Ť Condena de las "indebidas acciones de presión, coacción e intimidación"
El Senado pide respeto para la CDHDF
Ť Respaldo del legislador perredista Jorge Calderón a la tarea del ombudsman Luis de la Barreda
Alonso Urrutia Ť Ante el ombudsman Luis de la Barreda, el senador perredista Jorge Calderón condenó "las indebidas acciones de presión, coacción e intimidación" que la Procuraduría General de Justicia capitalina realiza en contra de integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. De igual forma, pidió que la autoridad acate la recomendación en torno al caso Paola Durante, presuntamente implicada en el asesinato de Francisco Stanley.
De la Barreda retomó el tema y encomió la "valiosísima" postura del perredista, porque uno de los problemas serios de los derechos humanos en la Europa Oriental de los ochenta "fue la propia complicidad de los militantes del Partido Comunista, pues cualquier denuncia que se hiciera en estos regímenes era hacerle el juego al imperialismo yanqui, a la reacción, a las fuerzas contrarrevolucionarias".
El ombudsman acudió ayer a reunirse con la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República para hablar sobre su actuación en la capital, y ahí destacó que las condiciones existentes en este renglón son mejores que las que prevalecen en otras entidades.
En lo que fue la primera comparecencia de funcionarios capitalinos ante la citada comisión, ésta sirvió para las críticas perredistas contra la actuación de "algunos funcionarios" del gobierno de su partido. Puede haber, dijo Calderón, diferencias de opiniones o de interpretación de leyes, o bien la autoridad puede reservarse de aplicar las recomendaciones, pero es inadmisible que se pretenda presionar a la CDHDF.
Es necesario, continuó, que exista un diálogo respetuoso de las atribuciones que cada entidad tiene, "particularmente en el caso de una persona que usted ha recomendado que debe ser revisado por las características de la acusación, y usted ha informado que no tiene fundamento jurídico. Yo espero que a la brevedad la procuraduría tome debida nota de la integralidad de la recomendación y la aplique en forma tan sólida como la ha sugerido la comisión".
Solidaridad hacia el defensor; recelo a hacerlo públicamente
De la Barreda respondió que en su reciente comparecencia ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal muchos legisladores perredistas le externaron su solidaridad en su disputa con la PGJDF, pero le precisaron su imposibilidad de externarlo en público.
Dijo que era importantísima la postura del senador perredista, porque no fue sólo una intimidación, sino que también hubo actos de agresión.
En otro orden de ideas, De la Barreda recalcó que la situación de los derechos humanos en la capital está en mejores condiciones que la gran mayoría de las entidades.
S bien señaló que se han abatido las prácticas de tortura, también deploró que en algunos casos denunciados la autoridad competente las reclasifique y hable de abuso de autoridad.
Durante la comparecencia, el senador priísta Trinidad Lanz Cárdenas expuso que sería necesario que las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos tuvieran carácter vinculatorio para que fueran acatadas.
Sin embargo, el propio De la Barreda consideró que tal y como está actualmente es como debieran operar las comisiones y como lo hacen en la mayor parte del mundo. Dijo que la principal sanción del no acatamiento es moral, porque se evidencia públicamente su desacato
Tras citar que aun cuando no tienen fuerza coactiva se han cumplido 80 por ciento de sus recomendaciones, señaló que modificar la legislación para darle un carácter vinculatorio, "equivaldría a convertir a la institución en un poder judicial paralelo o algo muy similar".
Explicó, en ese sentido, que incluso la mayor parte de las recomendaciones que no han sido cumplidas no obedecen a una reticencia de la autoridad, sino a insuficiencias en la infraestructura o en el presupuesto.
Destacó que el principal problema de derechos humanos que existe actualmente es la dilación en la procuración de justicia, que parte desde el incumplimiento de las órdenes de aprehensión. Así, aunque se giren, en muchas ocasiones la ineficacia de la Policía Judicial impide su cumplimiento en los términos que requeriría la justicia.