Miguel Concha
Mujeres contra el olvido

El 13 de marzo se instaló a las puertas del Senado de la República un plantón de cerca de 80 personas, en su gran mayoría mujeres y niños. Son familiares de presos, desaparecidos y asesinados de los Loxicha, Oaxaca, e integrantes de la Unión de Pueblos contra la Represión y Militarización de la Región de los Loxicha.

Ante el clima de represión que existe en la región y la falta de solución a sus demandas por parte de las autoridades locales, decidieron trasladarse a esta ciudad, con objeto de demandar la liberación de sus esposos, la mayoría de los cuales se encuentran presos desde 1996 en las cárceles de Pochutla, Etla, Ixcotel, Oaxaca y en Almoloya, en el estado de México.

La vida de cerca de 130 mujeres indígenas zapotecas, habitantes de las comunidades de la región de los Loxicha, cambió de manera violenta en 1996. Desde entonces, las detenciones, desapariciones y asesinatos se han vuelto una situación común.

Luego de los hechos ocurridos en agosto de ese año en La Crucecita y Huatulco, Oaxaca, se llevaron a cabo una serie de operativos conjuntos del Ejército, la Policía Judicial estatal y la Policía Preventiva de la entidad, con el pretexto de detener a presuntos miembros del EPR. Según los habitantes de la región de los Loxicha, los más grandes se realizaron entre septiembre y noviembre de ese año. Entre 1996 y 1999 fueron detenidas más de 130 personas, en su mayoría hombres. En forma menos espectacular, los operativos han continuado hasta la fecha. Las detenciones, desapariciones y asesinatos también.

Como consecuencia de estas detenciones ha quedado en el desamparo un número aproximado de 130 mujeres y cerca de 220 niños, que han tenido que luchar contra el olvido y el silencio de la sociedad civil y los medios de comunicación. La situación de represión y persecución que desde entonces se desató, obligó además a que familias enteras tuvieran que emigrar de la región. Actualmente se habla de más de 500 desplazados.

La historia de estas 130 mujeres, entre 16 y 60 años, se ha convertido en una lucha permanente por la libertad de sus esposos, hermanos, parientes y amigos. Igualmente, han tenido que asumir el sustento de sus hijos y la responsabilidad de ser madres y padres, pues es mínimo el ingreso del trabajo que realizan sus esposos en las cárceles, dice Nestora Ramírez, hija de Elpidio Ramírez García, quien luego de permanecer en la cárcel cerca de dos años, obtuvo su libertad el 10 de septiembre de 1999. Por ello, para poder sobrevivir han tenido también que recurrir al apoyo solidario.

El 10 de junio de 1997, una vez organizadas y agrupadas sus demandas, decidieron instalarse en un plantón indefinido en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. A tres años de haber permanecido en esa ciudad, y ante la actitud de las autoridades estatales de no resolver sus asuntos, alegando que son de competencia federal, más de 25 mujeres y cerca de 30 niños se trasladaron a la ciudad de México con las siguientes demandas: libertad a los 87 zapotecas presos de la región de los Loxicha; cancelación de más de 200 órdenes de aprehensión que le impiden al pueblo regresar a su región; castigo a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de sus compañeros; retiro del Ejército Mexicano, policías judiciales, policías preventivos y guardias blancas, y la indemnización conforme a derecho de las viudas y huérfanos.

Actualmente se encuentran detenidas y procesadas 87 personas, y ya han salido libres 47, por no habérseles comprobado los delitos de sabotaje, terrorismo, asociación delictuosa, lesiones, rebelión y acopio de armas, entre otros, de que se les acusaba. La cifra de detenidos se ha modificado, sin embargo, en los últimos meses, al haberse realizado por lo menos otras seis detenciones, sin contar los cerca de 40 asesinatos y las violaciones de mujeres en sus comunidades.

Hacen un llamado a la ciudadanía para que se solidarice con sus demandas, enviando cartas a los medios y a las autoridades y organismos públicos de protección a los derechos humanos, como la CNDH. Solicitan, además, el cese al hostigamiento del que han venido siendo objeto por elementos uniformados y personas de civil desde que se instalaron frente al Senado, quienes sin inmutarse los molestan, vigilan y persiguen, tomando fotografías y pidiéndoles información sobre sus actividades.