LUNES 2O DE MARZO DE 2000

Ť Exige Lona Reyes asesoría jurídica para pueblos

La justicia en Tehuantepec, un lujo fuera del alcance de pobres

Ť Octavo informe anual del Centro de Derechos Humanos Tepeyac

Blanche Petrich, enviada, Tehuantepec, Oax., 19 de marzo Ť En el Istmo de Tehuantepec, concluye el Centro de Derechos Humanos Tepeyac en su octavo informe anual, "la justicia es un lujo fuera del alcance de la población que, entre más pobre, menos acceso tiene a ella."

Cita como ejemplo los casos de los niños Elber Solano, 12 años, de Santiago Ixtaltepec, y Melquisedec Díaz, también de 12 años, de Tapanatepec. El primero fue asesinado por un soldado ebrio de un balazo en la garganta, como castigo por llamarlo "ojos de avispa". Esto ocurrió en abril de 1988. Su familia, que nunca fue informada del proceso al soldado, ni mucho menos indemnizada, demandó la reapertura del caso. Ni la Secretaría de la Defensa ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos han hecho caso del reclamo. El segundo fue deportado "por error" por el Instituto Nacional de Inmigración a Guatemala el 18 de septiembre de 1998. Ahí estuvo perdido siete días hasta que logró regresar. A la fecha no ha habido ni una explicación, ni siquiera una disculpa por parte del INM. Y por parte de la CNDH, silencio total.

Pero el Tepeyac, que celebró su octavo año de existencia y el lanzamiento de su informe anual con la presencia de activistas de derechos humanos de otros estados, incursiona también en los derechos de las comunidades indígenas de la diócesis a los recursos naturales y al derecho a la tierra, amenazados por el lento e inexorable desarrollo del megaproyecto del Istmo, el corredor industrial.

Corredor industrial

En la presentación del informe, el obispo Arturo Lona Reyes, presidente del Centro Tepeyac, demandó a los gobiernos federal y estatal que proporcionen información oportuna y detallada sobre los proyectos del corredor industrial en curso, "abandonando un discurso que lo niega, mientras se implementan continuamente diferentes medidas", como el mejoramiento de caminos para la introducción de maquinaria pesada y los trabajos de trazo de una supercarretera.

Reclama también que los pueblos y comunidades que serán afectadas por los proyectos sean consultados sobre su desarrollo, que se hagan rigurosos estudios de impacto ambiental, se regularice la tenencia de la tierra en los 80 municipios del área, en especial los 34 que serán afectados de manera directa.

El obispo se pronunció porque los pueblos cuenten con asesoría jurídica y que se les permita negociar directamente con las empresas que participaron en los proyectos para que puedan establecerse contratos de usufructo de tierras o de asociación.

El informe del Tepeyac dedica al menos dos capítulos al tema.

Denuncias y alertas anteriores de este centro humanitario y del Frente Auténtico del Trabajo sobre el megaproyecto ya habían sido tomadas en cuenta con anterioridad por la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo. En el reporte de 1999 de esta comisión alega que las autoridades estatales y nacionales violan los convenios respectivos al no haber invitado a los pueblos indios que serán afectados por la construcción de la supercarretera transístmica, el "tren bala" y los 146 proyectos industriales, a evaluar el impacto cultural, ambiental y social que tendrán en sus vidas y tierras.

Al menos 12 comunidades de la sierra sur de Oaxaca, en tres municipios ųSan Carlos Yautepec, Quiechapa y Quiegolanių iniciaron hace dos años indagaciones ante distintas dependencias federales para averiguar por qué habían pasado por sus tierras ingenieros tomando medidas, marcando zonas y dejando señales de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. El Instituto Nacional Indigenista canalizó estas inquietudes mediante talleres que, sin embargo, no aportaron mayores elementos ni tuvieron seguimiento.

Interrogadas, las secretarías de Comunicaciones, Semarnap y la Procuraduría del Medio Ambiente no atendieron las solicitudes de información de estas comunidades. Mientras tanto, la empresa Sistema de Información Geográfica construyó la segunda etapa de la autopista Oaxaca-Huatulco atravesando cafetales del pueblo San Pablo Topiltepec. En otros pueblos varios indígenas fueron contratados como constructores y al final no recibieron pago de las empresas. El gobierno de José Murat no respondió a las solicitudes de ayuda en estos casos.

Al cabo de dos años de trámites interminables, solo dos municipios recibieron garantías de que la carretera no les afectaría. A los demás, ni una palabra.

Invitada a la presentación del informe, Alicia Meza, de la Red de Derechos Humanos de Oaxaca, señaló que, con conocimiento de los casos habitualmente documentan las ONG humanitarias, los rasgos principales de la impartición de justicia en el estado son la impunidad estructural, la habitual fabricación de delitos y emisión de órdenes de aprehensión como medidas de presión, o sustitución de verdaderas investigaciones judiciales. En cuanto a los problemas sociales, agregó, el gobierno del estado ha demostrado su incompetencia para la resolución de conflictos.

Habló también de cómo a nivel estatal se reproduce lo que en el informe del Tepeyac se denuncia regionalmente, respecto a la exclusión de los pueblos indios en la toma de decisiones sobre tres megaproyectos similares al transístmico. "Pero ųagregóų en el mole no todo es negro". Y enumeró lo que, en su opinión, son las señales esperanzadoras en este contexto: "la capacidad resolutiva y creativa de las comunidades, que inventan sus propios mecanismos de aplicar la justicia; y la larga lucha que han librado instancias y organizaciones como ésta, del Centro Tepeyac", concluyó.