VIERNES 31 DE MARZO DE 2000
Ť "Total apoyo" de Amnistía Internacional a Rigoberta Menchú
España no tiene jurisdicción para juzgar a guatemaltecos: Fungairiño
Ť El ultraconservador fiscal solicitó el archivo de la causa del juez Ruiz Polanco contra 8 represores
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 30 de marzo Ť El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, solicitó este jueves el "archivo" de la causa emprendida por el juez Guillermo Ruiz Polanco contra ocho militares y policías represores guatemaltecos, acusados en diciembre pasado aquí por la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, de genocidio, terrorismo de Estado y tortura.
Fungairiño, que también discrepó en los procesos contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet y las juntas militares de Argentina, considera que los tribunales españoles carecen de jurisdicción.
Al mismo tiempo, el fiscal elogió la supuesta "voluntad" del gobierno del presidente guatemalteco, Alfonso Portillo --en el poder gracias al apoyo de uno de los propios inculpados, Efraín Ríos Montt, y a su partido el Frente Republicano Guatemalteco--, de "hacer justicia respecto de sus errores del pasado".
De su lado, la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional, que es parte de la acusación particular, manifestó su "total apoyo" a la demanda de Menchú.
La postura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional no sorprendió a nadie: Fungairiño, un juez ultraconservador cercano al Opus Dei y a los poderes más reaccionarios del Estado español, ha sostenido en los procesos judiciales antes mencionados teorías que han provocado la airada y casi unánime crítica de los juristas de este país.
Por ejemplo, Pedro Rubira, vocero del fiscal jefe, argumentó en el proceso contra Pinochet que "los torturadores chilenos lo hacían con la finalidad no de investigar hechos, sino para originar terror en la ciudadanía chilena, o para obtener informaciones de otras personas", para acto seguido señalar que "este tipo de torturas no es sujeto de enjuiciamiento".
La Fiscalía de la Audiencia Nacional sostiene en el caso Guatemala que en lo acontecido en la embajada de España --incendiada luego que fue ocupada pacíficamente por un grupo de campesinos que exigían tierras y el cese de la violencia en el occidente del país, con saldo de 14 funcionarios de la embajada y 25 labriegos muertos, entre ellos el padre de Rigoberta Menchú-- "el ordenamiento jurídico no regula a las embajadas como territorio español en el extranjero", por consecuencia "no es competencia" de la justicia española.
Adujo también que tras la quema de la embajada los gobiernos de España y Guatemala rompieron relaciones diplomáticas, que fueron restablecidas tras la publicación de un "comunicado conjunto" en el que el país centroamericano se comprometió a fincar responsabilidades.
Si el acuerdo se hubiera incumplido, "sólo corresponde al gobierno (español), como representación del Estado, impugnar su cumplimiento", alegó la Fiscalía.
El recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional se sustenta en el "principio de cosa juzgada", al tener en cuenta los acuerdos entre las partes beligerantes en el conflicto armado en Guatemala, que durante más de tres décadas provocó 200 mil muertos, según un informe de la Organización de Naciones Unidas.
Este recurso de la Fiscalía tendrá que ser sometido al pleno de la Audiencia Nacional, que en los casos precedentes de Chile y Argentina optó por la indagación de los delitos, en este caso genocidio, tortura, asesinato y secuestro.
Menchú, por su parte, dijo en Ciudad de Guatemala que respetará la decisión de la justicia española ante su denuncia y calificó de "normal" que la Fiscalía pidiera desestimar esa demanda.
"La Fiscalía debió responder a la resolución del juez, es un procedimiento normal en el sistema de derecho español y una práctica en el mundo; nosotros respetaremos la decisión del juez y al mismo tiempo el proceso legal que va a llevar la demanda", señaló Afp.
La premio Nobel explicó que la demanda contra los ex uniformados aún debe pasar por otras instancias jurídicas "porque así es el Estado de derecho", y precisó que la iniciativa de la Fiscalía "no es una apelación total, sino un recurso de reforma, una figura diferente a la apelación que pide que el juez revise el dictamen".
Al tiempo, Amnistía Internacional reiteró hoy su "total apoyo" a la causa de los 45 mil familiares y víctimas de la represión del ejercito guatemalteco, que forman la acusación particular y popular.
Andrés Krakenberguer, presidente de la organización humanitaria en España, explicó a La Jornada que éste "es un momento muy importante en la defensa de los derechos humanos", para lo que pidió el "impulso mundial" a favor de este proceso judicial para traer a España a "los perpetra- dores de la agonía de Guatemala", dadas las "atrocidades que empiezan a florecer".
En Guatemala, cientos de campesinos e indígenas comenzaron movilizaciones en el interior del país para marchar este viernes a la capital en demanda de tierras, reportó la agencia Afp.