JUEVES 30 DE MARZO DE 2000
Ť Debe determinar el monto de las aportaciones ilícitas que recibió el PRI
Acción Nacional solicita al IFE investigar desvío de recursos en NL
Ť El ex tesorero Xavier Doria habría canalizado cantidades millonarias al tricolor desde 1993
Mireya Cuéllar Ť Luis Felipe Bravo Mena, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral que se investiguen las actividades económicas del PRI en Nuevo León para determinar "el monto exacto de las aportaciones ilícitas recibidas desde 1993 hasta el presente", y dijo: "confiamos en la voluntad política del IFE para hacer una investigación a fondo".
Es público en Nuevo León -argumenta el PAN-, a raíz de que en julio de 1999 fue aprehendido y sujeto a proceso penal Xavier Doria González, ex tesorero del gobierno estado durante el interinato de Benjamín Clariond Reyes, que dicho funcionario sustrajo "de manera delictiva y por montos que deben ser determinados mediante perito contable, diversas cantidades de dinero para beneficio del Partido Revolucionario Institucional, es decir, se utilizaba el dinero del erario estatal en beneficio del partido político denunciado".
En esta historia donde el protagonista ha sido Xavier Doria, en distintas declaraciones ministeriales, entre ellas la de Emilio Treviño, quien colaboró con Doria en el cargo de director de Aplicación Presupuestal y Contabilidad de la Tesorería del estado, ha salido a relucir que "de una cuenta Banorte número 051-34753-6 y otra de Banamex, se destinó un total de 60 millones de pesos para apoyar al PRI".
Lo "especialmente grave", dice el PAN, es que en las cuentas bancarias de la Unidad de Integración Educativa del gobierno del estado o Comité Regional para Estudios Metropolitanos, de donde se sustrajo dinero en beneficio del PRI, aparecen aportaciones disfrazadas a nombre de la empleada doméstica María Elena López, Ricardo Garza Villarreal, Raúl Rangel Hinojosa "y de otros priístas", por lo que es necesario que el IFE realice una auditoría a las finanzas partidistas y determine el monto exacto de las aportaciones ilícitas recibidas desde 1993 hasta el presente.
En la solicitud de investigación que el PAN hace a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones y Partidos Políticos se incluye la confesión pública que hizo el ex dirigente estatal del PRI y actual director de Desarrollo Social del gobierno de Coahuila, Horacio del Bosque Dávila, quien en un desplegado publicado en el Diario de Monterrey reconoce que recibió apoyos económicos de la Tesorería del estado a lo largo de su dirigencia como derivación de un procedimiento preestablecido y como una "práctica histórica arraigada en el país desde hace muchos años en los usos y costumbres de las relaciones de todos los partidos con sus gobiernos".
Para las investigaciones, el PAN propone a la comisión que considere los elementos que pudieran aportar Banamex y Banorte, la Procuraduría General de Justicia del Estado y la autoridad electoral de Nuevo León, por lo que "respetuosamente solicito se les requiera la expedición y entrega de los informes anuales de ingresos y egresos y de campaña presentados por el partido denunciado tanto en el ámbito federal como en el local, así como los anexos consistentes particularmente en los estados de cuenta de todas aquellas que aparezcan a nombre de los involucrados y del propio PRI, así como de las indagatorias ministeriales seguidas en contra del señor Doria González y demás dirigentes priístas involucrados en el ilícito penal y electoral".
En los documentos que aporta el PAN como "indicios" -sobre todo notas de prensa- hay varios cuestionamientos acerca de que, según algunas declaraciones, de las cuentas citadas salieron 60 millones de pesos pero el PRI sólo recibió 8 millones. Así que del peculado en prejuicio del erario estatal de que se acusa a Doria por 173 millones de pesos, 60 habrían tenido como destinatario el PRI, pero 52 nunca llegaron.
El representante de la Alianza por el Cambio ante el IFE, Germán Martínez, comentó que la denuncia será una prueba más a la imparcialidad del Consejo General del instituto y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque sea cual sea la resolución seguramente el asunto terminará en el tribunal.
El alegato jurídico de Bravo Mena se basa en el artículo 49-b, párrafo 2, incisos i) y h) del Cofipe, que prohibe a dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizados o paraestatales, y a los organismos del gobierno del Distrito Federal realizar aportaciones a los partidos en especie o dinero.