Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Ciudadanas Diputadas y Ciudadanos Diputados
Comparezco por tercera vez ante esta Honorable Asamblea Legislativa para cumplir con la obligación de informar sobre la actuación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Hago entrega a la Presidencia de esta H. Asamblea del escrito que contiene el presente informe.
Estamos recuperando las calles de la criminalidad y devolviendo la seguridad a la Ciudad de México. Primero se revirtió la tendencia hacia el descontrol de la delincuencia. Ahora los índices delictivos y la percepción de inseguridad ya están francamente a la baja.
Lo estamos logrando al colocar los derechos fundamentales del ser humano y el respeto irrestricto a su dignidad en la base de la procuración de justicia. Investigando y persiguiendo ante los tribunales, con la misma energía, las conductas criminales de autoridades, como de particulares, que violentan los derechos y la dignidad de los demás.
Lo estamos logrando, al reestructurar la organización y el funcionamiento de la Procuraduría para que la legalidad, la honradez, la imparcialidad, el profesionalismo, la lealtad, la eficiencia y la eficacia que ordena la Constitución y las leyes que de ella emanan, rijan los actos del Ministerio Público y sus auxiliares directos, la Policía Judicial y los Servicios Periciales.
Lo estamos logrando, al acercar, desconcentrar e integrar los recursos y los servicios en donde las demandas de justicia de la población los requieren.
Lo estamos logrando, también, al reconocer la dignidad humana de los servidores públicos de la institución y al priorizar en consecuencia la asignación de recursos para consolidar un servicio público de carrera.
El proceso de cambio y saneamiento estructural de las instituciones de justicia para que cumplan con su deber confronta intereses creados de todo tipo en la impunidad. No es fácil, ni inmediato. Tampoco lo es el proceso de percepción y asimilación social sobre los resultados del cambio, cuando no se recurre a la manipulación y al engaño publicitarios. Sin embargo, la verdad, la realidad, termina por prevalecer.
Eficacia investigadora y persecutoria
La Ciudad está en un franco proceso de recuperación de su seguridad. De 722 delitos registrados en promedio diario en noviembre de 1997, el índice en este mes es de 218 menos, 30% menos que en noviembre de 1997 y 25% menos que en marzo del año pasado.
Hace un año, informé a ustedes que el índice delictivo de robo a transeúnte seguía ascendiendo. Su investigación y persecución se convirtió en prioridad. Puedo in-formar a ustedes que de 137.4 robos registrados en promedio diario en marzo de 1998, en marzo de este año se registran 72.6, casi la mitad menos (47.3%).
Las reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales que esta Honorable Asamblea legisló y que entraron en vigor el 1o. de octubre de 1999, han sido un elemento fundamental para estos resultados.
El abatimiento de la criminalidad es función de que la justicia ,prevalezca sobre la impunidad de los delincuentes que no han sido sujetados a la ley. La eficacia investigadora y persecutoria de los delitos está en la base de la recuperación de la seguridad. El índice delictivo ha venido disminuyendo en la medida en que ha venido aumentando el número de averiguaciones previas consignadas ante los tribunales. Actualmente se están consignando en promedio diario 45% más averiguaciones previas de las que se consignaban en 1997. Y es que el coeficiente de averiguaciones previas consignadas, en relación a las iniciadas, prácticamente se duplicó de 8.4% en promedio en 1997 a 16.6% en promedio en lo que va de este año.
El cumplimiento de las órdenes judiciales de aprehensión aumentó de 1,938 en 1997 a 7,584 en 1999, casi cuatro veces, mientras que el número de responsables y probables responsables por la comisión de delitos en los reclusorios de la Ciudad aumentó en 60% de noviembre de 1997 al que se registra actualmente.
No sólo ha sido un cambio cuantitativo en la eficacia investigadora y persecutoria lo que ha permitido desarrollar el proceso de recuperación de la seguridad de la Ciudad. También se refleja en la eficacia persecutoria de la criminalidad más violenta y perniciosa.
