MIERCOLES 29 DE MARZO DE 2000
Ť Diez días, el plazo para integrar la documentación sobre el caso Guatemala
Capturar a represores, piden abogados españoles
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 28 de marzo Ť El sumario del caso Guatemala, que pretende juzgar a los altos mandos del ejército y la policía de ese país que victimaron a 200 mil personas entre 1962 y 1996, en su mayoría de origen maya, cuenta con 10 días para quedar integrado con la documentación de las denuncias y detallar de los nombre de los testigos llamados a comparecer.
La información fue proporcionada por la Fundación Rigoberta Menchú, que representa a la acusación particular y popular, entre las que se encuentran las propias víctimas del régimen militar guatemalteco, familiares de los 45 mil desaparecidos, el sindicato español Comisiones Obreras, Am- nistía Internacional y el entonces embajador español en el país, Máximo Cajal, que salvó la vida tras un intento de linchamiento a manos de los militares.
El plazo fue fijado por el juez Guillermo Ruiz Polanco, de la Audiencia Nacional, para que la acusación integre la documentación, y el magistrado Antonio García confirmó que todo está listo para integrar el sumario con información de 600 matanzas que se tienen documentadas en 12 tomos.
Los abogados acusadores también solicitarán una orden de captura contra los ocho militares y altos cargos guatemaltecos acusados de genocidio ante la Audiencia Nacional --máxima instancia penal española-- si los acusados no se presentan en Madrid en un plazo de 10 días, o si Guatemala no facilita sus domicilios.
El gobierno español, a través de su vocero Josep Piqué, confirmó su respeto al proceso judicial y recordó que hasta el momento no se ha dictado ninguna orden de extradición, que será el momento en el que la administración de José María Aznar tendrá que actuar, tal como ocurrió en el proceso contra Augusto Pinochet.
En el auto dado a conocer el lunes el juez español consideró "luminoso" el indicio de genocidio en Guatemala, por lo que dirigió sus acusaciones contra el general Fernando Romeo Lucas, quien gobernó al país entre 1978 y 1982 y actualmente reside en Venezuela, contra el actual presidente del Congreso guatemalteco, el general golpista Efraín Ríos Montt, que dirigió el gobierno de marzo de 1982 a agosto de 1983.
También contra el general Humberto Mejía Víctores, que gobernó el país de agosto de 1983 a enero de 1986, los ex secretarios de Defensa y Gobernación Angel Aníbal Guevara y Donaldo Alvarez Ruiz --ambos residentes en Miami--, así como contra Germán Chupina, ex director de la Policía Nacional, Pedro García Arredondo, ex jefe del comando seis, y el jefe del Estado mayor del ejército, Benedicto Lucas García.
Rigoberta Menchú Tum envió un mensaje grabado en el que dijo que "la resolución de la Audiencia Nacional española es un gran mensaje para Guatemala, pues dignificará nuestra memoria y ratifica nuestro derecho a la verdad".
"Estamos preparados para pedir la detención de los acusados y presentar la documentación precisa... pues somos parte de las víctimas, lucharemos por la dignificación de nuestros muertos y nuestra memoria", dijo a la prensa la ganadora del Premio Nobel de la Paz 1992.
Gustavo Meoño, presidente de la Fundación Menchú, explicó a La Jornada que es peligroso enfrentar el poder de los militares, que se mantiene intacto, además de que ni uno de los implicados ha sido juzgado.
Meoño no soslayó la amenaza latente con la que vive Menchú, y citó la denuncia que presentó ante las autoridades guatemaltecas un abogado en representación de la cúpula militar enjuiciada, en la que se acusa a la lideresa indígena de traición a la patria, y apuntó que "la traición a la patria se paga con la vida".