Enrique Graue W.
La nueva ley de trasplantes

EN FECHAS RECIENTES la Secretaría de Salud (Ssa) presentó ante la población y algunas instancias médicas de opinión, una propuesta de modificación a la actual ley en materia de trasplantes. Su cambio más significativo es que en la nueva propuesta todos los mexicanos nacemos donantes con pleno derecho a expresar la negativa de donar los órganos, a diferencia de la legislación vigente en donde la disposición de órganos se da por voluntad expresa en vida, por disposición de los familiares o del Ministerio Público.

Ambas legislaciones son parecidas, ya que se dan en circunstancias similares, pues bien yo o mis familiares disponemos de mis órganos; o bien yo, en vida, niego que se disponga de ellos.

Sin embargo, existe una diferencia sustancial entre ambas posturas, ya que en la legislación actual el Estado se obliga a crear una cultura de donación a través de campañas ex profeso y a sostener una infraestructura de captación de información sobre los posibles donantes, mientras que en la legislación propuesta el Estado compromete a la sociedad con la donación otorgándole a ésta la obligación de informarse y, sobre esa información, la posibilidad de decidir. La referida propuesta obedece a una necesidad manifiesta. Se requiere de más tejido y órganos viables para ser trasplantados.No puedo hablar por otros órganos, pero sí por el caso de las córneas, que por cierto, es el trasplante más frecuente en éste y otros países.

En la ciudad de México, por ejemplo, la necesidad de córneas se estima en mil 200 casos nuevos por año, mientras que la obtención anual promedio es de 500 córneas, lo cual representa que 50 por ciento de los casos que requieren de un trasplante de córnea se quedan sin la posibilidad de ser rehabilitados.

Lo anterior, sin considerar el rezago que ancestralmente acarreamos de tejido corneal, razón por lo cual hace algunos años se abrió la frontera a la importación de tejido, con la consecuente sangría en un renglón más de la economía nacional.

Un hecho es evidente: con la legislación actual la demanda de órganos y tejido para ser trasplantados supera con mucho la obtención que se consigue.

Las razones de esta deficiencia en parte se encuentran en la actual legislación, ya que la generación de una cultura de donación altruista es siempre muy lenta y requiere de campañas constantes y de una infraestructura mayor de bancos de órganos y tejidos.

Y éstos, a su vez, no crecen porque la obtención es escasa y los costos de operación no son necesariamente bajos. De ahí que nos hayamos estancado.

Ante ello, la Secretaría de Salud propone un cambio de matiz: hay que nacer donantes y si quiere uno negar la donación tiene uno pleno derecho a hacerlo por escrito.

Con ello se elimina el compromiso de mantener una campaña constante de donación y se estimula la creación y operación de bancos de órganos y tejidos.

La propuesta es interesante, ya que elimina el concepto del ultraje y de la ilegalidad del acto de la donación, y abate sustancialmente los costos de las campañas de promoción para la donación.

En todo ello, el nacer donantes es beneficioso.

Pero existen dudas justificables de la correcta aplicación de una ley como ésta. Tendríamos, para aceptarla, que saber que existe un respeto irrestricto de los ciudadanos mexicanos a negar la donación y que para ello estén debidamente informados.

Que el derecho a negar la donación se extienda a los familiares en primer grado del fallecido, aunque éste no haya expresado su voluntad de negar la donación y, mucho menos por escrito.

El derecho de disponer del cadáver es un derecho histórico e inalienable que han tenido los familiares cercanos.

Negarlo sería un ultraje.

La propuesta de ley, si bien no es la panacea, sí se antoja más congruente con la realidad nacional.

Otras naciones latinoamericanas han mejorado sustancialmente su necesidad de tejido, sin que ello haya representado mayores fuentes de corrupción o agresión a la población.

Si la Secretaría de Salud es capaz de crear en breve las condiciones políticas y sociales adecuadas, y los organismos descentralizados encargados de la correcta supervisión de administración y regulación, la aplicación de la nueva ley debe ser bienvenida.

Sin las adecuaciones a su contenido y a la infraestructura de salud, la nueva ley en materia de trasplantes puede ser vejatoria y fuente de corrupción.