Ha sido prioritaria la investigación y persecución de las organizaciones criminales más peligrosas y de sus líderes. Así, a la fecha, se han detenido a 3,631 asaltadores, secuestradores, robabancos, homicidas, corruptores de menores, lenones, violadores y otros delincuentes, incluyendo a servidores públicos corrompidos, organizados en 774 asociaciones delictuosas. Junto con ellos fueron consignados 268 jefes de organizaciones criminales de la mayor peligrosidad. Los casos respectivos ya establecen precedentes históricos en la lucha contra la criminalidad.
En agosto de 1999 entró en vigor otro cambio fundamental para integrar la función y la responsabilidad constitucional de Ministerio Público de investigar y perseguir los delitos. Se responsabilizó a los agentes de Ministerio Público investigadores por la formulación de los pliegos de consignación, desapareciendo la función intermediadora que burocratizaba el proceso de los agentes consignadores". El cambio permitió duplicar el número de agentes de Ministerio Público y de oficiales secretarios adscritos en -los juzgados, quienes quedaron corresponsabilizados con los investigadores por las consignaciones. El cambio, en septiembre pasado, provocó un descenso circunstancial en la línea ascendente de consignaciones, en tanto que los agentes investigadores asimilaban su nueva responsabilidad de consignar las averiguaciones. Sin embargo, la tendencia al ascenso en las consignaciones se recupera rápidamente y para febrero estaba plenamente recuperada.
Protección de la dignidad humana
La protección de los derechos inherentes a la dignidad humana que consagran las garantías constitucionales y las leyes que de ella emanan deben ser el fundamento de la procuración de justicia. Desde luego, la función primordial del Ministerio Público debe ser la protección de los derechos de la sociedad frente a su violación por la actividad criminal.
Sin embargo, es un contrasentido pretender cumplir y hacer cumplir la ley y proteger los derechos de la población, violando las leyes y la dignidad humana que tiene toda persona y que protegen las propias leyes. La investigación con tortura, la persecución por consigna, la fabricación de pruebas, el abuso de autoridad, la extorsión, el cohecho, el peculado, la inculpación arbitraria, la violentación de las garantías que otorga el artículo 20 constitucional a las personas inculpadas en el procedimiento penal, son conductas violatorias de la dignidad humana por parte de la autoridad pública que la Procuraduría ha investigado y perseguido con una prioridad absoluta, con tanto o más empeño que el resto de las conductas criminales.
Esta prioridad persecutoria ha resultado en la consignación de 2,279 servidores públicos, de diciembre de 1997 a febrero de este año, 16 veces más que los servidores públicos que se consignaron en el mismo período antecedente, 142, por esas violaciones y actividades criminales conexas, incluyendo las de mayor peligrosidad. Debo hacer énfasis en que 88% de ellas pertenecían a la administración actual y sólo el 12% a las anteriores.
Debo adicionar este texto, para informar a ustedes que el día de ayer el Ministerio Público requirió a la Honorable Cámara de Dipu-tados del Congreso de la Unión que declarara que es procedente el ejercicio de la acción penal en contra de Oscar Espinosa Villarreal por un peculado de 442 millones de pesos en agravio de la Hacienda Pública del Distrito Federal, y que el día de hoy dí respuesta a un comunicado relativo de la Presidencia de la República en los términos siguientes:
Con el respeto debido, me dirijo a usted en relación a con comunicado difundido el día de ayer por la Presidencia de la República respecto al requerimiento de Juicio de procedencia de la acción penal en contra del licenciado Oscar Espinosa Villarreal, que el Ministerio Público turnó a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En dicho comunicado se afirma que "la Presidencia de la República expresa su entera confianza en que resultará jurídicamente infundada" la acción del Ministerio Público y que "sería muy lamentable que la denuncia contra el licenciado Espinosa Villarreal no obedeciera a razones estrictamente jurídicas, sino a motivaciones político-electorales".
