Jaime Martínez Veloz
Desnutrición infantil y discapacidad
PARA QUIENES ENTREGAN su vocación a la búsqueda colectiva de respuestas que enfrenten los grandes problemas nacionales, los 51 millones de personas en pobreza extrema significan una realidad grave y contundente, y dentro de ella, su sector más débil y desvalido: los niños, los ancianos y los discapacitados.
Por la magnitud numérica de esa población de pobres, la desnutrición y la discapacidad impactan sombríamente y exigen todo nuestro esfuerzo.
Los datos son fríos y tristes: dos millones de menores de cinco años cursan con desnutrición y 20 mil niños fallecen anualmente en promedio por desnutrición aguda (promedio que compartimos con Perú y Brasil).
En México, 4.5 millones de familias no consumen los alimentos ni la cantidad de nutrientes de la media internacional para mantener una vida saludable; por ejemplo, 83 por ciento de la población no incluye leche en su dieta debido a que se hace inaccesible por su precio.
Es una perspectiva sombría y que toca moralmente a todos los que habitamos el territorio que nos da identidad como mexicanos; desde Chetumal, Quintana Roo, a Mexicali, Baja California. Una realidad que nos marca, pues son gente nuestra, personas que hoy comparten nuestro día en un poblado indígena, en una barraca de las que se tejen en los cinturones urbanos, en concentraciones donde se carece de agua potable (13 millones de personas) y sistemas de drenaje (26 millones de individuos), lo que impacta necesariamente sus condiciones de salud.
La información con que se cuenta indica que cada vez más la discapacidad está asociada con la pobreza. En la ciudad de México, se calcula, casi cinco millones de personas están vinculadas directa o indirectamente a cualquier tipo de impedimento fisico, y esta realidad contrasta al saber que sólo cinco por ciento de las edificaciones son accesibles a ellos.
En nuestro país aproximadamente 10 por ciento de nuestra población tiene alguna discapacidad, por ello la pobreza afecta particularmente a quienes viven limitaciones físicas (53 por ciento presenta un impedimento motriz, 19 auditivo, 9 visual y 20 por ciento corresponde a discapacidad mental).
El presidente de la República, Ernesto Zedillo, en un homenaje que se le hizo a la escritora Gaby Brimmer, dijo que el gobierno mexicano está insatisfecho con los avances alcanzados hasta ahora para incorporar plenamente a las personas con discapacidad a los ámbitos educativo, laboral, social y aun de esparcimiento.
Y es lógico que así lo reconozca el primer mandatario, pues desde enero de 2001 el gobierno mexicano estará obligado a establecer políticas públicas para capacitar e integrar laboralmente a personas con discapacidad, así como modificar las leyes para incorporar al trabajo productivo a este sector.
Esto es un gran reto. En Estados Unidos les ha llevado 50 años lograr que no haya un sólo niño o niña con discapacidad sin escuela. Todos están incorporados a la educación regular. Y lo mismo que sanciona a quien no cumple esta disposición, se penaliza a quien niega empleo a una persona a causa de su incapacidad.
El diputado federal Héctor Larios Córdova propuso establecer estímulos fiscales para que las empresas en México contraten a personas con discapacidad y que la sociedad pague el costo adicional que a las empresas implica el contratar a estas personas, como construir rampas y adaptar las líneas de producción.
Es pertinente. Debemos ofrecer todas las garantías a los empleadores del país para poder exigirles después.
Por lo pronto, el Congreso de la Unión pone el ejemplo, pues contrató a 50 ciudadanos discapacitados, empleándolos como auxiliares administrativos, secretarias, asistentes y asesores jurídicos, entre otros.
En una reciente visita a nuestro país, la subsecretaria adjunta de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación del Departamento de Educación de Estados Unidos, Judith Heumann, observó que México tiene mucho por hacer en el área de educación, ''porque la mayoría de los niños con discapacidad están en centros de atención segregados''.
En el orden de prioridades de toda conducta pública, deben estar estos temas, pues su superación significa un avance de todos.