Ť De 10 mil quejas al año, sólo 60 llegan a los juzgados
En EU, brutalidad policiaca sin freno
Ť Expertos: se toleran tortura y asesinato, sobre todo contra negros y latinos
Ť Cuerpos de seguridad paramilitares en la mayoría de las grandes ciudades
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 19 de marzo Ť La tortura con bastones eléctricos ųusados para ganadoų que aplica la policía de Chicago contra sospechosos, los disparos a civiles desarmados en Nueva York y Louisville, y en una decena de ciudades más, así como las recientes revelaciones de que el Departamento de Policía de Los Angeles falsifica pruebas y mata a inocentes, forman parte de una creciente ola de violencia, corrupción y brutalidad de la fuerzas de seguridad de Estados Unidos, señalaron abogados y expertos.
''No tengo duda de que este país está tolerando a un grado masivo las violaciones de los derechos de los ciudadanos'', afirma a La Jornada John Crew, quien labora en la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Crew y otros seis abogados consultados esta semana argumentan que a pesar de los graves ejemplos del abuso policiaco que se han dado a conocer en todo el país, aún no se ha producido un intento serio por abordar los excesos durante la última década.
''El problema es nacional y su carácter está institucionalizado", escribió Human Rights Watch en un informe sobre el tema el año Autoridades de seguridad pública insisten en que los recientes problemas de abuso policiaco son excepciones, y que los sondeos nacionales demuestran que sólo un porcentaje muy reducido de enfrentamientos entre la policía y el público involucran el uso de la fuerza. No obstante, un funcionario del Departamento de Justicia entrevistado por La Jornada, admitió que el número de quejas contra agentes "es tan elevado que no las reportamos" públicamente. Otras fuentes informaron que el Departamento de Justicia recibe entre 8 mil y 10 mil quejas al año por abuso o mala conducta de la policía, pero sólo se fiscalizan entre 50 y 60 casos.
Abogados y defensores de derechos humanos insisten en que estas estadísticas son sólo un indicio de los abusos provocados por la creciente militarización de los departamentos de policía y las agencias de seguridad pública en el país. "La mayor parte de estos abusos jamás será registrada en estas estadísticas", señaló a este diario el experto y autor Christian Parenti.
"El problema del abuso policial no es algo que sólo esté vinculado a casos de manzanas podridas, sino a una visión global en donde los policías se perciben a sí mismos como soldados y no como servidores públicos".
En los últimos 20 años, en respuesta a bandas criminales bien armadas y frecuentemente vinculadas al narcotráfico, las fuerzas policiacas de casi todas las grandes ciudades del país formaron unidades paramilitares especializadas equipadas con helicópteros, equipo de visión nocturna y armas automáticas, informa Parenti en su libro LockDown America.
Estas unidades ocupan barrios, detienen y catean de forma agresiva a cualquier persona que consideren "sospechosa", algo que frecuentemente es como sinónimo de ser negro o latino.
Eso fue lo que le ocurrió a Amadou Diallo en Nueva York. Una unidad de policía especializada buscaba, según versiones oficiales, a un sospechoso, observó al inmigrante de Guinea frente a su edificio, decidió que actuaba "sospechosamente", y cuando los agentes se aproximaron (sin uniformes), Diallo intentó entrar a su casa y volteó para sacar su cartera, los cuatro policías abrieron fuego. Dispararon 41 veces y mataron al civil desarmado, pero un jurado abosolvió a los cuatro policías este mes.
El de Diallo sólo es uno de los casos más recientes de una fuerza policiaca cada vez más militarizada en este país, lo cual, señalan los críticos, ha transformado amplias regiones de Nueva York en zonas "ocupadas". El representante neoyorquino Gregory Meeks señaló que una encuesta reciente demostró que 81 por ciento de los negros en Nueva York, junto con 73 por ciento de los latinos, perciben la brutalidad policiaca como un problema grave en su ciudad.
Reno, consciente del problema
La procuradora general, Janet Reno, reconoció el año pasado la existencia de este problema a escala nacional. "Para demasiada gente, especialmente aquellos de comunidades minoritarias, la confianza, que es esencial para una labor efectiva de policía, no existe porque los residentes creen que ésta utiliza fuerza excesiva, que la seguridad pública es demasiado agresiva, que tiene prejuicios, no respeta y es injusta", declaró Reno.
El problema, sostienen críticos como el abogado Crew, del ACLU, es que el propio Departamento de Justicia ha fallado en castigar el abuso policial.
La recientemente desintegrada División Ramparts, de la policía de Los Angeles, era una de estas unidades militarizadas especiales. Fundada a principios de los 90 con el propósito de atacar a bandas criminales vinculadas con la llamada Mafia Mexicana, esta división empezó una literal "cacería de sospechosos" vinculados al narcotráfico.
Según declaraciones a investigadores internos de la policía, los agentes en Los Angeles habían torturado, acusado falsamente y arrestado a inocentes considerados como "sospechosos" y, en varios casos documentados, mataron a residentes desarmados.
El Departamento de Justicia ya detuvo a más de 20 policías asociados con estos abusos y advirtió que deberá desechar por lo menos 100 casos criminales contra detenidos ilegalmente. Pero los críticos señalan que los abusos revelados el mes pasado son muy parecidos a los dados a conocer por una comisión que encabezó el ex canciller Warren Christopher, que estudió la mala conducta de la policía después de la golpiza a Rodney King hace casi una década.