El día de ayer, entregué al C. Secretario de Gobernación, licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, copia del texto que funda y motiva el requerimiento de Juicio de procedencia de ejercicio de la Acción Penal, que fue presentada ante la Honorable Cámara de Dipu-tados del Congreso de la Unión.
Manifiesto a usted que está a la entera disposición de la Presidencia de la República la documentación comprobatoria del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, materia del requerimiento.
Esta documentación contiene los elementos para que tenga usted confianza en que la acción emprendida está jurídicamente fundada y que, de ninguna manera, obedece a "motivaciones político-electorales", sino al cumplimiento estricto de la obligación del Ministerio Público que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de perseguir e investigar los delitos de los que tenga conocimiento, obligación, que desde luego, no se interrumpe ni se exime de su ejercicio, por los procesos electorales".
Las comisiones de Derechos Humanos son instituciones constitucionales que tienen la atribución de conocer de "las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público .... que violen esos derechos".
He sostenido, y lo reitero, que comparten con la Procuraduría la tarea de proteger la dignidad humana en el ejercicio de la autoridad, complementando las atribuciones de Ministerio Público al enriquecer sus fuentes de conocimiento sobre desviaciones autoritarias del poder posiblemente constitutivas de delitos.
La Procuraduría ha recibido 5,302 quejas de las comisiones Nacional y del Distrito Federal, así como directamente, por posible afectación a los derechos humanos y ha resuelto más, 5,420, durante 1998, 1999 y el primer bimestre del 2000. También se han recibido durante este período cuatro recomendaciones de la Comisión Nacional y nueve de la de Distrito Federal, de las cuales nueve se aceptaron totalmente, tres se aceptaron parcialmente y una no fue aceptada. Cuatro recomendaciones se cumplieron totalmente, siete parcialmente y una esté en proceso de cumplimiento.
Ha destacado la no aceptación, por notoria improcedencia, de la recomendación 2/2000 de la Comisión de Derechos Humanos de Distrito Federal, que fue oportuna y debidamente fundada y motivada. Me permito entregar a esta H. Asamblea el análisis respectivo formulado por la Dirección General de Derechos Humanos de la Procuraduría, que fue presentado ante la autoridad competente.
Todas las instituciones de Derecho debemos estar sujetos a la Constitución y a la ley, desde que en el siglo pasado el constitucionalismo mexicano abolió los fueros. La igualdad efectiva ante la ley es la esencia del Estado democrático de Derecho.
La función constitucional de las comisiones de Derechos Humanos debe ser especialmente protegida, qué duda cabe. Pero, de esta función y protección especial, no se puede derivar una carta blanca para transgredir la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Así como hay que respetar y exigir que se respete la función constitucional de las Comisiones de Derechos Humanos, también hay que respetar y exigir que se respete la función constitucional del Ministerio Público y de los tribunales.
La criminalidad siempre busca la garantía a su impunidad en la desviación o exceso de las funciones constitucionales y legales de las instituciones. Los servidores públicos que las integramos tenemos la responsabilidad primigenia de ceñirnos a los límites que nos impone la Constitución y la ley, y rechazar con el mayor vigor los intentos de los criminales para utilizar a las instituciones como medio de protección e impunidad para sus crímenes.
Corresponde al Tribunal Supe-rior de Justicia y a los jueces y magistrados que lo integran, a nadie más, ejercer la función judicial en el Distrito Federal. El respeto a la autonomía de esa función también es pilar del Estado democrático de Derecho. El Tribunal, sus integrantes y su Presidente, en particular, han respetado plenamente la atribución del Ministerio Público de investigar y perseguir los delitos, incluso cuando el ejercicio de esta tarea ha afectado a servidores públicos que se desempeñan en él. Reiteramos nuestro reconocimiento y el respeto absoluto de la Procuraduría al ejercicio de las atribuciones jurisdiccionales exclusivas del Tribunal.
