José Blanco
El asedio

Bandas de adolescentes y sus seguidores adultos asuelan a la UNAM y la mantienen bajo asedio, para demostrar que la institución no está ni va a estar en la normalidad. Cubren de pintura los muros una y otra vez; tapizan de basura cuanto espacio hallan a su paso; tamborilean y gritan incesantemente; tapian puertas; agreden e insultan a profesores, a estudiantes que quieren estudiar y a funcionarios universitarios que buscan cumplir su responsabilidad. El CGH cada día logra la hazaña que anuncia: mantener la anormalidad.

Esos grupos de alumnos o ex alumnos, acompañados por agentes antiuniversitarios externos a la institución, sienten ejercer una libertad antes desconocida para ellos, que consiste en cometer cotidianamente tales desmanes. No saben que un lamentable estado de cosas en el país les ha conferido durante meses una impunidad irrestricta, que ellos terminaron por confundir con libertad.

Reclaman el cumplimiento de los acuerdos del 10 de diciembre, la satisfacción completa del pliego petitorio del CGH y la libertad de los presos políticos.

El restablecimiento de la normalidad, desde luego, avanza, en lo que hace a la vida académica. Grosso modo, se imparte clases a 85-90 por ciento de los alumnos, van cumpliéndose los planes de regularización, las inscripciones para el comienzo del próximo ciclo lectivo semestral están procesándose, el examen de selección a la licenciatura ha sido convocado y será aplicado oportunamente, los espacios de investigación van recuperando el ritmo de sus actividades.

Asimismo, la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), de la que la UNAM forma parte destacada, se dispone a realizar el concurso de selección de aspirantes a cursar educación media superior en instituciones públicas de la zona metropolitana de la ciudad de México: las 16 delegaciones del DF y 21 municipios conurbados del estado de México.

Pero ninguna universidad vive en la normalidad completa bajo el estado de incertidumbre, asedio y zozobra al que hoy está sujeta la UNAM. Quienes dicen defenderla, la muestran ante el país como zona de desastre, de inestabilidad, de tierra de nadie. La libertad que creen ejercer es en realidad engreimiento vacuo. Carecen de proyecto para la universidad, pero todos quienes no comparten sus lamentables conductas son tratados con soberbia, amenazas, injurias y violencia iracunda.

La reclamación sobre los acuerdos del 10 de diciembre ha sido explicada en este espacio. El CGH decía en Minería pedir diálogo mientras una y otra vez lo rehuía, llenando el tiempo de uno y otro encuentros con proclamas revolucionarias a la nación a través de Radio UNAM. De otra parte, antes del desenlace del no diálogo en Minería, el reconocimiento de "único interlocutor" se refería exclusivamente a los seis puntos del pliego petitorio.

Esos puntos son mera fruslería en relación con los asuntos que habrán de ser objeto de la reforma en el congreso universitario y, obviamente, el congreso tendrá como interlocutores a los representantes de todas las comunidades de la institución que hablarán y acordarán entre sí. La reforma, desde luego, no será producto de un acuerdo entre la autoridad universitaria y el CGH.

En lo que hace al pliego petitorio, en vista del no diálogo referido, y dado el vasto consenso universitario a favor del congreso, el Consejo Universitario (CU), a propuesta del rector, acordó satisfacerlo hasta el límite permitido por la actual legislación universitaria. Cualquier acuerdo que pudiera ir más allá de lo dispuesto por el CU, implicará cambios previos en la legislación de la institución educativa.

En México la ley no prevé delitos políticos, por lo que presos políticos no hay como definición jurídica. El delito de "peligrosidad social", ambiguo en extremo, entre otras cosas porque deja un enorme margen indebido de discrecionalidad al juzgador, no es, sin embargo, un delito político.

Durante el paro fueron cometidos en la UNAM delitos del fueron común de manera masiva y multitudinaria. Los que resultaron aprendidos, lo fueron por la presunta comisión de esos delitos. El Ministerio Público tendrá que probarles su culpabilidad. Si no la hace, saldrán libres, pero los brutales delitos cometidos contra la Universidad Nacional quedarán impunes.