VIERNES 24 DE MARZO DE 2000
* "Empleado" de Ortiz
López Obrador dice que posee pruebas contra Vicente Corta
Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene pruebas de que Vicente Corta Fernández, secretario ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), estuvo en el Fobaproa, por lo que no tiene autoridad moral para exonerar al PRI de cualquier intervención en este caso. "Es un empleado de Guillermo Ortiz, es una gente de la misma mafia", resumió.
Interrogado con relación a las declaraciones que Corta Fernández hizo el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, el candidato del PRD a la jefatura de Gobierno capitalina calificó como una falsedad el que el secretario ejecutivo del IPAB ahora diga que los créditos de Carlos Cabal Peniche ya se habían pagado.
"Los créditos que dio Cabal fueron quirografarios, pasaron a formar parte del Fobaproa, nadie los pagó y ahora están convertidos en deuda pública y es una gran injusticia que la gente tenga que pagar hasta por lo que el PRI se gastó", refutó López Obrador.
Basado en estos argumentos, el perredista reiteró que es falso que el PRI no deba nada al Fobaproa y que los fondos que Cabal Peniche entregó a este partido para financiar las campañas electorales de Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo hubieran sido liquidados a Banco Unión en 1994.
Insistió en que en el asunto del Fobaproa tienen responsabilidad Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo y Guillermo Ortiz, por lo que López Obrador señaló: "hay que llamarlos a declarar a todos".
* Los vocales del IPAB, "abogados del PRI"
Propone AN que se revele el listado nominal del Fobaproa
* Debaten en San Lázaro la legalidad del financiamiento al tricolor
Ciro Pérez Silva * Mientras la bancada del PAN en la Cámara de Diputados propuso ayer al pleno un punto de acuerdo para dar a conocer la lista completa de las operaciones del Fobaproa calificadas como reportables, legisladores perredistas exigieron ayer al secretario ejecutivo del IPAB, Vicente Corta, los recibos que avalen el pago del PRI por los 20 millones de pesos que Carlos Cabal Peniche entregó a ese partido para financiar las campañas de Roberto Madrazo y Ernesto Zedillo, mismos que de acuerdo con el funcionario fueron liquidados hace seis años.
Esta aseveración de Vicente Corta generó en San Lázaro toda clase de reacciones. El panista Juan José Rodríguez Prats aseguró que los vocales del IPAB se convirtieron en abogados del PRI, mientras el coordinador blanquiazul, Carlos Medina Plascencia, dijo que se analizará una posible sanción contra el funcionario. A su vez, el vicecoordinador del PRI, Fidel Herrera, afirmó que el secretario ejecutivo del IPAB cumplió con la ley y sostuvo que los donativos de Cabal a su partido fueron "de buena fe".
Durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, el panista Fauzi Hamdan, sostuvo que en el ánimo de que exista una mayor claridad y transparencia sobre los beneficiarios de créditos ilegales, se entregue la lista nominal a los legisladores, propuesta que fue turnada a la Junta de Coordinación Política.
El punto de acuerdo considera la entrega de esta documentación, con la salvedad de que la Cámara de Diputados no calificará la ilegalidad o licitud de la misma, toda vez que es una facultad exclusiva del IPAB, además de que corresponde a éste organismo ejercer las acciones legales que proceden conforme a derecho, quedando a juicio de los diputados si revelan o no al público dicha información.
La propuesta panista enfrenta, de entrada, la negativa del PRI a entregar su clave, una de las cinco que deben conjuntarse para acceder al archivo que contiene el listado de las operaciones reportables.
Esta oposición priísta se hará sentir también en la Junta de Coordinación Política, en la que el voto de cada representante equivale al número de diputados con el que cuenta su bancada, y el PRI, por sí solo, tiene más votos que PAN y PRD juntos, lo que deja nuevamente en manos de petistas y verdes la promoción del punto de acuerdo.
Por separado, el perredista Alfonso Ramírez Cuéllar envió una carta al secretario ejecutivo del IPAB en la que solicita los documentos que acreditan el pago de 20 millones de pesos obtenidos por el PRI para el financiamiento de las campañas de Madrazo y Zedillo mediante diversas empresas canalizadoras que a su vez recibieron créditos de Banco Unión.
"Estos documentos resultan indispensables y de carácter urgente, pues en el oficio 601-11-8872, expediente 7192 (C-163) de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), enviado al Banco Unión y con atención a Carlos Aguilar Villalobos, interventor general y con fecha del 30 de diciembre de 1994, se determinó el quebranto de los créditos de estas empresas canalizadoras y con ello provocó la quiebra de Banco Unión", establece la carta enviada a Corta.
Luego, en conferencia de prensa, Ramírez Cuéllar explicaría que la CNBV declaró el quebranto de Banco Unión porque resultaba imposible recuperar los créditos quirografarios como el entregado al PRI, mediante las empresas canalizadoras. De haberse pagado esos créditos, como lo informó Vicente Corta, "será necesario liberar a todos los acusados de Banco Unión".