Esta honorable Asamblea inició un proceso legislativo de la mayor trascendencia para proteger a las víctimas y testigos, cuyas declaraciones son fundamentales en el proceso legal debido para inculpar y sancionar a los delincuentes, con la expedición de las reformas al Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal en vigor desde el primero de octubre de 1999.
Con el cambio reglamentario, se integraron los servicios de atención a víctimas con los servicios de prevención del delito, y están integrándose con los de servicios a la comunidad en el proceso de descentralización a las agencias desconcentradas. Durante 1999, se atendieron a 21,361 víctimas de delito violento, se dieron 18,900 terapias de apoyo a víctimas de delitos sexuales, se localizaron a 17,701 personas extraviadas y ausentes y se atendieron 15,067 víctimas de violencia intrafamiliar.
Las víctimas y testigos frecuentemente son sujetos de intimidación y amenazas. Las instituciones encargadas de proteger sus derechos, no debemos olvidar que las víctimas y testigos también son seres humanos, que tienen los mismos derechos fundamentales por el hecho de serio, y que también merecen toda la protección de las instituciones y de la sociedad. La seguridad de la población de la Ciudad requiere continuar con el establecimiento del marco debido de protección de víctimas y testigos que ustedes han iniciado.
Si bien los delitos de orden patrimonial fueron el motivo del descontrol de la criminalidad en la década pasada, nuestra comunidad no confronta un desafío por el esparcimiento de la criminalidad homicida que azota a otras ciudades y metrópolis del país y del extranjero. A pesar de que la población, residente y fluctuante del Distrito Federal, ha seguido creciendo en esta década, el índice de denuncias por homicidios dolosos disminuyó de 1,204 en 1995, a 880 en 1999.
Algunos homicidios de gran resonancia han estado relacionados de una u otra forma con el mercado ilícito de narcóticos que opera fuera del Distrito Federal y cuyo conocimiento es competencia del Ministerio Publico Federal. No obstante, el Ministerio Publico del Distrito Federal debe investigar y perseguir los homicidios cometidos en su territorio, que ciertamente afectan la seguridad de su población.
Reestructuración de la organización y funcionamiento de la Procuraduría
La actualización de los principios constitucionales de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia, consagrados en los artículos 21, 113 y 134 de nuestra Constitución, constituyen el fundamento y la guía rectora del Programa de Trabajo de la Procuraduría y de sus estrategias de reestructuración institucional.
El marco normativo conducente está integrado por el nuevo reglamento de la Ley Orgánica que tuvo a bien expedir el C. Presidente de la República, Dr. Ernesto Zedillo, a propuesta del entonces C. Jefe de Gobierno, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y que fue publicado el 27 de octubre de 1999, as como la normatividad administrativa correspondiente expedida por el procurador en materia de servicio publico de carrera, de atención al publico y organización de agencias y fiscalías, de estímulos y reconocimientos a la productividad.
El punto de partida fue la actualización y el perfeccionamiento de la base estadística de la Procuraduría para poder planear el desarrollo institucional y medir resultados en su desempeño.
La profesionalización y responsabilización de Ministerio Público y de sus auxiliares es el cimiento del servicio público de carrera capaz de cumplir y hacer cumplir las leyes. Su punto de partida es la significación de las condiciones de trabajo de agentes y secretarios del Ministerio Público, de Policía Judicial y de peritos, estableciendo la normatividad institucional administrativa correspondiente.
De agosto de 1998 a mayo de 1999 se regularizan los agentes del Ministerio Público, incluidos oficiales secretarios, policías y peritos que acreditaron ante el Instituto de Formación Profesio-nal, los niveles básicos profesionales para la investigación técnica conforme a Derecho. Cada servidor público que aprobó los exámenes correspondientes y que decidió mantenerse en la institución suscribió el código de conducta previsto en la Ley de Responsabili-dades, su aceptación de las consecuencias administrativas y penales que conlleva el violarlo y la tolerancia cero a la corrupción. Consecuentemente, se incrementaron, a quienes a6eptaron, los niveles de sus percepciones a las condiciones profesionales más competitivas de la República.