"Es inquietante encontrar que hay asuntos de importancia real que fueron discutidos en nuestro informe de hace nueve años que siguen sin ser abordados ni resueltos plenamente hoy día", comentó Christopher a Los Angeles Times, sobre el escándalo de la División Ramparts.
El abogado y experto en el tema John Crew señala que aunque la golpiza que propinaron varios policías blancos ųy que fue videograbadaų a Rodney King provocó los peores disturbios urbanos en este país en casi un siglo, el hecho no provocó cambios reales en las prácticas policiacas. "La única ley promulgada a raíz del incidente de King fue un proyecto para incrementar la pena por amotinarse", informó Crew a La Jornada. "De hecho, después de ese incidente, el gobierno estatal aprobó una ley para hacer más difícil responsabilizar a agentes de la policía".
"Hay una cobardía política fundamental a nivel federal, estatal y local", sostuvo Crew. "Los políticos no quieren enfrentarse a los poderosos gremios policiacos y sus grupos promotores". Sin embargo, el abogado del ACLU opinó que no todo el sistema policial está violando la ley y señala que la mayoría de la policía se comporta apropiadamente la mayor parte del tiempo.
"El problema con la mala conducta policiaca no es que ocurra 90 por ciento del tiempo, sino que cuando ésta se da, el problema no es abordado", comentó Crew. "Sea el caso de Diallo o el de la policía de Los Angeles, el impacto va mucho más allá de las víctimas individuales y se manifiesta en una creciente carencia de confianza pública en el departamento de policía, en el sistema de justicia criminal y en el propio gobierno". Agregó que "la situación no ha mejorado de forma significativa y, de muchas maneras, parece que ha empeorado".
Tortura alarmante en todo el país
Los patrones de abuso son alarmantes y sorprendentemente parecidos en todo el país. Abogados que representan a varias decenas de acusados en Chicago, presentaron recientemente pruebas sobre una unidad policial que opera en la parte sur de la ciudad, documentando la golpiza rutinaria de sospechosos y el uso de tortura para extraer confesiones.
Según un reportaje de la revista Mother Jones, los abogados cuentan con declaraciones bajo juramento de varios clientes, en las que describen cómo la policía aplicaba un tipo de abrazadera a orejas, narices, bocas, penes y testículos, así como toques con bastones eléctricos en los genitales y la suspensión en el aire de personas, para obtener confesiones.
Los políticos que enfrentan este tipo de abusos arriesgan la cancha política por la policía y otros colegas. Cuando el alcalde de Louisville, Kentucky, David L. Armstrong, despidió a su jefe de policía porque había otorgado condecoraciones a dos uniformados que habían matado de 22 balazos a un negro desarmado, la respuesta fue un motín policiaco.
Aunque un gran jurado determinó que no existían suficientes pruebas para acusar a los dos policías, el alcalde opinó que los hombres no debían ser recompensados por un incidente ampliamente denunciado por la comunidad negra como un ejemplo de abuso de poder. Pero la policía protestó y los 720 integrantes del cuerpo municipal abandonaron sus labores por un día y cercaron la alcaldía en una demostración de fuerza que en otros países hubiera sido considerada como el comienzo de un golpe de Estado. Después del tenso enfrentamiento, los policías volvieron a sus puestos, pero juraron que trabajarán para remover al alcalde Armstrong.
"No creo que el tema del uso de fuerza excesiva sea una prioridad suficientemente alta ni a nivel nacional, ni a nivel de un comisionado de policía local", comentó a este diario la analista Allyson Collins de Human Rights Watch. Además del informe sobre brutalidad policiaca de 400 páginas producido por Human Rights Watch hace dos años, otro de un grupo de abogados y activistas de la comunidad negra ha publicado los nombres e historias de más de 2 mil personas asesinadas por agentes de seguridad pública en este país en los últimos 10 años.
"Hay una epidemia nacional de brutalidad policiaca en Estados Unidos", escribió la Coalición 22 de Octubre en su informe Vidas robadas, publicado a fines del año pasado. "Las víctimas son en su mayoría afroamericanos y latinos".
Al publicar los nombres, sus fotografías y las historias de los asesinados por la fuerza pública, el proyecto espera nutrir un movimiento nacional contra el abuso de la policía.
Pero críticos como Parenti dicen que será muy difícil. "Aun las comunidades que frecuentemente se quejan del abuso (practicado por la policía) también desean más opresión. La gente pobre enfrenta serios crímenes", dijo.
En entrevista con La Jornada, Parenti señaló que sólo este mes 60 por ciento de los californianos que acudió a las urnas votó a favor de una iniciativa que permitirá enjuiciar a jóvenes de 14 años en adelante como adultos y alarga las condenas para crímenes menores.
Tal vez la peor tragedia es que la gente más afectada por la violencia debe escoger entre dos opciones: aguantar más crimen o permitir que la policía actúe de forma criminal. Al mismo tiempo, la "incapacidad institucional" de Estados Unidos para resolver el problema de su policía tiene a muchos esperando con angustia el próximo caso de abuso de las fuerzas de la ley y del orden.