VIERNES 24 DE MARZO DE 2000
* El Flama no es un testigo digno de fe: CDHDF; la instancia extralimita facultades: Procuraduría
Persiste diferendo ombudsman-PGJDF
* Derechos Humanos asegura poseer evidencias de que Luis Gabriel Valencia López falseó declaraciones en otro proceso
Bertha Teresa Ramírez * Luis de la Barreda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), señaló que se cuenta con nuevas evidencias de que Luis Gabriel Valencia López, ex cocinero de los Amezcua y en cuyo testimonio se basó el Ministerio Público para consignar a la edecán Paola Durante Ochoa, no es un testigo digno de fe.
En conferencia de prensa agregó que la CDHDF cuenta con evidencias de que Valencia López hizo declaraciones falsas en otro proceso, probablemente motivado por el interés de obtener dinero, "lo que confirma la costumbre interesada y dañina de Luis Gabriel de mentir en los procedimientos penales".
El ombudsman capitalino dijo que las nuevas evidencias refuerzan la recomendación 2-2000, donde la comisión a su cargo estableció el caso indebido de la acción penal contra Durante Ochoa, acusada de ser presunta autora intelectual del homicidio de Francisco Stanley Albaitero, y en la que solicitó que el Ministerio Publico promoviera el sobreseimiento del proceso 184-99 en favor de ella y, en consecuencia, se le ponga en libertad.
Las evidencias, dadas a conocer por De la Barreda, están relacionadas con la fuga del presunto secuestrador Roberto Sánchez Ramírez, quien se encontraba interno en el Reclusorio Oriente y que formaba parte de la banda de secuestradores de Daniel Arizmendi, El Mochaorejas.
Las argucias de Valencia
El ombudsman precisó que el 9 de febrero pasado se presentó ante esa comisión Arturo Ramos, ex custodio del Reclusorio Oriente inculpado por la fuga del recluso Sánchez Ramírez, y manifestó que del 23 al 24 de febrero de 1999 Valencia López le ofreció redactar un escrito en el que declararía que él había presenciado la fuga del interno, y lo exculparía de los hechos, pero a cambio le pidió una fuerte suma de dinero.
De la Barreda dijo que Ramos no aceptó la propuesta del cocinero de los hermanos Amezcua; sin embargo, días después se enteró de que Valencia López le había hecho el mismo ofrecimiento al ex custodio Vicente Castillo Morales, también procesado por los mismos hechos.
Señaló que Valencia López formuló dos declaraciones por escrito a favor del custodio Castillo Martínez, motivado --según la versión del ex custodio Ramos-- por el interés de obtener dinero, e indicó que la misma intención de lucrar la tuvo cuando intentó venderle declaraciones similares a Ramos.
Sin embargo, Valencia López difirió en las versiones ofrecidas en los dos escritos, agregó De la Barreda, y aunque aseguró que su intención al declarar sobre el caso de la fuga del presunto miembro de la banda de Arizmendi era que se hiciera justicia, la veracidad de esa afirmación es dudosa porque ambas cartas las envió más de cinco meses después de ocurridos los hechos.
El presidente de la CDHDF señaló que tanto el juez primero penal como los magistrados de la octava sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México coincidieron en señalar que el testimonio de Valencia López no se encontraba corroborado con ningún otro medio de prueba, y en cambio estaba contrariado por el conjunto de las que obran en el expediente.
Indicó que, además, los magistrados consideraron que el testigo no reúne los requisitos de probidad, independencia e imparcialidad que exige el Código de Procedimientos Penales, para darle valor probatorio a su relato.
Durante la conferencia, el primer visitador de la CDHDF, José Antonio Aguilar, se refirió a las declaraciones hechas por la vocera de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Susana Manterola, a través de un noticiero de televisión, en las que afirmó que cuando se le preguntó a Valencia López sobre dos fotografías de Durante Ochoa, éste respondió que le enseñaron dos fotografías y que se parecía a Paola, pero no estaba seguro.
El visitador dijo que con tales afirmaciones Manterola mintió, pues de acuerdo con una copia certificada del acta de la diligencia proporcionada a la CDHDF por la juez quinta penal, el testigo contestó que no la reconoció.
