LUNES 20 DE MARZO DE 2000
* Víctor Clark advirtió a Carpizo de ese riesgo
El aumento delictivo en BC, por una decisión política de Salinas
* El ex mandatario detuvo una investigación al gobierno de Ruffo
Juan Manuel Venegas, enviado /I, Tijuana, BC * "Entienda, Víctor, šeste es un asunto político que obedece al interés presidencial! šEntienda que estamos hablando del primer gobierno de oposición!" Así atajó el ex procurador de la República, Jorge Carpizo McGregor, al presidente de la Comisión Binacional de Derechos Humanos, Víctor Clark Alfaro, quien en los primeros meses de 1993 insistía en llevar "hasta sus últimas consecuencias" las pesquisas que involucraban a funcionarios de Baja California (entonces gobernada por el panista Ernesto Ruffo Appel) con el cártel de los Arellano Félix.
Clark, actualmente catedrático en la Universidad de San Diego, cuenta que le advirtió a Carpizo: "Esa es su decisión. Pero si no se hace algo ahora, la violencia imperará en el estado, no habrá nadie que controle a los grupos delictivos..." Además, agrega, "el expediente 3355/93 ya estaba listo y en él aparecían los nombres de los muchachos (informantes) que habían colaborado en la investigación. Su vida corría peligro (uno de ellos, Rafael López Cruz, fue torturado y asesinado), y yo le decía al procurador que tomara en cuenta eso".
Pero todo fue en vano. Aquella investigación a la gestión de Ruffo, que había comenzado a raíz de que se descubrió que los sicarios del clan Arellano Félix ųprotagonistas de la balacera en la discoteca Christine de Puerto Vallarta, el 8 de noviembre de 1992ų portaban credenciales de la Procuraduría de Justicia de Baja California firmadas por su titular, Juan Francisco Franco Ríos, fue detenida "abruptamente" por órdenes presidenciales.
Clark Alfaro recibió a La Jornada el 3 de marzo pasado, cuando habían transcurrido apenas cuatro días del asesinato del director de Seguridad Pública de esta ciudad, Alfredo de la Torre Márquez. Y recuerda aquel pasaje para explicar cómo una "decisión política" (Carlos Salinas no quería mostrarse como un persecutor de un gobierno de oposición que, por el contrario, le dio la imagen de demócrata) impidió en su momento asestar un buen golpe al crimen organizado que opera en esta frontera.
Ahí identifica el quiebre que hoy tiene a Tijuana inmersa en una ola de violencia que, se reconoce en todos los sectores, ha carcomido ya el tejido social. Esa situación ha repercutido en toda la entidad y provocado un ambiente de ingobernabilidad, toda vez que por concentración demográfica y por su poder económico es la ciudad más importante, en tanto que la delincuencia organizada ha extendido su control al resto de los municipios.
La advertencia del promotor y defensor de derechos humanos a Carpizo se cumplió, y en los últimos años poco o nada se ha hecho para contrarrestar los índices delictivos que, por el contrario, han aumentado, al grado de que las estadísticas indican que diariamente se comete por lo menos un homicidio con violencia y en la mayoría de ellos está de por medio la droga.
El gobierno federal ųacusa el estatal, dominado por el PAN desde hace 11 añosų no ha podido o no ha querido dar un golpe "certero" que reduzca la influencia del cártel de los hermanos Arellano, que amparan a una gran cantidad de bandas que han hecho de Tijuana su territorio. El gobierno del estado ųrevira por su parte el PRIų se "lava las manos", y con el argumento de que todo lo relacionado con el tráfico de drogas es asunto de la Federación, se encuentra inmerso en la "subcultura" del dejar hacer, dejar pasar.
Las acusaciones no paran ahí. Entre las corporaciones policiacas de uno y otro niveles la desconfianza es lo que permea; unas y otras se acusan de corrupción y complicidad con las pandillas de narcotraficantes y bandas de polleros; lo más grave es que ese desacuerdo las ha llevado hasta el enfrentamiento en varias ocasiones. En esa disputa no ha estado exento el Ejército Mexicano, que durante tres años (1997-1999) se hizo cargo del combate al narcotráfico en la entidad.
Y mientras los gobiernos federal y estatal se ponen de acuerdo, la sociedad tijuanense se descompone y paga el costo de la incompetencia, la negligencia, la impunidad, las traiciones y las complicidades de que se acusan aquí todos contra todos.
Estado de emergencia y
riesgo de fractura nacional
Los más de 2 mil 500 asesinatos cometidos entre 1996 y 1999, y los 82 ocurridos en los primeros dos meses de este año (80 por ciento ejecuciones o vendetas entre narcotraficantes), además del gran negocio que representa el tráfico de estupefacientes, de indocumentados y el robo de vehículos, son sólo indicativos de que la delincuencia "mantiene a raya a la autoridad civil y policiaca", subraya Clark Alfaro.
Panistas y priístas coinciden, y aunque matizan, ninguno rehúye esa realidad: Baja California, pero destacadamente Tijuana, están en "estado de emergencia". Y advierten que poco se podrá hacer mientras siga operando en la entidad uno de los cárteles más poderosos y peligrosos del continente: el de los Arellano Félix, reconocido así por las autoridades mexicanas y estadunidenses, debido a la influencia que ejercen sobre los productores de Centro y Sudamérica y el "gran mercado de consumo" que controlan en Estados Unidos.
En esa convivencia, el gobernador Alejandro González Alcocer reconoce no sólo la corrupción, sino incluso "el miedo" que cunde entre las corporaciones estatales asignadas al combate de las bandas de delincuentes; por su parte, los diputados priístas Jaime Martínez Veloz y Antonio Cano advierten: el crimen organizado es un poder constituido paralelo, con capacidad para generar su propia dinámica y su propio ritmo; sin nada que lo enfrente, "ha carcomido ya el tejido social de la entidad".
