acciones, entre éstas la realización de un acto político al que convocó a todas la plana mayor de la desprestigiada policía bonaerense.

En remplazo de Rico el gobernador nombró al comisario Ramón Oreste Verón, al que acusan de haber estado en funciones en Pozo de Banfield, centro clandestino de detención durante la dictadura (1976-1983).

Allí desaparecieron cientos de disidentes políticos y también funcionó como una sede de la Operación Cóndor, la coordinación criminal entre las dictaduras.

También estuvo en San Martín, otro municipio donde las brigadas policiales eran famosas por su violencia antes y después de las dictaduras. Sin embargo, comisarios policiales sostienen que no está acusado por víctimas de entonces.

Al parecer el gobernador ya le había solicitado en varias ocasiones la renuncia al cabecilla de las frustradas sublevaciones de 1987 y 1988 contra el gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín, y Rico a su vez intentó algún tipo de chantaje.

Pero el "jaque mate" fue la denuncia de su ex compañero Carlos Castillo de haber aceptado millones de dólares por apoyar con su partido, el Modin, al ex gobernador Eduardo Duhalde para modificar la Constitución y permitir su relección.

Rico podría volver a su cargo como intendente de San Miguel, municipio donde ganó en las pasadas elecciones, y en el cual habitan una cantidad de ex militares retirados y sus familias. Pero también allí deberá enfrentar las investigaciones de la justicia sobre los varios cargos de corrupción.

En este mismo episodio, Carlos Castillo, colaborador de la pasada dictadura castrense (1976-1983) e integrante de la Alianza Anticomunista Argentina (la Triple A) y en algún momento mano derecha de Rico, fue traído de Paraná para ser indagado en relación con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, que produjo casi un centenar de muertos.

Argucia castrense

En tanto, el consejo supremo de las fuerzas armadas reclamó la víspera que la causa en la que se investiga el robo de niños nacidos en cautiverio durante la dictadura salga de manos de la justicia civil ya que se "trata de un tema de investigación militar".

Esto obedece a un pedido del general retirado Santiago Omar Riveros, quien no se presentó dos veces consecutivas a declarar en el juzgado de Adolfo Bagnasco, el juez que investiga la existencia de un plan sistemático por una querella de las Abuelas de Plaza de Mayo que buscan a niños nacidos en los campos clandestinos de detención.

Riveros estaba procesado por 41 casos cuando fue indultado por el presidente Carlos Menem en los 90, pero además es responsable de crímenes en Centroamérica, donde actuó en la guerra sucia contra Nicaragua sandinista trabajando con la Agencia Central de Inteligencia, en Honduras.

Entidades humanitarias repudiaron este día las decisión del consejo supremo de las fuerzas armadas, instancia a la que acudirá el lunes el ex almirante Emilio Massera, miembro de la junta cxastrense que gobernó durante la última dictadura, para que se haga cargo de la causa en la que está imputado por su presunta responsabilidad en el robo de bebes nacidos en cautiverio.

Alicia Ríos, abogada de las Abuelas de Plaza de Mayo, expresó que "nos vamos a oponer absolutamente a una medida dictada por el consejo supremo, que no tiene sentido", en tanto que la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, dijo esto no responde ni a la postura mayoritaria de las fuerzas armadas ni al consenso social respecto del tema que este gobierno respeta.

Aunque la Cámara Federal determinó que el secuestro es un delito permanente, anterior y posterior a 1984, cuando se reformó el Código de Justicia Militar, y que el delito de robo de niños termina cuando termina la apropiación, los militares buscaron una argucia legal en su código que establece que los delitos anteriores a esa fecha serían juzgados por la justicia militar.