El Instituto de Formación Profesional es el cimiento para consolidar y desarrollar el servicio público de carrera. Además del programa de regularización referido antes, ha expedido siete convocatorias públicas para cubrir 1,537 plazas de nuevo ingreso de agentes de Policía Judicial, peritos y oficiales secretarios del Ministerio Público, y diez convocatorias internas para regularizar y promover a 667 servidores públicos de la Institución, incluyendo los de nueva creación de responsables de agencia investigadora desconcentrada. En 1999 impartió cursos correspondientes a 894,853 horas hombre.
La responsabilización del Mi-nisterio Público como representante del interés social de acuerdo con sus atribuciones constitucionales, ha sido eje de la reestructuración orgánica y funciona de la Procuraduría. Se informó antes de la eliminación de los tramos burocráticos innecesarios en la integración y consignación de la averiguación.
También se precisaron las bases y especificaciones para responsabilizar por la atención y servicio a la población, los procedimientos y la organización de las agencias del Ministerio Público. Se establecieron consecuentemente las obligaciones del Ministerio Público, de la Policía Judicial y de los Servicios Periciales, relacionándolas con la asignación de recursos, carga de trabajo e índices de productividad de unidades, agencias y fiscalías de investigación, procesos y revisión.
En enero de este año, la Visitaduría institucionaliza un programa regular de auditoras de supervisión a las agencias y fiscalías de Ministerio Público para asegurar el cumplimiento de la normatividad respectiva. El paso siguiente ha sido la institucionalización de un sistema de reconocimientos y estímulos económicos al nueve por ciento de los agentes y secretarios de Ministerio Público, Policía Judicial, peritos y supervisores que alcancen los niveles superiores de productividad y de excelencia profesional.
Con el nuevo reglamento interno de la Procuraduría, se revaluó el nivel administrativo de la Jefatura de la Policía Judicial y de la Coordinación General de Servicios Periciales. La nueva normatividad administrativa estableció la responsabilidad individual de los agentes de la Policía Judicial y de sus supervisores por la diligenciación oportuna y debida de las averiguaciones previas, mandamientos judiciales e intervenciones constitutivas de su carga de trabajo y, consecuentemente, se adecuó el marco de organización y supervisión de la Policía Judicial.
Los Servicios Periciales son el órgano auxiliar del Ministerio Público de investigación científica. Estamos desconcentrando a todas las agencias investigadoras los servicios básicos de medicina legal, criminalística, fotografía y dactiloscopía integrados en peritos polifuncionales en estas especialidades, y de retrato hablado. Se está ampliando la instalación del sistema de identificación camina a todas las agencias que diligencian con personas detenidas. Se completó el laboratorio de grafoscopía. Se está integrando el nuevo laboratorio informatizado de foneatría y de balística y ampliando la capacidad del de genética y patología, para que los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal consoliden los niveles de excelencia que los distinguen.
Desconcentración y especialización
Sigue en curso el proceso de descentralización de recursos de la Procuraduría hacia las agencias de investigación desconcentradas y hacia las de procesos.
Las agencias de investigación desconcentradas del Ministerio Público reciben e inician, más del 95% de las averiguaciones previas. Son las unidades de servicio básicas en donde asiste la población en demanda de justicia y sus demandas deben corresponderse con la obligación del Estado de procurarla primero y administrarla después.
Se trata de que sus servicios de Ministerio Público, Policía Judicial y peritos, tengan la suficiencia de recursos para resolver debidamente las demandas de la población que acude a nuestras agencias en busca de justicia. Para ello, en el mes de mayo se deber completar la integración del personal ministerial, policial, pericial y la asignación de recursos presupuestales de acuerdo con su carga de trabajo.
El principio es que sólo en los casos en que las agencias y fiscalías desconcentradas no tengan los elementos suficientes para integrar la averiguación previa, en aquellos en que por su impacto en áreas fuera de su jurisdicción o por su monto o materia acotada, las averiguaciones deben ser diligenciadas en las agencias y fiscalías especializadas de investigación central, de secuestros, robo de vehículos, de delitos cometidos por servidores públicos, delitos financieros, delitos sexuales, menores e incapaces y homicidios.
