COMPRA DEL VOTO

Las declaraciones formuladas ayer por el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, en el sentido de que la desigualdad social hace posibles la compra y la coacción del voto, deben ser leídas por la sociedad como una doble llamada de alerta: por una parte, sobre la persistencia de semejantes prácticas, que distorsionan profundamente la esencia de los procesos electorales regulares; por la otra, el razonamiento ųque subyace en lo dicho por el funcionarioų de que las agudas desigualdades sociales constituyen un obstáculo, acaso insalvable, para la plena vigencia de la democracia.

Las palabras de Woldenberg, pronunciadas durante la conferencia El papel de las reformas electorales en la transición democrática de México, realizada en el propio IFE, evocan también los obstáculos existentes para combatir la compra de votos, toda vez que, en un contexto de pobreza extrema, unos cuantos productos básicos o unos pocos materiales de construcción cobran más importancia, de cara a la supervivencia inmediata, que el sentido del sufragio.

De una u otra formas, las consideraciones mencionadas nos colocan ante el dilema siguiente: las prácticas electorales efectuadas enmedio del hambre ųy es el caso de las que se llevan a cabo en nuestro país, por más que las cifras oficiales se empeñen en ocultar el entornoų no pueden ser garantía, ni mucho menos, de normalidad democrática.

Al mismo tiempo, y después de 17 años de sucesivos regímenes neoliberales cuyas políticas económicas generan miseria y miserables, es claro que sólo con la conclusión de la transición a la democracia plena será posible afrontar ųy erradicarų la precariedad material en la que viven sumidos unos 27 millones de mexicanos, no pocos de los cuales representan, para los sectores más retardatarios del sistema, un caudal cautivo de votos a cambio de dádivas insignificantes, pero sobre todo indignantes: una carne de cañón electoral multiplicada por el propio régimen y sus dogmas económicos.