VIERNES 24 DE MARZO DE 2000
* Continúa la impunidad que amparó a dictadores, acusa madre de víctima
En 1975, Videla legalizó la eliminación de disidentes
Stella Calloni, corresponsal/II y última, Buenos Aires, 23 de marzo * El 24 de octubre de 1975, el general Jorge Rafael Videla adelantó lo que vendría sólo cinco meses después: "Si es preciso, en Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la tranquilidad del país". Ya para entonces habían sido asesinadas casi 2 mil personas por la paramilitar Alianza Anticomunista Argentina, o Triple A.
El 30 de septiembre de 1974, el asilado general chileno Carlos Prats y su esposa Sofía murieron en un atentado realizado por comandos mixtos de ambos países, en una advertencia del horror que se avecinaba.
Cuando Videla hizo su declaración, la Triple A y otros organismos de seguridad locales ya estaban trabajado con la policía secreta del dictador Augusto Pinochet, en la llamada Operación Colombo, para ayudar al vecino país a "justificar" la desaparición de ciudadanos chilenos.
Después de la madrugada del 24 de marzo de 1976 se institucionalizó la Operación Cóndor, una coordinación para el crimen entre las dictaduras del Cono Sur.
Aquel 24 de marzo, cuando se escuchó el primer comunicado de la junta militar encabezada por Videla, arreciaban los secuestros, especialmente en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y el terror que estaba instalado en las calles pronto se multiplicaría.
Los militares, que con la justificación de la "lucha antisubversiva" y un decreto constitucional de 1975 que ordenaba aniquilar la subversión instalaron la más cruenta dictadura, habían trazado un plan para que nada quedara fuera de su control.
Desde el primer momento se recomendó "estricto acatamiento a las directivas que emanen de la autoridad militar, de seguridad o policiales, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupos que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones".
Estas "operaciones" formaban parte de algo que llamaron guerra, pero que consistió principalmente en derribar puertas a bombazos, para llevarse a familias indefensas, muchos de cuyos miembros fueron a engrosar el saldo de 30 mil desaparecidos (10 mil denunciados oficialmente), que eran en su mayoría obreros y estudiantes.
El terrorismo de Estado de la dictadura (que duró hasta 1983) también se ocupó de los hijos de "los subversivos", poniendo en práctica un plan de robo de menores, algunos de ellos nacidos en los campos clandestinos de detención, casos que investiga la justicia y único delito que no prescribe.
Justamente, Videla tendría que estar en arresto domiciliario en el marco de esta causa, pero se denunció ayer que se pasea tranquilamente por una residencia campestre en la provincia de Buenos Aires. Coincidiendo con esta denuncia aparecieron pintas en la provincia de Buenos Aires que amenazan: "Cuidado, volveremos. Aguante, Videla".
También este día, el ex jefe del ejército Martín Balza, el primer jefe militar en hacer una autocrítica pública por lo actuado durante la dictadura, reconoció ante el juez Adolfo Bagnasco que el robo de bebés no fue un hecho aislado, sino un plan "dispuesto por una autoridad con alto nivel".
Si uno lee los objetivos básicos (de los comunicados militares del 76) "donde hablaban de 'restituir los valores, el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, o de restablecer los valores de moral cristiana, de la identidad nacional y la dignidad de ser argentino' todo esto dentro de 'la vigencia de la Seguridad Nacional', ya podíamos pensar que entrábamos en una noche temible", destaca por su parte Sebastián Borro, sobreviviente de la resistencia peronista que comenzó tras el golpe de 1955.
Estos objetivos también establecen una continuidad con las dictaduras anteriores, como la establecida justamente tras ese golpe que derrocó a Juan Domingo Perón.
Entonces, un comunicado militar confiaba en que "las fuerzas armadas, sin desmayos ni otras concesiones, destruyan este aberrante sistema" y combatan "hasta el aniquilamiento a la subversión y a sus instigadores ideológicos", recuerda Borro.
Nora Cortiñas, lideresa de Madres Fundadoras de Plaza de Mayo, agrega: "Los 30 mil desaparecidos son también la dramática continuidad de los asesinados de otros tiempos, y así los 10 mil presos políticos, los miles de exiliados internos y externos, todo fue parte del proyecto para imponer el modelo actual, y por eso también planearon e impusieron la impunidad.
"Pensábamos llegar a este momento con el consuelo de la justicia, para que otros no estuvieran en peligro en el futuro, pero seguimos luchando para anular las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos que permitieron burlar la justicia".
Para esta madre de Plaza de Mayo, la impunidad que amparó a los dictadores continúa y hoy ampara "a los responsables de los últimos 10 años de la mayor corrupción que haya vivido el país", periodo en el que también quedaron sin justicia una cantidad crímenes como el del periodista Mario Bonino y atentados como el que destruyó la Mutual Israelita Argentina. En cambio, hay más de 2 mil procesados por protestar contra el desempleo con cortes de ruta.
"La obsecuencia ante el Fondo Monetario Internacional significó la exclusión y la muerte de otros miles. Ante lo que nos está sucediendo queda en claro que el horror de tantos años fue la piedra fundamental para este proyecto de entrega total y para impedir esta injusticia lucharon y murieron nuestros hijos. Por eso --dice Cortiñas-- estamos aquí reclamando ante el mundo".