VIERNES 31 DE MARZO DE 2000
Ť Podría aplazarse la audiencia para desaforarlo
Interrogan a prima de Pinochet por el asesinato de Letelier
Ť EU no busca algún nexo del ex dictador con el crimen, afirma
Enrique Gutiérrez, corresponsal, Santiago, 30 de marzo Ť La ex ministra pinochetista Mónica Madariaga, tras ser interrogada por el juez chileno Joaquín Billard, descartó que la justicia de Estados Unidos busque establecer algún nexo de Augusto Pinochet en el asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier.
Madariaga, ex titular de Justicia y Educación del régimen militar y prima de Pinochet, respondió a un interrogatorio de tres horas ante un tribunal local conforme al exhorto de la justicia estadunidense sobre el caso Letelier, y estimó que las preguntas apuntaban a "ver cómo era el desarrollo de la línea de mando".
Al salir del tribunal, la ex funcionaria dijo haber negado que ella haya intervenido en ese crimen, pero aceptó que participó en la decisión del gobierno militar de entregar en abril de 1978 a Estados Unidos al agente Michael Townley --uno de los autores materiales del crimen-- a instancias del entonces subsecretario del Interior.
El subsecretario del Interior de esa época era el general Enrique Montero, quien compareció el pasado miércoles ante Billard, así como el ex general Raúl Iturriaga, implicado éste también en el atentado fallido en Italia contra el ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton.
Pero la primera que fue interrogada este martes fue la ex agente Mónica Lagos.
En algunas de las diligencias estuvieron presentes los dos fiscales estadunidenses enviados a Santiago, John Beaseley y John van Lonkbuyzin, junto al abogado chileno que los representa, Alfredo Etcheverry, pues el gobierno estadunidense dice querer aclarar el crimen y que todos los responsables sean enjuiciados.
Después de que la víspera la Corte de Apelaciones anunció que la audiencia para el desafuero de Pinochet comenzará el 12 de abril, hoy se barajaba que la fecha podría aplazarse hasta el 3 de mayo ya que cada una de las partes --acusación o defensa-- puede suspender al menos una vez la vista de la causa.
Mientras, otra polémica surgió entre la acusación y la defensa en cuanto a los alcances del proceso de desafuero, al tiempo que analistas comentaban que las repetidas visitas de Pinochet al Hospital Militar tendrían que ver con una intensificación de los controles médicos con miras a rescatarlo nuevamente de los tribunales.
Uno de los abogados querellantes, Iram Villagra, apeló a las leyes para señalar que éstas establecen expresamente que "debe culminarse el proceso de desafuero" antes de un pronunciamiento sobre la condición mental del acusado.
El Código de Procedimiento Penal chileno sólo exime de un juicio por razones de demencia, que debe probarse con exámenes clínicos. Y, como se sabe, el gobierno británico liberó a Pinochet al determinar que problemas de salud impedían ser llevado a juicio en Madrid.
Villagra citó otro de los artículos del Código de Procedimiento Penal para reforzar su argumentación, que a la letra dice que "si después de cometido el delito cayese el imputado en enajenación mental, se continuará" el sumario hasta el fin.
En contraposición, los defensores del ex dictador están en desacuerdo y citan que la Constitución señala que nadie puede ser juzgado ni condenado sin el debido proceso, que incluye que el inculpado pueda dirigir su defensa, lo que supuestamente su cliente no podría hacer, y de allí que deberían practicársele nuevos exámenes para conocerse su real estado de salud.
Nuevas denuncias ante los tribunales surgieron debido al hallazgo de 13 osamentas con huellas de violencia e impactos de bala tras las excavaciones en una fosa común en Concepción; algunas versiones señalan que los restos pertenecerían a 16 personas.