Washington tiene derecho a indagar el caso Letelier
Apoyaría Chile pesquisas de EU
Enrique Gutiérrez, corresponsal, y agencias, Santiago, 24 de marzo * Estados Unidos tiene derecho a indagar y aclarar el asesinato del ex canciller socialista chileno Orlando Letelier, perpetrado el 21 de septiembre de 1976 en Washington, declaró hoy el viceministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.
"Me parece que la justicia estadunidense está en todo su derecho a solicitar interrogar y aclarar plenamente el crimen cometido en la capital estadunidense", indicó el funcionario a una emisora local, e indicó que si la situación hubiera sido al revés, Chile haría lo mismo. Hizo énfasis en que si el atentado "hubiera ocurrido a unas pocas cuadras del Palacio de la Moneda... probablemente actuaríamos de la misma manera", en alusión a que el atentado contra Letelier ocurrió a unas cuantas cuadras de la Casa Blanca.
De esta manera comentó la llegada esta semana a Santiago de dos fiscales estadunidenses, aunque la Corte chilena les negó autorización para que interroguen directamente a más de 40 ex funcionarios y ex agentes que oper aron durante el régimen pinochetista.
Tras destacar que este asunto pueda dañar las cordiales relaciones entre Chile y el país del norte, ya que se trata de un tema judicial, Muñoz dijo ignorar si Estados Unidos va a solicitar la extradición de Augusto Pinochet, quien en una carta notarial de uno de sus ex agentes militares aparece implicado en el crimen del canciller.
Si bien Estados Unidos reactivó la investigación del caso Letelier, en cuyo atentado con coche bomba también murió Ronnie Mofffitt, la secretaria particular estadunidense del político chileno, algunos expertos en Washington consideran altamente improbable que se llegue a la opción de la extradición del ex dictador.
Uno de los que así opinaron fue el director para América Latina de Amnistía Internacional (AI), Carlos Salinas, pero agregó que si Estados Unidos empieza a pedir la extradición "generaría una presión sobre Chile de tal magnitud que sería más difícil que Pinochet escape a algún tipo de proceso".
Otro de los representantes para América Latina del grupo Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, estimó a su vez que más que la voluntad de impulsar la justicia en Chile, el motor de la investigación de Estados Unidos se encamina a demostrar que un atentado terrorista cometido en su territorio no puede quedar impune.
Tras las revelaciones de la víspera de la carta notarial del ex brigadier Pedro Espinoza, en que se inculpa por primera vez a Pinochet autorizando el crimen de Letelier, el encarcelado ex director de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), el general Manuel Contreras, negó que Pinochet haya emitido tal orden.
El desmentido de Contreras fue hecho mediante su abogado Humberto Neumann, quien sostuvo que su defendido también firmó tres textos notariales que "servirían para esclarecer muchas de las cosas que dijo el ex brigadier Espinoza", y que si en algún momento es conveniente "tenerlos a vista y hacerlos públicos", así se hará.
A la par, el abogado de Espinoza, Miguel Retamal, si bien certificó la autenticidad del documento notarial de su cliente en que implica al ex dictador en el atentado contra Letelier, subrayó que él no dio a conocer tal documento y que cuando "ha tenido algo que decir lo ha dicho directamente a la prensa". Sin embargo, dijo no creer que Pinochet diera las órdenes a la Dina.
Pinochet enfrenta en la actualidad 77 querellas criminales, a lo que se sumó que un grupo de indígenas mapuches acudieron a la Corte de Apelaciones de Santiago para entregar un escrito --no una denuncia-- en la que acusan al senador vitalicio de genocidio contra su etnia.
Dieron a conocer una lista con nombres de víctimas mapuches de la dictadura, pero dijeron que no presentarán una querella porque no creen en la justicia de los tribunales chilenos, al considerar que por la labor de un par de jueces no va a cambiar el historial de soberbia e injusticia de las cortes chilenas.
Por otra parte, este día se informó en Concepción del rescate en el cementerio local de once cadáveres con signos de violencia, en una fosa que contenía cuerpos de opositores políticos ejecutados durante la dictadura, en el quinto día de excavaciones que se lleva a cabo por órdenes y bajo supervisión del juez especial Juan Guzmán.
La undécima osamenta de una víctima fue encontrada hoy y corresponde a un hombre que aún conservaba sus manos atadas. Al respecto, forenses del Servicio Médico Legal dijeron que "el objetivo es determinar cuándo murieron, cómo murieron y quiénes eran".
El ministro de Defensa, Mario Fernández, abogó por su parte por el rencuentro entre civiles y militares, pues dijo que no es posible liberarse del peso del pasado alimentando la ilusión de que no existe.