MARTES 28 DE MARZO DE 2000

Ť Acusa de genocidio a la cúpula militar que gobernó Guatemala de 1962 a 1996

Aceptó la Audiencia Nacional de España la denuncia de Menchú

Ť No admitir la querella sería una "alcahuetería", dice el magistrado Guillermo Ruiz Polanco

Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 27 de marzo Ť La Audiencia Nacional de España admitió hoy a trámite la denuncia presentada en diciembre del año pasado por la premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, en la que acusa a la cúpula militar guatemalteca -en el poder entre 1962 y 1996- de genocidio, terrorismo, asesinato y torturas.

El magistrado Guillermo Ruiz Polanco, encargado del caso Guatemala, afirmó que los tribunales españoles deben "suplir" a la jurisdicción guatemalteca, dada la "ausencia de su ejercicio honrado y eficaz", al enfatizar que no admitir la querella sería "una alcahuetería imperdonable y prevaricadora", mientras el gobierno español rechazó emitir declaraciones sobre la decisión de la Audiencia Nacional por tratarse de un tema "estrictamente judicial".

En Guatemala, Menchú, que representa al Grupo de Apoyo Mútuo (que congrega a 45 mil familiares de desaparecidos), manifestó su satisfacción por la decisión de la justicia española, y abogó por que "no se tomen decisiones políticas", como ocurrió en el proceso contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

La activista indígena anunció que pedirá a la justicia española que dicte una orden de aprehensión contra el ex presidente de facto, Efraín Ríos Montt, actual presidente del Congreso guatemalteco, y los demás acusados, refirieron las agencias de información.

Ríos Montt, a su vez, calificó la determinación de la Audiencia Nacional como "política", y en abierto desafío a una posible orden de aprehensión anunció que en las próximas semanas viajará a Estados Unidos y Francia. En su calidad de presidente del Congreso Ríos Montt no podrá ser detenido en Guatemala, a menos que se le levante el fuero, para lo que se necesita una mayoría de dos tercios.

Entre los acusados se encuentran el ex presidente Fernando Romeo Lucas (quien reside en Venezuela), y los generales Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Víctores. Los otros acusados son los ex secretarios de Defensa y Gobernación, Angel Aníbal Guevara y Donaldo Alvarez, respectivamente; el ex director de la Policía Nacional Germán Chupina; el ex jefe del Comando Seis Pedro García Arredondo, y el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García.

Los documentos entregados por Menchú el pasado 2 de diciembre pormenorizan tres hechos "paradigmáticos": la toma de la embajada española en Guatemala, en 1980, donde murieron 37 personas -14 españoles y 25 indígenas, entre ellos el padre de la activista- y en la que se dio un intento de linchamiento al entonces embajador español en Guatemala Máximo Cajal.

El segundo es el asesinato de cuatro sacerdotes españoles en la zona de Quiché; y el tercero la aniquilación étnica que ha sufrido el pueblo maya en ese país centroamericano, sustentado con declaraciones juradas e informes, entre ellos el que elaboró la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, auspiciada por Naciones Unidas, que cifró en 200 mil los muertos, 93 por ciento de origen maya.

En el sumario también destaca la denuncia por la desaparición el 19 de diciembre de 1980 de la intelectual guatemalteca Alayde Foppa, vinculada a los orígenes de la lucha por la igualdad de las mujeres en América Latina, y quien lideró la denuncia internacional de la barbarie militar de Guatemala de aquellos años.

Además de los familiares de los desaparecidos y de las propias víctimas de la represión militar, aparecen como acusación particular el sindicato español Comisiones Obreras (CCOO) y la organización no gubernamental Amnistía Internacional.

El auto judicial firmado por el juez Ruiz Polanco señala que "no pretende eludir la jurisdicción territorial primigenia" de Guatemala, pero que "no es excluyente, pues en ausencia de su ejercicio honrado y eficaz debe ser suplida por tribunales que sostienen la persecución universal de los delitos contra los derechos humanos". El magistrado también resalta que "pese a las grandes palabras, las reticencias de los Estados en la materia que nos ocupa obligan a las víctimas de los crímenes contra la humanidad, a sus herederos, a sus familias y a quienes representan el sufrimiento de todos ellos, a un costoso peregrinaje judicial internacional determinado".

Agrega que la actitud de los tribunales guatemaltecos se "califica de pasividad -cuando no de complicidad- de los jueces llamados en primer lugar a asumir el principio de territorialidad", y afirma que "mal puede el Estado en cuyo territorio se ejecutaron hechos constitutivos de delito de persecución universal aducir injerencias en su soberanía".

Sobre la hipotética "invasión de competencias" de la justicia española sobre la guatemalteca, Ruiz Polanco afirma que "lejos de invadir soberanías ajenas hacen valer la propia en función de la preservación de intereses comunes de la humanidad civilizada".

Tal y como ocurriera con los procesos abiertos contra Pinochet y las Juntas Militares argentinas, el fiscal en jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, se opuso en un dictamen judicial a este proceso, al señalar que las denuncias presentadas por Menchú se enmarcan en "un conflicto armado interno".

Ruiz Polanco dijo, en contraparte, que "los hechos ostentan la luminosa apariencia de genocidas y ello es suficiente por ahora", ya que de la denuncia "se infiere con total claridad que los hechos pretendidamente ejecutados por los denunciados se encaminaron al exterminio del pueblo maya en su realidad étnica, racial y social, en su pretextada calidad de favorecedor o encubridor -y aun de originador- de la insurgencia o revolución en Guatemala".

Asimismo, el magistrado considera que en lo ocurrido en la embajada de España -"es decir, en España", señala el auto- el gobierno de Guatemala se comprometió en 1984, tras la firma de la Convención Internacional contra la Tortura, a esclarecer y deducir responsabilidades de este sangriento episodio, sin que se hayan dado notables avances.

Por tanto, dice Ruiz Polanco, "ese compromiso exige a España la vigilancia o seguimiento de la actividad judicial guatemalteca que, sin paralizaciones injustificadas, proporcione las satisfacciones acordadas y ofrezca un ejemplo de seriedad en la averiguación y castigo de los culpables en la investigación sin pausa; y no parece que las cosas hayan devenido en la justa culminación de proceso judicial alguno". Una de las primeras diligencias judiciales será citar en calidad de testigo al embajador de España en 1980, Máximo Cajal, quien estuvo a punto de morir quemado vivo por las fuerzas militares que ocuparon la embajada y cuyo testimonio será "clave" en el proceso.