VIERNES 31 DE MARZO DE 2000

Ť Contradicciones sobre la aplicación de la ley; Díaz Serrano, referencia

Sin avance en San Lázaro, el caso Espinosa

Ť Debe sugerirse al funcionario no salir del país ni modificar su patrimonio, opinan diputados

Ciro Pérez Silva Ť Dos días después de que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitó a la Cámara de Diputados retirar la inmunidad al secretario de Turismo, Oscar Espinosa Villarreal, el trámite legislativo se encuentra detenido enmedio de contradicciones y distintas interpretaciones a la ley, aunque tomando como referencia el caso Díaz Serrano, algunos legisladores consideran que debe sugerirse al funcionario no abandonar territorio nacional ni modificar su patrimonio en tanto se resuelve la petición judicial.

El Diario de los Debates señala que el 12 de junio de 1983, un día después de recibir la petición de la PGR, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 111 de la Constitución y 12, 25 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, acordaron que el senador Jorge Díaz Serrano -ex director de Petróleos Mexicanos- ''debía cumplir su deber de permanecer en el país, conservar sin alteraciones jurídicas su patrimonio y aportar cuanto estuviera a su alcance a fin de esclarecer los hechos objeto del propio procedimiento''.

Tales acuerdos fueron notificados personalmente al senador el 29 de junio por el oficial mayor de la Cámara de Diputados, José Gonzalo Badillo Ortiz; es decir, un mes antes de que se removiera el fuero constitucional del legislador y ex funcionario, para que se pudiesen ejercitar las acciones legales correspondientes.

Interrogado sobre esta posibilidad, el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara, el panista Abelardo Perales, explicó que de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, para lo no previsto en ésta ''se aplica supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Penales que establece medidas preventivas, desde el arraigo y procesos de embargo de bienes para asegurar el pago de la reparación del daño'', y esta sugerencia podría hacerla la sección instructora.

Otros diputados del PRI, menos interesados en las posibilidades legales, sugirieron que Oscar Espinosa ''acepte cualquier hueso'' para mantener la inmunidad, ''por lo menos cinco años más'', a efecto de que el delito prescriba.

Y es que el diputado priísta Rafael Oceguera Ramos, quien en 1983 fungía como secretario de la legislatura que aprobó la declaratoria de procedencia en contra de Díaz Serrano, vaticinó el ''mayoriteo'' de las oposiciones y reconoció la posibilidad de que su partido pierda en el pleno la votación, dejando sin inmunidad al secretario de Turismo y a merced del Ministerio Público.

Además de Oceguera Ramos, otros dos diputados de la actual legislatura definieron hace 17 años la suerte del ex director de Pemex. Son el también priísta José Luis Lamadrid y el perredista Bernardo Bátiz.

Pero al margen de ambas opciones, los diputados continuaron enfrascados en diferentes interpretaciones sobre el procedimiento que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para tramitar la petición de la PGJDF.

De acuerdo con el PRI, la denuncia debe ser turnada a la Subcomisión de Examen Previo para que ésta coteje la existencia de los documentos de prueba descritos por el Ministerio Público y determine si justifican la petición de la Procuraduría, emitiendo una opinión en no más de 30 días hábiles.

Para las oposiciones, debería darse turno de inmediato a la sección instructora, a efecto de llamar a Oscar Espinosa para que proporcione las pruebas y los alegatos que a su interés convengan. Una vez concluida esta comparecencia y el periodo de desahogo de pruebas, se anunciará al pleno la aprobación o no de la declaratoria de procedencia.

Lo único en lo que coinciden priístas y opositores es que el periodo ordinario de sesiones, que concluye el 30 de abril, no es tiempo suficiente para desahogar este punto, lo que obligaría, en caso de declararse procedente la remoción de la inmunidad del funcionario, a convocar a un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para votar el dictamen correspondiente.

Ayer por la noche continuaban en San Lázaro las reuniones entre el coordinador y vicecoordinador de la bancada del PRD, Pablo Gómez Alvarez y Jesús Martín del Campo, respectivamente, con el presidente de la Comisión de Gobernación, el panista Abelardo Perales, para definir la estrategia que deberán seguir las oposiciones frente a una ''previsible'' obstaculización priísta del proceso legislativo.

Las previsiones de ambas bancadas son que el grupo parlamentario del PRI imponga su visión sobre el procedimiento a seguir, lo que implicaría ''darle largas'' al análisis de la petición de la Procuraduría capitalina y que la resolución final recaiga incluso en la siguiente legislatura.

Aunque no comparten esta visión, PAN y PRD estarían de acuerdo en seguir este método para no darle al funcionario la posibilidad de alegar ante un juez violaciones a su derecho de audiencia y procurarse con ello un amparo.

''Nosotros no queremos impulsar el retiro de la inmunidad de Espinosa Villarreal, lo que buscamos es que el trámite legislativo camine, que se abra la instrucción'', declaró el coordinador perredista. Consideró que debería ser del interés del funcionario resolver a la brevedad esta acusación, ya que aun quedando sin resolución en la Cámara de Diputados, una vez que abandone el cargo el Ministerio Público estará en condiciones de ejercer acción penal.

''De cualquier manera, deberá enfrentarse ante un juez. Es mejor que promueva el desahogo de lo que se le imputa; si cuenta con pruebas en su favor no habrá problema'', dijo Gómez Alvarez, aunque preguntó si es ética y políticamente justo que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional entorpezca la acción judicial y deje sin respuesta a la PGJDF, y al acusado sin poder comprobar su inocencia.