JUEVES 23 DE MARZO DE 2000
* Más de cien años de prisión, demanda fiscal
En la recta final, el proceso sobre la guerra sucia contra ETA
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 22 de marzo * El proceso judicial en torno a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL, paramilitares financiados por el Estado español durante el gobierno del socialista Felipe González) ingresó este miércoles en su recta decisiva, al leer la fiscalía y la defensa sus conclusiones finales por el caso del secuestro, tortura y asesinato de los presuntos etarras José Ignacio Lasa y José Antonio Zabala.
A lo largo del último año quedó evidenciado, con documentos de los servicios de inteligencia y testimonios de los propios implicados, el lado más negro de la llamada guerra sucia contra ETA, en la década de los años 80.
"No están por supuesto todos los acusados que deberían estar", dijo el teniente fiscal del Estado, Jesús Santos, en alusión a las altas esferas del Ministerio del Interior y de la propia presidencia del gobierno español, entonces en manos del socialista Felipe González, caso que se sustenta en cinco años de intensa investigación judicial y policial.
Los hechos, según el Estado, son: Lasa y Zabala, dos jóvenes vascos de 21 y 23 años de edad, respectivamente, fueron secuestrados en la localidad francesa de Bayona en 1983, y trasladados al Palacio de la Cumbre en San Sebastián, donde fueron torturados varios días, para sacarles "información" sobre ETA.
Después, los dos supuestos militantes de ETA fueron llevados en la cajuela de un automóvil oficial a Alicante (Valencia), donde fueron ejecutados con sendos tiros en la sien para ser sepultados en un descampado; los cuerpos fueron rellenados con cal viva.
Los responsables del asesinato de Lasa y Zabala fueron identificados: Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil y al frente del cuartel de Inxtaurrondo; Julen Elgorriaba, gobernador civil de Guipúzcoa; Rafael Vera, secretario de Estado para la Seguridad del Estado, y los agentes de seguridad Angel Vaquero, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo.
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, sostuvo que los imputados "subvirtieron el orden constitucional al tomarse la justicia por su propia mano", al "aplicar la pena de muerte, proscrita --por fortuna-- desde hace años por el sistema judicial español".
El fiscal Santos pidió condenas de más de cien años de prisión para los inculpados, Rodríguez Galindo, Elgorriaga, Vaquero, Dorado y Bayo, y de cuatro para Vera y el abogado Jorge Argote.
Por otro lado, Amnistía Internacional demandó ante el pleno del Parlamento vasco que los presos, dispersos en cárceles españolas y francesas, sean reagrupados en prisiones más cercanas a su lugar de origen, así como que "ETA ponga fin a la violencia y respete uno de los derechos fundamentales, el derecho a la vida".