Algunas de estas fiscalías especializadas, Servidores Públicos, Sexuales, Menores y Robo de Vehículos, también mantienen agencias especializadas desconcentradas para conjugar los requerimientos de acercar los servicios a la población y mantener la especialización necesaria para su materia en las reas de mayor incidencia de los delitos respectivos.
También se ha establecido un marco de especialización desconcentrada para la atención de los daños en propiedad ajena por accidentes automovilísticos, dado el crecimiento del parque vehicular y el congestionamiento en las agencias con competencia genérica. Con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, y en especial de la Secretaría de Seguridad Publica, se prevé que en mayo estén operando cinco agencias especializadas desconcentradas adjuntas a la de Robo de Vehículo, con los espacios adecuados de estacionamiento.
En 1999 se pusieron a disposición del Ministerio Público 22,237 vehículos por accidente de tránsito, fueron recuperados 27,593 vehículos robados y se entregaron 47,881. Actualmente se encuentran en los estacionamientos correspondientes 11,500 vehículos que integran el rezago histórico acumulado.
Se ha reestructurado la administración de bienes asegurados y se ha iniciado un programa de agilización de trámites para equilibrar el ingreso con el egreso de vehículos asegurados, descongestionando los espacios en el próximo semestre.
Se integró en una Fiscalía especializada la investigación de robo a transportista y de vehículos, por la conexidad de los ilícitos y la operación de la criminalidad organizada que los distingue y la necesidad de coordinación con otras autoridades locales, nacionales e incluso internacionales, dada la amplitud territorial de los mercados ilícitos. El programa Serpico, instituido en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, enriqueció en forma importante la eficacia persecutoria del robo a transportista que ha permitido disminuir su incidencia de 63 en 1997 a 33 delitos en promedio diario en la actualidad. Se ha abatido en más del 60% el rezago en las determinaciones de las averiguaciones de robo a vehículo.
Sin embargo, el proceso de abatimiento de robo de vehículo, de 173 en promedio diario en noviembre de 1997, se ha estabilizado, siendo el promedio diario en marzo de este año de 123.3 (29% menos). Consecuentemente, en septiembre del año pasado la Procuraduria inició una reestructuración de raíz de la Fiscalía de Robo de Vehículo para racionalizar su funcionamiento administrativo, para abatir el rezago, para disponer oportuna y debidamente de los vehículos robados, para atender con eficacia las denuncias de corrupción interna, para dar seguridad jurídica y eliminar bases para la extorsión de adquirentes de buena fe de vehículos robados.
La Procuraduría ha planteado, en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y ante las autoridades federales correspondientes, su posición ante el Registro Nacional de Vehículos en los términos siguientes:
"Consideramos que el Registro Nacional de Vehículos Automo-tores puede ser una medida importante para restablecer controles perdidos del Estado mexicano sobre el parque vehicular en el territorio nacional, a raíz de la desaparición del Registro Federal de Automóviles (con sus tres versiones) y del emplacamiento bianual. Su pérdida ha incidido en el crecimiento del mercado ilícito de vehículos y autopartes y en estimular consecuentemente el robo de vehículos.
"Sin embargo, la medida resulta contraproducente cuando dicho registro se adscribe a una dependencia que no tiene competencias fiscalizadoras, como las de la Secretara de Hacienda en el caso del Registro Nacional Federal de Vehículos, ni competencia policial, preventiva o investigadora. Más contraproducente resulta aún cuando el Estado abdica de esta función fundamental y la abandona al mercado, concesionándola como negocio privado, en total estado de vulnerabilidad frente a los niveles de lucro que produce el mercado ilícito de vehículos robados. Bajo esta hipótesis que predomina en el planteamiento actual del Registro Nacional de Vehí-culos, lo que resulta es un estimulo adicional para su robo y para el comercio ilícito de los mismos y de autopartes".