* Rechaza la dependencia las consideraciones de la Comisión sobre la falta de credibilidad del ex cocinero de los Amezcua
Elia Baltazar * La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal rechazó las consideraciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, respecto de la falta de credibilidad de Luis Gabriel Valencia López, en su calidad de testigo principal contra los implicados en el caso Stanley.
La PGJDF, además, presentará en los próximos días un escrito ante el juez 55 penal, Rafael Guerra, en el que detalla cada una de las contradicciones y violaciones a su ley y a la Constitución en que incurrió la CDHDF en su recomendación 2/2000, emitida el pasado 15 de febrero, para solicitar la libertad de la edecán Paola Durante.
Fuentes de la PGJDF advirtieron que la CDHDF ha soslayado que al solicitar el sobreseimiento del proceso contra Paola Durante en realidad se pide la exoneración del narcotraficante Luis Ignacio Amezcua, señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Francisco Stanley.
Además, ha sido identificada por dos testigos, quienes la reconocieron acompañada de los hermanos Amezcua, afuera de su casa. Estas personas posteriormente cambiaron su declaración, por amenazas, por lo que cuentan con protección de la PGJDF.
La presunción de inocencia de Durante contradice los testimonios, reconstrucción de hechos y relaciones ya comprobadas por la PGJDF, y desvanecería la presunta autoría intelectual de Luis Ignacio Amezcua, con quienes Stanley había contraído una fuerte deuda, lo mismo que Bezares, por motivos de droga.
"La imagen de Paola Durante se ha convertido en una cortina de humo que impide ver que detrás de este crimen hay un poder criminal organizado relacionado con el narcotráfico", explican funcionarios de la dependencia.
Queja improcedente
En el documento elaborado por la PGJDF se advierten las actuaciones en que la CDHDF ha rebasado su propia normatividad para intervenir en un asunto jurisdiccional; es decir, en casos que ya se encuentran en poder de los juzgados.
En principio se apunta que la queja interpuesta por Silvia Ochoa Vázquez, madre de Paola Durante, se recibió en la CDHDF con fecha 1 de octubre. Para entonces la acción penal en contra de la inculpada ya se había ejercitado, el 27 de agosto de 1999.
Bastaba lo anterior para que la queja fuera desechada por improcedente, pues así ha actuado la comisión en otros casos, como el de Alejandro López Villanueva, El Grandote, acusado como uno de los presuntos autores materiales del homicidio de Abraham Polo Uscanga, cuya queja por privación ilegal de la libertad de sus hijas a manos de la Policía Judicial fue rechazada por el ombudsman al argumentar, en el oficio 202360, que por haber una orden de aprehensión librada está impedida para conocer casos de carácter jurisdiccional, según lo marca el artículo 112, fracción segunda de su reglamento.
En el caso de Paola Durante, la actuación de la CDHDF fue distinta. Y pese a que el expediente ya se había consignado ante el juez cuando se inició la investigación del organismo de derechos humanos, éste le fue proporcionado el 13 de octubre de 1999, y así lo hace constar el presidente de la CDHDF, quien acusa de recibido el expediente de 50 fojas.
Para las autoridades, con esta acción la CDHDF rebasó la buena voluntad del juez 55 y extendió los límites que le imponen los artículos 18 y 19 de la Ley de Derechos Humanos, pues el caso ya había sido analizado por el titular del juzgado, que a partir de ello giró la orden de aprehensión y el posterior auto de formal prisión.
La CDHDF también rebasa sus atribuciones y aun invade las funciones del MP al prejuzgar respecto de la falta de valor probatorio que el juez otorgó a los elementos de prueba presentados por la PGJDF, con lo cual vulneró la prohibición que le impone el artículo 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución, que advierte que los organismos de derechos humanos "no serán competentes tratándose de asuntos jurisdiccionales".
Fuentes de la PGJDF han advertido que la CDHDF se ha erigido como defensora de Paola Durante, allegándose pruebas extrajudiciales en una etapa judicial de instrucción, llevando un proceso paralelo y erigiéndose como juez y parte defensora, pues ha valorado a partir de las pruebas que corresponde analizar al juez Rafael Guerra.