MIERCOLES 29 DE MARZO DE 2000

Ť Centrará indagaciones en la SSP


Investigará la PGJDF vínculos de servidores con el crimen organizado

Raúl Llanos y Gabriela Romero Ť Mediante su sistema de inteligencia policial y en coordinación con las diferentes instancias del Gobierno capitalino, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal investigará a servidores públicos que puedan estar vinculados con la delincuencia organizada.

De manera especial, dicha corporación habrá de centrar esta labor en la Secretaría de Seguridad Pública y en la Dirección de Servicios al Transporte, ya que son funcionarios de esas entidades quienes han sido denunciados en mayor medida por ciudadanos y autoridades.

Lo anterior lo precisa el informe que el procurador Samuel del Villar envió ayer a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal previo a su comparecencia de mañana.

De hecho, en ese documento también considera "conveniente" desarrollar un programa conjunto de investigaciones por enriquecimiento ilícito, pero que requeriría de la acción coordinada de la SSP y la PGJDF para su persecución eficaz.

El texto indica que por lo pronto la procuraduría ha establecido, junto con los órganos de control del gobierno local, las directrices de investigación criminal y administrativa para sancionar a los funcionarios que han incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito, acciones que, añadió, se inscriben en la lucha que se lleva a cabo contra la corrupción.

Según la dependencia oficial, esta última tarea se realiza en dos frente: la corrupción interna y la externa.

Respecto al primer ámbito, destaca que de 5 de diciembre de 1997, cuando tomó posesión de su cargo Samuel del Villar, al 29 de febrero del 2000, la PGJDF inició 3 mil 120 averiguaciones previas por diversos delitos cometidos por servidores públicos; de ellos, en mil 112 casos se propuso el ejercicio de la acción penal en contra de 2 mil 279 funcionarios.

De éstos, 804 prestaban sus servicios a la PGJDF como agentes del MP (134 sancionados); de la Policía Judicial (490 efectivos); auxiliares del MP (36 personas); peritos (17) y servidores de áreas de apoyo (127), todos ellos por delitos como abuso de autoridad, extorsión, cohecho, robo, ejercicio indebido del servicio público, contra la administración de justicia y lesiones, principalmente.