La Fiscalía de Seguridad de las Personas consignó 40% de las averiguaciones previas iniciadas por secuestro y el 91% de las que se iniciaron con detenido, mejorando todavía su nivel de 1998.
Está en proceso la reestructuración de la Fiscalía para Delitos Sexuales y de Menores e Incapaces, para que sus unidades desconcentradas inicien, investiguen, integren y determinen las averiguaciones previas correspondientes y la adecuación de las instalaciones y su equipamiento para sus requerimientos específicos. La Fiscalía de Delitos Sexuales mantuvo su elevado índice de 23% de averiguaciones consignadas en relación a las iniciadas y la de Menores de más del 50% de averiguaciones remitidas al Consejo de Menores en relación a las iniciadas. También estableció dos unidades de investigación en el albergue temporal de la Procu-raduría, para agilizar la atención de menores exposito y susceptibles de adopción y dar certidumbre sobre su situación jurídica.
La Fiscalía de Delitos Finan-cieros se reestructuró para conocer de asuntos por un monto de más de 15,000 salarios mínimos, descentralizando a las agencias desconcentradas el conocimiento de asuntos por un monto menor. Se integraron a ella los servicios periciales necesarios en materia de contabilidad y grafoscopía y ha abatido su rezago en más de 25%.
Se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 135 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, estableciéndose la Fis-calía Especial para la Atención de Delitos Electorales y se firmó un acuerdo de cooperación nacional en la materia. Están en trámite once averiguaciones previas y se han consignado dos.
Con base en la desaparición de las Direcciones Generales de Consignaciones, se establecieron reglamentariamente las Fiscalías de Procesos, tres de las cuales se desconcentraron, junto con sus agencias, a cada uno de los Reclusorios del Distrito Federal en donde se encuentran los juzgados penales de primera instancia. Su eficacia persecutoria de la criminalidad también se advierte en la fase del proceso penal. El coeficiente de autos de formal prisión frente a autos de libertad es de 98% y el de sentencias condenatorias en relación al de sentencias absolutorias es de 92%.
Instalaciones, equipamiento y administración
La reorganización de la Procuraduría conforme a los principios constitucionales referida, también ha implicado un proceso de adecuación de instalaciones, equipamiento y organización administrativa.
Al inicio de la actual administración, los tres edificios centrales de la Procuraduría estaban alquilados. Actualmente, los locales ya son propios y la Procuraduría está en condiciones de completar este año su programa de desarrollo inmobiliario.
Este año quedará renovado en 70% el equipo de patrullas que requiere Policía Judicial.
Se suscribieron con las compañías IBM y Ericcson convenios para que cumplieran los contratos celebrados en 1996 por un monto conjunto de 54.5 millones de dólares, y para que repararan el daño ocasionado por su incumplimiento por un monto conjunto de 16 millones de dólares, mismo que a la fecha se ha ejercido en más de un 90%.
Se está instrumentando el ejercicio del presupuesto por carga de trabajo y desarrollando un proceso para la colegación efectiva, desmonopolización y transparentación de las adquisciones de bienes y servicios y la contratación de obra.
Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Esta ha sido la única orientación política de los Jefes de Gobierno de Distrito Federal, el C. ingeniero Cuauhtémoc Cár-denas y la C. licenciada Rosario Robles, con cuya confianza fui nombrado y he desempeñado desde el 5 de diciembre de 1997 el cargo de Procurador General de Justicia de Distrito Federal. Esta es la única premisa política para el desempeño debido de las atribuciones y funciones de Ministerio Público en el desarrollo de un Estado democrático de Derecho.
La Procuraduría también deja constancia de su reconocimiento a esta Honorable Asamblea Legis-lativa no sólo por las leyes que ha expedido para promover ese desarrollo, sino también porque su inscripción en la vida de la Ciudad y de su gobierno es una fuente viva de democracia constitucional.
Muchas Gracias.