Martínez Veloz es tajante: "El gobierno federal debe asumir plenamente que lo que está pasando en Baja California tiene que ver con la seguridad nacional, porque el desgobierno que priva en la entidad es caldo de cultivo de enormes tensiones sociales que puede producir enormes fenómenos de cualquier tipo. Aquí hay un riesgo de fractura nacional.
"El gobierno estatal tiene que dejar pretextos infantiles y marrulleros para evadir o trasladar su responsabilidad, porque esa indiferencia, espero que no sea complicidad, ha permitido que se genere toda una serie de mecanismos para que el crimen organizado se apodere de las calles de Baja California. González Alcocer no acaba de entender eso, y mientras tanto la droga se esparce de manera demoniaca", sostiene el líder priísta en el Congreso local.
La ingobernabilidad o desgobierno se refleja en los índices delictivos de Tijuana que, prácticamente, concentra todos los males de la delincuencia organizada: unos 50 mil adictos a la heroína y la cocaína; un alto porcentaje de éstos inmiscuidos en las más de mil pandillas que se adueñaron de la venta al menudeo de las drogas que se quedan en la entidad, y que se disputan entre sí el mercado negro de los estupefacientes, para cuya distribución existen ųsegún datos de la Procuraduría estatalų unos 4 mil picaderos o centros de distribución que generan, mensualmente, aproximadamente 50 millones de dólares.
Los picaderos, también denominados casitas, son centros de venta y aplicación de narcóticos, todos controlados por las pandillas que pululan aquí y por los agentes policiacos cómplices de aquéllas. A principios de la década se instalaron sobre todo en la periferia de la ciudad, en los barrios más pobres; sin embargo, actualmente muchas operan en pleno centro tijuanense y algunas abren las 24 horas del día.
La estela delictiva
El estado presenta en el ámbito nacional el mayor porcentaje de delitos per cápita, con 54 denuncias por cada mil habitantes. En 1997 y 1998, ese porcentaje fue mayor, con un promedio de 65 denuncias por cada mil habitantes.
De esas denuncias, presentadas ante el Ministerio Público del fuero común a lo largo de esos tres años, mil 727 se levantaron por homicidio con violencia, y de ellos, en más de 70 por ciento medió el consumo o la venta de estupefacientes.
Respecto a los asesinatos relacionados con el crimen organizado en todas sus variantes (narcotráfico, tráfico de indocumentados, secuestro y robo de autos, entre otros delitos), en el sexenio de Ernesto Ruffo (1989-1995) se registraron 640, mientras que en los cuatro años que llevan sus sucesores, Héctor Terán (fallecido en octubre de 1998) y Alejandro González Alcocer, se produjeron 2 mil 500.
De éstos, un alto número (entre 70 y 80 por ciento) están documentadas como ejecuciones en la vía pública, ajusticiamientos nocturnos y enfrentamientos entre las diversas bandas de vendedores de narcóticos al menudeo. En la mayoría de los casos ųindica el gobernador González Alcocerų se utilizaron armas de alto calibre: subametralladoras 9 milímetros o rifles de asalto AK-47, cuernos de chivo.
En tanto, del primero de enero al primero de marzo pasado (tres días antes de que fuera acribillado el director de Seguridad Pública de Tijuana, Alfredo de la Torre) habían ocurrido, oficialmente, 82 homicidios, 58 de ellos en Tijuana. La tercera parte está registrada como ajusticiamientos o cobro de cuentas entre narcos.
"Empresas trasnacionales"
Paralelo al narcotráfico, se ha consolidado en la entidad el negocio del tráfico de indocumentados, con la operación de por lo menos ocho bandas "perfectamente organizadas" que han hecho de esta frontera una "verdadera empresa trasnacional" con ganancias, según el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), de 7 mil 500 millones de dólares anuales.
A los polleros se les reconoce un poder "económico y político" similar al del narcotráfico, y una gran capacidad para generar violencia debido al enfrentamiento que existe por el control de rutas, casas de seguridad y componendas del grupo especial Beta (formado para combatir ese delito).
Según datos oficiales, las organizaciones delictivas que controlan el tráfico ilegal de indocumentados han extendido sus contactos a Asia y Sudamérica. Aunque no hay datos oficiales, en círculos de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría estatal se menciona que mensualmente llegan a esta frontera unos 200 ciudadanos extranjeros con la intención de cruzar ilegalmente a Estados Unidos. Recientemente, medios locales informaron sobre la detención de un grupo de 10 coreanos, a cada uno de los cuales se les cobró 5 mil dólares por llevarlos a California.
Respecto a los connacionales, el grupo Beta calcula que semanalmente intentan cruzar la frontera un promedio de mil migrantes. De la información de esa corporación se desprende que actualmente las organizaciones de polleros cobran entre mil y mil 200 dólares por cada persona guiada a territorio estadunidense.
En las pasadas semanas, dos de las bandas de polleros conocidas en la entidad (las de las familias Peralta y Delgadillo) dieron un ejemplo de su participación en la ola de violencia que azota la región: la madrugada del 2 de marzo, en la colonia Anexa Buena Vista, aparecieron los cadáveres de dos traficantes.
Uno de los polleros ejecutados fue Juan Manuel Delgadillo, cuyo cuerpo presentó huellas de tortura y, al igual que el otro, un tiro de gracia en la cabeza. La primera hipótesis de las autoridades es que ese doble homicidio respondió a una venganza de los Peralta, cuyo patriarca, Mario, fue asesinado a fines del año pasado por presuntos pistoleros de los Delgadillo.