EL HORARIO AUTORITARIO

Cuando hace cuatro años, el actual gobierno implantó un adelanto de una hora para los días de verano, la población del país aceptó de buena fe la medida y los argumentos oficiales de que permitiría un sustancial ahorro de energía. Pero, desde entonces, los beneficios del llamado horario de verano sólo son evidentes para las autoridades, las cuales, por cierto, no se han tomado la molestia de informar, en detalle y con claridad, sobre los supuestos ahorros ni sobre el destino que se daría a los recursos liberados de esa forma. La población, por su parte, sólo ha cargado con las molestias correspondientes; en los recibos por consumo doméstico de energía eléctrica no se percibe variación alguna y los supuestos beneficios para la salud --en la hipótesis de que el cambio de horario permite abatir la contaminación-- son cuestionados o negados por especialistas médicos.

Se percibe que, detrás de la determinación adoptada a principios del sexenio que está por terminar, no hay más fundamento que el interés por impulsar la integración comercial con los socios de México en el Tratado de Libre Comercio y, tal vez, un afán de imitación automática de prácticas estadunidenses y canadienses.

Ciertamente, en naciones septentrionales y australes existe una gran diferencia entre invierno y verano en la duración de la luz solar y allí los cambios estacionales de horario tienen un sentido y una utilidad evidentes. En esta lógica, una medida similar sólo tendría sentido, si acaso, en la porción del territorio nacional situada al norte del Trópico de Cáncer.

Más allá de las necesarias discusiones técnicas sobre el horario de verano, es claro que el tema ha adquirido ya inocultables dimensiones de conflicto político, y hasta jurídico, toda vez que, ante la arrogancia tecnocrática y el autoritarismo con que la medida ha sido adoptada y mantenida, amplios sectores de la sociedad muestran una oposición creciente a acatar una modificación de horario que, en las actuales circunstancias, parece más un capricho del Poder Ejecutivo que una acción razonable de ahorro de energía. 17 gobiernos estatales han expresado su inconformidad y 12 de ellos presentaron ya una queja ante el Senado de la República.

En términos legales, la posición del gobierno federal parece endeble, porque no hay ningún fundamento constitucional que le otorgue la atribución de regular la hora en los relojes de los mexicanos. Más aún, la Carta Magna señala que las facultades no expresamente concedidas en ella a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados.

En este contexto, si el Ejecutivo federal no da marcha atrás en la implantación del horario de verano, parece inevitable un desacato a la medida por parte de regiones enteras del país, y probable una cascada de juicios constitucionales. Cabe esperar que el episodio sirva para que el grupo en el poder aprenda a consultar y a tomar en cuenta a la sociedad antes de decretar reglas tan discutibles como la referida.