SABADO 1o. DE ABRIL DE 2000

Ť Restringen acceso a la zona, denuncia investigador

Tajín 2000 ocasionó severos daños al sitio arqueológico

Ť Se desprendieron recubrimientos con 900 años de antigüedad

Andres T. Morales, corresponsal, Veracruz, Ver., 31 de marzo Ť Con la realización del festival Tajín 2000 Primavera del Milenio no sólo se violentó la legislación que regula el patrimonio histórico de la nación, sino que se provocaron severos daños al complejo ceremonial -ubicado en esa zona arqueológica, donde se asentó la cultura totonaca- porque durante la construcción de escenarios se ocasionó el desprendimiento de aplanados que se remontan a 900 años de los edificios números 3 y 23; se afectó el sistema de drenaje prehispánico por el peso introducido y existe el riesgo de que las pirámides pierdan cohesión debido a las vibraciones producidas por el aterrizaje de los helicópteros que transportaron a los funcionarios del gobierno estatal, denunció el Sindicato de Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Por otra parte, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y del grupo Lobo mantienen cerrada la zona arqueológica por órdenes del gobernador Miguel Alemán e impiden a los custodios de ese sitio verificar los daños que implicarían fincar responsabilidad penal en contra de los organizadores y los directivos del INAH que avalaron de manera ilegal la utilización de la ciudad totonaca, aseveró el investigador Fernando Miranda Flores.

Vejación a una ciudad sagrada

Los trabajadores del instituto se dijeron preocupados por las declaraciones de Alemán Velasco, acerca de realizar cada año un festival musical en El Tajín e incluso llevarlo a otras zonas arqueológicas como Cempoala y Castillo de Teayo, porque representaría la ''inminente comercialización del patrimonio cultural y la violación a las leyes que lo protegen", por lo que exigieron de nueva cuenta al presidente Ernesto Zedillo y al titular de la Secretaría de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, impedir los propósitos del ex socio de Televisa.

Miranda Flores aseguró que a diez días de concluido el festival Primavera del Milenio, el gobierno estatal mantiene restringido el acceso a El Tajín -incluso para los propios custodios- de manera ilegal y se niega a rendir un informe sobre las afectaciones ocasionadas al recinto totonaca en colusión con el delegado estatal del INAH, Daniel Goeritz Rodríguez.

Reveló que la construcción de escenarios, estrados y la instalación de equipo de luz y sonido causaron afectaciones graves a la zona. Una de ellas es el desprendimiento del recubrimiento prehispánico a los edificios 3 y 23 cercanos a la pirámide Los Nichos, pues allí se instalaron monitores, bocinas y reflectores.

Ese recubrimiento, conocido como estuco, tiene 900 años de antigüedad y sirve para impedir el paso de la humedad al interior de las pirámides, pero los trabajadores de la empresa OCESA al parecer los desprendieron con marros y cinceles, y después los sacaron de la zona utilizando helicópteros, detalló Miranda.

Asimismo, mencionó que aun cuando el coordinador del festival Primavera del Milenio, Gastón Melo, desmintió la existencia de un helipuerto en esa zona arqueológica, se comprobó que estas aeronaves aterrizaban dentro de la plaza para trasladar a altos funcionarios del gobierno estatal, incluido el mandatario Miguel Alemán y a su familia, así como desplazar materiales.

El representante de los investigadores del Centro INAH-Veracruz explicó que desde 1977 se prohibió, mediante decreto presidencial, el aterrizaje de helicópteros en los sitios arqueológicos porque las vibraciones causan la pérdida de cohesión entre las piedras y el futuro derrumbe de los edificios prehispánicos. Esta disposición surgió luego de que una empresa automotriz, por medio de estas naves, hizo descender vehículos para grabar un promocional en la zona maya de Uxmal.

De igual forma, el antropólogo Miranda Flores indicó que sobre los montículos que soportan el muro de contención, construido hace cerca de 800 años, se montó el palco de honor donde Alemán Velasco y el resto de funcionarios estatales e invitados especiales presenciaron el espectáculo musical, lo que implica no sólo una violación a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, sino una ''vejación a la ciudad sagrada que se considera patrimonio valioso para los pobladores totonacas".

Por su parte, Ignacio Montes Rodríguez, delegado sindical de los trabajadores administrativos, técnicos y manuales (ATM) del INAH, detalló que los empleados de OCESA efectuaron excavaciones con maquinaria pesada a escasos centímetros de las estructuras prehispánicas, además de destruir pisos, entierros y cerámica totonaca de tradición milenaria.

La batalla legal sigue

Durante los días en que se realizó el festival, se introdujeron más de 600 toneladas a El Tajín, consistentes en maquinaria, estructuras y camiones que compactaron el suelo, averiando los drenes subterráneos construidos por los antiguos pobladores para impedir que la ciudad sagrada se inundara, así como la plazuela del ''juego de pelota" sobre la cual se montaron escenarios y gradas. Los efectos de esta agresión se verán en la próxima temporada de lluvias, lamentó Montes Rodríguez.

Consideró que la negativa del gobernador Miguel Alemán y del delegado del INAH, Daniel Goeritz, para que los custodios e investigadores ingresen al complejo totonada, radica en la intención de ocultar las afectaciones que ''evidentemente generan responsabilidad penal por el atropello al patrimonio de la nación".

Miranda Flores reiteró la necesidad de efectuar un peritaje independiente al Consejo Nacional de Arqueología, instancia que se convirtió en ''juez y parte" por conceder la autorización, de manera irregular, para usar El Tajín como escenario de un espectáculo musical, y convocó a los colegios Mexicano de Antropólogos y de Arqueólogos de México para enviar peritos que evalúen los perjuicios. De esto, dijo, se desprenderá una responsabilidad penal tanto para los organizadores del megafestival -la empresa OCESA y el gobierno estatal- como para la directora general del INAH, María Teresa Franco, y el delegado del instituto en Veracruz, Daniel Goeritz, quienes avalaron los hechos y ahora se rehúsan a permitir la revisión de la zona arqueológica.

Los trabajadores e investigadores manifestaron que las pruebas fotográficas del daño a las estructuras prehispánicas y testimonios de los custodios del lugar serán incluidos en un expediente que se adicionará a la demanda de amparo que se tramita en el juzgado sexto de distrito con sede en Tuxpan y a las acciones de carácter penal que en los próximos días intentarán ante el Ministerio Público.