PARABOLA Ť Emilio Lomas M.
Lo cotidiano de la impunidad
Los delitos financieros cometidos a través del Fondo Bancario del Protección al Ahorro (Fobaproa) aún están impunes. Hasta ahora no se han fincado responsabilidades contra los involucrados, quienes creyeron que una vez establecido el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) podrían ocultar su injerencia en el megafraude del siglo, pero en los días recientes se han llevado algunas sorpresas.
Este asunto, que apenas comienza a tomar forma, no es más que la síntesis de la corrupción que ha tenido lugar en los últimos tres sexenios, en los que la apertura de mercados, la privatización y la fusión empresarial han sido el disfraz bajo el cual se han desencadenado favoritismos, amiguismos y un entramado de relaciones cuyo único fin ha sido el acumulamiento de capital en pocas manos, en detrimento de la sociedad en su conjunto.
El celo con que se ocultan los nombres de los implicados y el hecho mismo de que se alerte, como lo hizo la diputada perredista Dolores Padierna, que de darse a conocer el listado se caería el sistema político, da una idea de la dimensión de este gran fraude.
Sin embargo, los nombres han ido apareciendo y aunque aún deben verificarse, su mención no parece ser ligera tratándose de los personajes de los que se trata: Roberto Hernández, director de Banamex, no es un nombre que se mencionaría sin contar con sustento. La muy probable presencia de otros banqueros además de la ''plana mayor'' de la Confederación de Trabajadores de México también reflejan el entramado del fraude que aún se niegan a aclarar y hacer transparente las autoridades.
Y es que la lógica no tiene cabida cuando, en casos como el del ex oficial mayor de la Procuraduría General de República, Juan Manuel Izábal Villicaña, se argumenta que al abrir las cajas de seguridad contratadas por el funcionario no existió violación al secreto bancario porque el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales obliga a toda persona que tenga conocimiento de algún posible delito a denunciarlo. De esta forma, la propia institución financiera señala: ''Citibank no violó el secreto bancario al abrir la caja de seguridad, porque ante la posible comisión de un delito había que informar a la autoridad''.
Hasta este punto la ley pareciera estarse aplicando cabalmente: existe la sospecha de que algo ''huele mal'' y se denuncia, entonces las autoridades hacen su trabajo y comienzan a investigar. La incongruencia empieza cuando en casos similares y de una mayor magnitud la actuación de los implicados se contradice.
En el caso del Fobaproa no existe una sospecha, sino plena conciencia y evidencia --una vez que ya se realizó la auditoría-- de que existe algo que no sólo ''huele mal'' sino ''hiede''. Pero hasta el momento, y aduciendo al secreto bancario, la autoridad no se ha tomado la molestia de comenzar a indagar y a fincar responsabilidad a los protagonistas de este pestilente asunto.
Y qué decir de los señores diputados, Ƒno debieran --en una actuación similar a la de Citibank--, realizar la denuncia correspondiente ante la posible comisión de un delito? ƑQué sucede entonces? ƑEs que nuestros diputados están convirtiéndose en cómplices? ƑDónde queda la razón de ser del honroso artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales que en un caso se exalta y en otro de mayor importancia ni siquiera se menciona? ƑDónde está la defensa que de la ley hacen los magistrados tan preocupados en el respeto de los términos?
Melée
El acuerdo comercial de México con nuestro vecino del norte considera en las cláusulas sobre servicios profesionales (1210.5, cap. XII), que un organismo ''independiente'' evalúe el desarrollo profesional. Organismos como la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior (ANUIES) han declarado que la cédula profesional que se otorga al final de los estudios superiores es un trámite administrativo y que esa situación hace necesaria la validación periódica de nuestros profesionales por parte de organismos como el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval). Lo que subyace a esta normatividad es descertificar a los profesionistas mexicanos a fin de conformar un mercado cautivo para los profesionistas desempleados norteamericanos, quienes en el futuro y ante la imposibilidad de acceder a un mercado laboral cada vez más saturado y excluyente en Estados Unidos, pondrían a México en la mira de su futuro laboral. Esta política proteccionista y desleal que promueve Estados Unidos se avizora cada vez más cercana, especialmente cuando nuestras máximas autoridades educativas defienden y promueven que el Ceneval certifique periódicamente a los profesionistas mexicanos sin antes siquiera impulsar el sector educativo y reformarlo. Esta política, más que buscar la excelencia académica y la actualización, sólo encamina hacia la exclusión de los profesionistas nacionales así como a la elitización de la educación... Y esta semana el gobierno mexicano firma un convenio similar con la Unión Europea.